“Hay abuso de autoridad de parte del Presidente, a través de su abogado Gregorio Dalbón, al anunciar que iniciará acciones de daños y perjuicios a un ciudadano que participa de un show televisivo”, señaló hoy la diputada nacional Karina Banfi. “Lo que están buscando en el fondo es que la ciudadanía se autocensure, que nadie dé una opinión pública sobre los actores del poder”, agregó la vicepresidenta del Bloque UCR.

“La Corte Interamericana de DDHH en el caso Kimmel (2010), pidió a la Argentina que termine con las imputaciones judiciales, tanto civiles como penales, a la expresión. Cristina Kirchner sólo acató la mitad de esta recomendación y derogó las calumnias e injurias del derecho penal. Pero el kirchnerismo dejó en el Código las acciones civiles de los funcionarios a ciudadanos. Hoy el Presidente está haciendo abuso de estas figuras, cuando debería ser él quien demuestre su honorabilidad y transparencia sin necesidad de recurrir a la Justicia, como por ejemplo a través de la vocera presidencial, que podría mostrar las declaraciones juradas del Jefe de Estado”, agregó Banfi.

“Los ciudadanos de a pie pueden decir cualquier cosa. El funcionario aludido no tiene que iniciar un juicio, sino demostrar su inocencia. Los tratados internacionales de transparencia dicen que es el funcionario el que tiene que demostrar que los presuntos agravios son falsos, no la persona que libremente se expresó”.

Banfi recordó, además, que desde 2017 viene presentando un proyecto de ley que establece: “A los efectos de solicitar el pago de la indemnización, los funcionarios públicos y las personas particulares que se hubieran involucrado voluntariamente en asuntos de interés público deberán probar la falsedad de las expresiones consideradas agraviantes. Asimismo, deberán demostrar la existencia de una intención maliciosa probando que la información fue difundida con conocimiento de su falsedad y que se hizo con el único propósito de dañar”.