La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja recibió a representantes de diversas Organizaciones que reclamaron por el fuerte ajuste en discapacidad. Pidieron que se regularicen los pagos de los centros de atención, lugares de internación y transportes.

La diputada Soledad Carrizo explicó que “más que nunca la comisión de Diputados tiene que estar abierta para escuchar las problemáticas que está pasando el sector. Problemática que tiene que ver con el ajuste en discapacidad. Esto es, entre otras cosas, las tardanzas de pago de más de seis meses tanto en transporte como prestadores. También se deben atender las desigualdades existentes entre las distintas jurisdicciones”.

“El Gobierno nacional debe entender que este sector tiene que tener prioridades y no sufrir el ajuste. Prioridades para la automaticidad de entrega de fondos, el pago de prestaciones, pago de transporte. Sino, estamos afectando el derecho a la salud y a la posibilidad de la educación para las personas con discapacidad”, dijo la legisladora.

La voz de las ONG

Predro Crespi, de la Asociación Sindrome de Down de la República Argentina (ASDRA), se refirió a la necesidad de contar con estadísticas. “Necesitamos tener un diagnóstico claro de cómo viven las personas con discapacidad”, dijo.

Por esto, pidió a los legisladores que soliciten informes al INDEC sobre cómo se va a realizar la encuesta nacional de personas con discapacidad en 2023. “No tenemos datos fehacientes de cómo viven, su situación habitacional, laboral. Nosotros hicimos una encuesta on-line. Encontramos que el 66% de los niños que no tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD) no acceden a las terapias. Que un 17% de los chicos de entre 3 y 17 años no comenzaron la escuela. 1 de cada dos adolescentes no va al secundario. El 90 % de los jóvenes no tienen formación para el empleo y cerca del 95 % de las personas con discapacidad no síndrome de down no trabajan”. dijo.

Por otra parte, Alejandra Belyin, también de ASDRA, reclamó la sanción de la Ley del Diagnóstico Humanizado, que ya tiene aprobación del Senado. Y remarcó que para muchas familias es realmente muy difícil hacer todos los trámites que implican renovar periódicamente el Certificado Único de Discapacidad. Por lo cual reclamó que los certificados sean de validez nacional y de mayor duración.

El titular de Prestadores Precarizados, Guillermo Kuhl, dijo que “es muy importante que se regularicen los pagos para empezar a destrabar el problema”. Y realizó otro reclamo: “Las provincias con las obras sociales provinciales y prepagas no pueden pagar por debajo del nomenclador de discapacidad, que está empobrecido. Y los pagos se realizan con una demora de 3 a 6 meses”.

Marcela Kriscovich, de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos, por su parte, pidió por “una inclusión real en todas las escuelas comunes, en toda la sociedad. Basta de barreras burocráticas y simbólicas. Porque la discapacidad ya es difícil pero estas barreras la hacen más difícil. Queremos un país más justo e inclusivo. La inclusión no es solamente la letra e o la letra x. Es poner lenguaje de señas, el braile, el tictograma para las personas con TEA”.

Y también remarcó que “hay un severo ajuste en discapacidad. Y el ajuste está cuando las familias tenemos que hacer amparos judiciales para que nuestros hijos tengan todas las prestaciones. Cuando las auditorías de las obras sociales recortan las sesiones que indica el médico tratante. Cuando los padres tienen que hacer amparos para un audífono o una silla de ruedas. Hoy el atraso de los haberes de los aranceles de los prestadores, hacen que peligren las prestaciones básicas para las personas con discapacidad”.

Daniel Masuzzo, también de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad Unidos, agregó que “hay una Agencia Nacional de Discapacidad que no funciona. Y no va a funcionar si no cambian el directorio”.

Participaron también, entre otros, Ana Donis y Marcelo Betti, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad; Verónica Vera, de TGD Padres TEA; Cecilia Palacio, de ALPI, centro de rehabilitación Deán Funes, Córdoba; Lucas Larocca, Vicepresidente de la Confederación Argentina de Sordos y Daniel Ramos, ONG Caidis, Chaco.

“Vamos a seguir haciendo estas reuniones todos los miércoles, sobre todo para que el Gobierno nacional traiga una urgente respuesta a estos reclamos”, remarcó Soledad Carrizo al finalizar las exposiciones.