Diego Mestre- Nota de opinión en la Nación- Ley tan necesaria como urgente

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No resulta sorprendente que el peronismo se haya unido para rechazar la ley de extinción de dominio, mecanismo para acelerar la recuperación de bienes de manos de acusados de corrupción , trata de personas y narcotráfico , entre otros crímenes que han castigado al país y retrasado gravemente el progreso. Detrás de esa actitud existe un hecho irrefutable común a todos los gobiernos peronistas recientes: los gobiernos de Néstor Cristina Kirchner , además de no haber tenido voluntad de atacar al narcotráfico y sus ramificaciones, se han destacado por un récord histórico de causas abiertas por latrocinio y defraudación, con la complicidad de empresarios prebendarios, jueces corruptos y fiscales de «propia tropa». Parece que para el peronismo, apoyar una ley de estas características significa un terrible autoflagelo.

Los diputados peronistas miembros de la Comisión Bicameral de los Decretos de Necesidad y Urgencia se blindaron contra el decreto porque a su entender, no existe «necesidad y urgencia» para implementar esta medida. Sería bueno que expliquen a los argentinos qué puede ser más urgente que recuperar no únicamente lo robado, sino la moral de todos, devaluada por la falta de condena contra quienes se han enriquecido a costa del trabajo y la confianza del pueblo.

Estos diputados deberían saber que la ley de extinción de dominio ya ha sido corroborada como una herramienta efectiva y útil en muchos lugares del mundo que han dado batalla al crimen organizado. Tenemos como ejemplo los cuantiosos bienes recuperados de las dictaduras brutales en Filipinas, Nigeria, Libia o Perú, entre otros casos. De modo que esta ley es una necesidad y es urgente. Además, la acción de extinción de dominio coexiste con un proceso penal provisto de todas las garantías constitucionales. Se le quita a un delincuente lo mal habido antes que el proceso penal termine, para destinar esos bienes a un fin social y reparar parcialmente el daño causado por los malhechores. No existe una razón válida, más que el egoísmo o la oscuridad, para oponerse a la implementación de una ley que solo significa beneficios para los argentinos de bien.

Las leyes que hemos venido integrando a nuestro sistema legislativo abogan por una Justicia más cercana, transparente, ágil y moderna. Otro ejemplo que muestra una situación similar es lo que ocurrió con la ley del arrepentido, que permitió avanzar en el proceso de numerosas causas complejas, con un entramado profundo de complicidades que involucra la alta esfera política, sindical y empresarios inescrupulosos, muchos de ellos hoy convertidos en «arrepentidos». Por supuesto, cuando se aprobó esta ley en recinto, el peronismo unido estuvo ausente. ¿Acaso nos debería sorprender?

El desarrollo de un país emergente no es un camino llano, sino más bien sinuoso, con picos, valles y obstáculos. Para mejorar ese camino, necesitamos pavimentarlo entre todos con calidad institucional y bienes públicos que ayuden a los argentinos a vivir cada vez mejor. Más que nunca, necesitamos que la Justicia funcione en su plenitud, para madurar como sociedad, comprometernos con nuestro destino de grandeza e integrarnos a un mundo que nos exige excelencia para ser competitivos.

A pesar de los traspiés y las dificultades, del contexto global turbulento y algunos indicadores recesivos, estamos transitando el rumbo con transparencia para elevar la calidad de la administración pública, después de burdas defraudaciones que erosionaron nuestro tejido social e instalaron una retórica violenta, divisoria y destructiva que debemos erradicar entre todos. En este año electoral, los argentinos tenemos la oportunidad de seguir avanzando en las reformas necesarias. Retroceder no debería ser una opción.

Nota en La Nación