Gustavo Menna- Nota de opinión en Infobae- Hay que acotar el privilegio insostenible de los fueros

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Es necesario actualizar la ley que regula los fueros para acotar ese privilegio al mínimo previsto en la Constitución, evitando su desnaturalización y su uso como una reserva de impunidad, en franco quebrantamiento, además, del principio de igualdad ante la ley.
Si bien es cierto que desde la sanción de la ley 25320 quedó definitivamente establecido que los fueros no otorgan inmunidad de proceso, es decir, que no impiden llevar adelante una causa penal contra un legislador, los casi veinte años transcurridos desde entonces y las disímiles interpretaciones que se sostienen en torno a los sucesivos casos suscitados —dos de los cuales pesan, ni más ni menos, sobre dos senadores que fueron Presidentes de la Nación— obligan a repensar la cuestión y a fijar reglas uniformes en un texto legal, evitando la proliferación de pseudo doctrinas que se estructuran en torno a criterios de conveniencia meramente política.

El pedido de desafuero opera cuando un juez ordena la privación de libertad de un legislador. Ello puede ocurrir, de menor a mayor, por tener que conducirlo por la fuerza pública a un acto procesal determinado; por haberse dictado un auto de prisión preventiva durante el curso del proceso; por haberse dictado una sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad con recursos pendientes y, en el caso más extremo, por encontrarse firme y pasada en autoridad de cosa juzgada una sentencia condenatoria.

En el primero de los casos, y en orden al criterio según el cual no existe inmunidad de proceso sino de arresto, no resulta necesario requerir el desafuero para citar a un legislador a prestar declaración indagatoria. Únicamente procede tal solicitud si el legislador no acude a la citación. Es lo que dispone la actual ley 25320.

En las restantes hipótesis, la ley vigente no ofrece pautas claras.
En lo que respecta al desafuero por prisión preventiva, la Cámara de Diputados ha hecho lugar al pedido con la sola condición de que la medida quede firme. De algún modo, y sin que ello se desprenda expresamente de la actual ley, el consenso en Diputados es que, ante una prisión preventiva convalidada en la segunda instancia, el desafuero debe ser concedido.

En cambio, la mayoría del Senado solo admite la procedencia del desafuero en caso de una sentencia condenatoria firme. En los hechos, nunca, dadas las características de los recursos extraordinarios de nuestro sistema judicial y la inexistencia de plazos para resolver en los tribunales que tratan esos recursos. El caso del ex presidente Carlos Menem, es suficientemente ilustrativo a este respecto. Resulta llamativa la doctrina por cuanto una condena es la resultante de un debate en un juicio oral y público, en el cual la parte acusadora y la defensa articulan sus argumentos y sus pruebas ante un tribunal. La mayoría del Senado sostiene que conceder el desafuero sin sentencia condenatoria firme vulnera el principio de inocencia.

Es cierto que la presunción de inocencia solo cede cuando existe una sentencia condenatoria firme. Pero también es cierto que todos los habitantes de este país, seamos o no legisladores, estamos sometidos a que, con carácter excepcional, un juez o un tribunal considere que, antes de llegar a esa instancia, una persona sometida a proceso deba ser privada de su libertad. Es lo que acontece con la ya mencionada prisión preventiva, o también, cuando, luego de una sentencia condenatoria, el tribunal considera que, más allá de existir recursos pendientes, no tenga efecto suspensivo y el condenado aguarde la revisión en la Alzada privado de su libertad. Por ejemplo, el caso del ex vicepresidente Amado Boudou luego de la sentencia del caso Ciccone.

Entonces, afirmar que solo se concede el desafuero con sentencia condenatoria firme porque de otra forma se vulnera la presunción de inocencia es crear una categoría privilegiada frente al resto de los habitantes del país. Según esta doctrina una persona común contra la cual se dicta un auto de prisión preventiva o condena penal recurrida puede ser privada de su libertad. Pero si las mismas hipótesis se verifican respecto de un legislador, solo se vería privado de su libertad con sentencia firme.

Si privar de la libertad a una persona antes de la sentencia condenatoria firme viola la presunción de inocencia, ello vale tanto para un legislador como para una persona que no lo es. Si el argumento fuera congruente, esos mismos senadores deberían derogar del Código Procesal Penal la figura de la prisión preventiva. O la posibilidad de que los condenados con sentencia recurrida esperen en prisión el resultado de su recurso.
Sin embargo, no proponen semejante cosa, lo que demuestra que invocar la garantía de la presunción de inocencia para negar un desafuero ante las mismas situaciones a las que se encuentra expuesta cualquier otra persona en el marco de un proceso penal no es más que una excusa con apariencia de juridicidad para privilegiar al poder político.

Si la prisión preventiva o la prisión luego de una condena recurrida vulneran la presunción de inocencia, entonces no deberían admitirse para nadie. Y si, por el contrario, constituye una herramienta procesal excepcional para asegurar el resultado del proceso o la sujeción del imputado, entonces todos, personas comunes y legisladores, debemos estar sometidos al mismo régimen.

Es falso el argumento que suele traerse sobre este particular, vinculado con el fallo en el cual la Corte Suprema revocó la sentencia de la Cámara Nacional Electoral que había impedido al ex presidente Menem ser candidato a senador.

El caso no versaba sobre una petición de desafuero, sino acerca de si Menem se encontraba inhibido del derecho político a ser elegido al estar condenado y con la sentencia pendiente de recurso.

La Cámara entendió que no le asistía tal derecho y la Corte interpretó lo contrario. Pero es patente que el debate no giraba en torno a los fueros sino al derecho a ser candidato, de resultas de lo cual es impropio invocar el precedente para resolver la cuestión del desafuero.

Frente a todo ello, hemos presentado un proyecto de ley con el acompañamiento de los diputados y diputadas Matzen, Terada, Ricci, BazzeDel CerroPastori y Arce, por el cual se proponen las siguientes reglas para hacer el sistema uniforme, previsible y ajeno a los vaivenes político-partidarios: a) Prisión preventiva: procede el desafuero ante la confirmación de segunda instancia y el legislador queda suspendido en sus funciones mientras dure la medida; b) Sentencia condenatoria recurrida en la cual el Tribunal solicita el desafuero por disponer que el condenado aguarde el resultado de los recursos privados de la libertad: procede el desafuero y el legislador queda suspendido en sus funciones mientras dure la medida o se revoque la sentencia; c) Sentencia condenatoria firme: procede el desafuero y además la remoción del legislador, debiendo el cuerpo tomar juramento al suplente que sigue en la lista.

Además, y siempre en orden a acotar el privilegio a lo que constituye su sentido constitucional de garantizar el libre funcionamiento del Congreso, consideramos que las medidas de prueba que disponga el juez no se encuentren sometidas a autorización legislativa.

Por eso proponemos dejar sin efecto las disposiciones de la ley actual que obligan al juez de la causa a pedir la conformidad de la Cámara de Diputados o el Senado para ordenar el allanamiento de inmuebles de un legislador o interceptar sus comunicaciones o correspondencia.

Tales autorizaciones no tienen fundamento en la Constitución, resultan un privilegio insostenible y desvirtúan el sentido y la eficacia de medidas de prueba que solo pueden tener éxito si se efectúan sin advertencia previa.
El autor es diputado nacional por Chubut.

 

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