Restricciones en la vuelta a clases: ¿son legítimas?

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La vuelta a clases en una pandemia que aún no termina nos pone frente a la necesidad de proteger los derechos humanos y las libertades individuales sin perder de vista los derechos colectivos y la protección de la salud pública. No podemos permitir que se vuelvan a cometer los errores del pasado: los abusos de poder y la violencia institucional ejercida durante la cuarentena son suficiente advertencia de lo que pasa cuando no protegemos los derechos individuales.

Las provincias de Santa Cruz y Formosa anunciaron que exigirán el Pase Sanitario a todos sus alumnos para poder ir a la escuela. Seis universidades nacionales pedirán a sus docentes y estudiantes el esquema de vacunación completo para asistir a las aulas.

¿Qué significa esto? Que gobiernos provinciales e instituciones educativas anunciaron medidas que indefectiblemente dejarán sin acceso a la educación a todo aquel que elija no vacunarse. Esto es inaceptable. Mientras que la vacunación contra el COVID-19 no sea obligatoria en nuestro país, no pueden implementarse restricciones que violen un derecho humano fundamental como es el acceso a la educación.

Las convenciones de derechos humanos son muy claras y establecen que se les permiten a los Estados restringir derechos cuando hay una guerra o una amenaza pública. Se aclara también que estas restricciones deben ser muy breves y que si necesitan extenderse en el tiempo deben pasar por el Congreso. Cuando analizamos las restricciones que se están implementando hoy nos encontramos con gobiernos provinciales e instituciones que establecen normas que exceden sus competencias.

Durante estos dos últimos años se instaló en el consenso social la cesión por parte de la ciudadanía de sus derechos al gobierno de forma categórica. Se planteó un esquema de toma de decisiones donde el propio gobierno decidió sobre el ejercicio de derechos tan esenciales como la libre circulación, el trabajo y la educación, entre otros. Ya conocemos las consecuencias de esta “gesta”, en nombre de la salud pública se anuncian restricciones que indefectiblemente implicarán la violación de un derecho clave, en este caso, el acceso a la educación.

Este punto nos enfrenta a cuestionarnos sobre cómo vivimos nuestra democracia y qué rol le damos a los poderes públicos para establecer el orden social. Debemos trabajar desde la política y con la sociedad en su conjunto para que el Congreso sea el único que, en el marco de la Constitución, limite el ejercicio de derechos y para que las limitaciones que excedan esos límites no sean aceptadas con docilidad por parte de la ciudadanía.

Las restricciones anunciadas para la vuelta a las aulas demuestra que seguimos aceptando el control de los gobiernos sin buscar la legitimidad legal y el real fundamento científico que deben tener las decisiones de políticas públicas. ¿Qué tipo de evidencia hay que justifique la vacunación obligatoria en niños en edad escolar? ¿Qué necesidad real existe en un país en donde el 80 por ciento de su población adulta tiene el esquema completo de vacunación? Necesitamos que haya una ciencia dinámica que le dé legitimidad a las decisiones que se toman y que las restricciones que se aplican sean realmente necesarias. Hoy no hay evidencia que sostenga la exigencia de un Pase Sanitario en escuelas y universidades.

El planteo central de las restricciones de derechos debe estar centrado además en quién tiene la legitimidad legal para implementarlo. En la decisión de los gobiernos de Santa Cruz y de Formosa de exigir el Pase Sanitario a sus alumnos y la vacunación obligatoria en las seis universidades nacionales hay una clara violación de derechos. ¿Qué va a pasar cuando alumnos que no están vacunados se presenten a sus clases? ¿Se les negará la entrada? ¿Se llamará a la policía para que los retire de la institución?

Es hora de empezar a poner bajo control la violencia institucional sufrida por los argentinos en estos últimos dos años. Debemos terminar con los argumentos falaces y empezar a generar políticas públicas que busquen fomentar la responsabilidad ciudadana. Empezar por los ámbitos educativos sería sin lugar a dudas un buen primer paso.

Nota de opinión de la diputada Karina Banfi publicada en infobae.com

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