En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos que presidió Argentina y que concluyó el día 7 de octubre, nuestro país culminó su presidencia de la peor manera. Al tratarse la renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre la violación de los Derechos Humanos en Venezuela, la Delegación de nuestro país emitió su voto en abstención. 

El significado de esta decisión implica considerar que no es necesaria la intervención de la Comisión porque en Venezuela ya no se violan más los derechos humanos. Por supuesto, esta posición es consistente con la declarada “normalización de las relaciones” entre Argentina y Venezuela, enviando a un embajador como titular de la representación en Caracas y aceptando las cartas credenciales de la embajadora de Maduro en la Argentina.

El actual gobierno cursó un derrotero con rumbo errático en el tratamiento de los Derechos Humanos a nivel internacional, con diferencias notorias según el foro en en el que ha participado. Mientras que la Delegación Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, acariciaba la defensa de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, ignorando sus latrocinios cometidos con expresiones conciliadoras; en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, denostaba a ambos regímenes, aunque con retórica moderada, siguiendo los lineamientos enunciados por los respectivos informes de la ex Alta Comisionada de los Derechos Humanos Michel Bachelet. En ambos casos, los reportes relatan las atrocidades cometidas por estos dictadores: persecución de opositores, torturas, fusilamientos, desapariciones forzadas, restricciones severas a la libertad de expresión, es decir, el catálogo completo de las violaciones a los Derechos Humanos, casi sin excepciones.

Nota de opinión de Facundo Manes en Infobae