Diputado radical acusó al FDT de impedir el funcionamiento de la Justicia

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El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR Entre Ríos) cuestionó duramente la medida cautelar del Juez Daniel Alonso, del Juzgado Federal Nº2 de Paraná, que frenó la designación de nuevos miembros en el Consejo de la Magistratura por parte del Congreso Nacional.

El diputado también objetó “la intención del FdT de impedir el normal funcionamiento del Consejo que se dedica al concurso y designación de los jueces”.

Galimberti destacó que “es una medida para ganar tiempo, porque un Juez Federal es incompetente frente a lo que ordena la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un traje hecho a medida del gobierno nacional y un absurdo jurídico que pretende, a través de un juez incompetente, modificar los efectos de una sentencia emitida por el máximo tribunal nacional”.

“Llama mucho la atención el trámite express que le dio el Juez Alonso a la presentación del diputado Casaretto, ya que sólo en unas horas dictó la cautelar que ordena a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional que se abstengan de designar nuevos miembros del Consejo de la Magistratura”, destacó el diputado enterriano.

Para Galimberti, lo que solicitó el diputado Casaretto “es el primer intento por obstruir el funcionamiento del Consejo y con ello se corre riesgo que el Gobierno Nacional luego argumente que el mismo no puede funcionar porque no están designados los representantes políticos, lo cual podría dar lugar a arbitrariedades”.


“Hay que dejar de buscar jueces amigos para tratar de impedir que las instituciones del país funcionen. El kirchnerismo debería, después de 15 años, que fue el plazo que estuvo vigente la ley por ellos sancionada, dejar de intentar ganar tiempo y designar a los representantes de los bloques legislativos, cumpliendo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado el día 16 de diciembre”, remarcó Galimberti.

“Si para el viernes no hay nueva ley como ordena la Corte, se restablece la vigencia de la sancionada en 1997 y el Congreso debería nombrar sus representantes si no, corremos el riesgo de dilación que terminará afectando el funcionamiento del Consejo y la prestación del servicio de justicia independiente”, advirtió el diputado entrerriano.

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