Gustavo Menna- Presentó un proyecto para que Rawson sea sede alternativa del INIDEP

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El diputado nacional por Chubut Gustavo Menna (UCR-Juntos por el Cambio) presentó en el Congreso de la Nación un proyecto para promover a Rawson como sede alterna del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), y ratificar por ley a Puerto Madryn como delegación del citado organismo.

El tema había sido uno de los puntos en la agenda del encuentro que mantuvieron la semana pasada el legislador con el intendente capitalino, Damián Biss. Acompañaron la iniciativa los diputados Ignacio Torres (Pro de Chubut), Roxana Reyes (UCR de Santa Cruz), Lorena Matzen (UCR de Río Negro), Claudia Najul (UCR de Mendoza) y Héctor Stefani (Pro de Tierra del Fuego).

El legislador ya había anticipado que “venimos conversando el tema con Damián (Biss), y creemos que es una medida que colaborará en la jerarquización de la región como eje de una actividad que es central en nuestro esquema productivo”.

Entre los fundamentos del proyecto, se destaca que el eje de la actividad pesquera se ha corrido a la Patagonia. En efecto, casi el 68% del total que exporta la República Argentina en materia pesquera proviene de provincias patagónicas. Y dentro de ellas, Chubut es la primera.

También en lo que hace a capturas y desembarques la Patagonia –en especial la Austral- se ha transformado en el escenario principal de desenvolvimiento de la actividad. En este sentido, Menna agregó que “para ilustrar esta cuestión,  baste señalar que el 75% de las exportaciones corresponde a langostinos y crustáceos; de este número, el 71% del total nacional de desembarques de langostinos en 2019 se hizo en puertos chubutenses.

“Sin embargo, la atención presupuestaria, decisional y de investigación del Estado federal no está puesta en donde se desenvuelve la parte más relevante de la actividad pesquera, en donde están ubicados los puertos en que tienen lugar la mayor parte de los desembarques y la zona desde donde se consolidan el grueso de las exportaciones, es decir la Patagonia”, reprochó Menna.

Remarcó también que “no han habido políticas públicas nacionales que reconozcan y acompañen el crecimiento de la actividad en la región patagónica y el desempeño del sector; en especial en materia de infraestructura y consolidación de un eje de investigación y desarrollo, a excepción de las inversiones llevadas a cabo por el entonces Ministerio de Transporte entre 2016 y 2019”.

Sobre el INIDEP

Los fundamentos del proyecto hacen hincapié en que el INIDEP cumple una función clave en la administración del recurso pesquero, dado que es el encargado de proveer información precisa y calificada en lo concerniente al volumen, ubicación y desarrollo del recurso ictícola existente en el Mar Argentino, como así también contar con elementos de juicio para el control de la sustentabilidad de las actividades de pesca.

La sede del organismo está en Mar del Plata, y en 2015 se dispuso la creación de delegaciones en las ciudades de Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia. Sobre fines de 2019, se dispuso la supresión de las mismas, lo que motivó que el propio Menna se dirigiese al Poder Ejecutivo a través de un proyecto de Declaración presentado el 29 de octubre de 2019 solicitando la revisión de la medida (Expte. n° 4.913-D-19).

“Creemos que no solo deben mantenerse, potenciarse y conferírsele estatus legal a las delegaciones instituidas por resolución, sino que además debe instituirse una sede alterna a la que hoy funciona en la ciudad de Mar del Plata, articulando además el funcionamiento de todas ellas bajo la forma de un consejo consultivo que de manera colegiada asista en sus decisiones a la dirección del organismo” argumentó Menna, y agregó que “partiendo de la base de que las delegaciones creadas en 2015 ya contemplaron ciudades de asiento, la sede alterna debe estar ubicada en otra ciudad y para ello nada más adecuado que la ciudad de Rawson”.

Actividad legislativa

En otro orden, Menna ingresó otros dos proyectos en la Cámara. El primero de ellos, solicitando al Ejecutivo nacional la constitución y convocatoria de la comisión establecida en la Ley de Emergencia, encargada de analizar y proponer una nueva fórmula de actualización trimestral de las jubilaciones. “La ley 27.541 declaró, entre otras, la emergencia previsional y suspendió por el término de ciento ochenta días la aplicación de la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios prevista en el artículo 32 de la ley 24.241, dejando de ese modo a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones despojados del derecho a que sus beneficios se incrementen trimestralmente. Es patente que la eventual necesidad de revisar o modificar la fórmula consagrada legalmente no constituye un motivo para suspender su aplicación mientras se realiza el análisis de su adecuación. Por el contrario, es evidente que la revisión de la fórmula se articuló como una excusa para disimular su la suspensión durante ciento ochenta días, evitando las dos instancias de actualización que debían operar en el primer semestre de 2020”, fundamentó.

El otro proyecto es un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que informe aspectos relacionados a la implementación del plan “Argentina contra el Hambre” en Chubut. Entre la información solicitada, se destacan las fechas y metodología de implementación y distribución de las tarjetas Alimentar y prestaciones para comedores escolares, merenderos y comedores comunitarios; cantidad de tarjetas Alimentar asignadas a Chubut; comercios habilitados para la venta mediante la tarjeta Alimentar en la provincia; organismos gubernamentales y no gubernamentales encargados de la distribución de las prestaciones alimentarias en situaciones críticas y/o de emergencia. Sobre este proyecto, Menna comentó que “mientras que en otras provincias ya comenzó la distribución, en Chubut hace casi un mes que se viene anunciando la entrega de las tarjetas Alimentar, pero no se ha informado ninguna fecha cierta para el inicio del cronograma ni una nómina de los beneficiarios. Teniendo en cuenta la multiplicidad de actores intervinientes y  entendiendo que el objeto del mismo demanda una ejecución urgente, resulta sustancial conocer los tiempos y criterios a aplicar en cada provincia y municipio por parte de todos los interesados”.