Mario Negri – Este proyecto supera ampliamente a la emergencia de 2002, creemos que buscan desguazar al congreso a través de una enorme delegación de facultades

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“Junto a nuestros equipos de asesores, tanto de Diputados como de Senado de los interbloques de “Juntos por el Cambio”, hemos estado analizando el proyecto que ingresó esta mañana a la Cámara de Diputados. En primer lugar, apreciamos que detrás de un título grandilocuente se esconde la declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social que conlleva una delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo que supera ampliamente a la que se dispuso en la ley de Emergencia de 2002”, señaló Negri. “Nos sorprende semejante delegación de facultades porque no estamos atravesando una crisis como la que se inició en 2001. Observamos, con preocupación, que quieren llevarse facultades hasta prácticamente desguazar al Congreso. Además, advertimos que, en muchos casos, las pretendidas cesiones de algunas facultades establecidas en el proyecto de ley son rayanas con la inconstitucionalidad”.

“Estamos en condiciones de decir que los grandes perjudicados de la norma enviada por Alberto Fernández son los jubilados, pese a que dijeron que eran los principales beneficiarios. Suspender la fórmula que establece la manera de calcular la movilidad previsional por seis meses no garantiza que los jubilados vayan a mejorar su situación con respecto a la ley de movilidad que se sancionó en 2017 en este Congreso”, agregó Negri.

“También observamos que la pretendida intervención de los órganos reguladores de los servicios públicos, como Enargas o ENRE, es un gran retroceso. Después de muchos años, durante la última administración, se logró nombrar a sus directivos a través de concursos públicos de oposición y antecedentes. Este proyecto de ley está abriendo la puerta nuevamente a la discrecionalidad”, añadió. 

“Las facultades que pide el Ejecutivo en el artículo 85 para rediseñar los organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional –en total 70 – supera a las facultades de la Ley Dromi del menemismo; nos parece una exorbitancia”.

“Durante esta tarde, continuaremos analizando el proyecto de ley para llegar mañana a la reunión de comisiones con una posición firme sobre cada uno de los artículos. No puedo dejar de manifestar mi preocupación porque en las conversaciones informales con los jefes de la bancada oficialista nos habían asegurado que el proyecto no contenía súper-poderes ni delegación de facultades y ha ocurrido exactamente al revés. La gente votó equilibrio de poder y el Gobierno, lamentablemente, está buscando una concentración de poder”, finalizó el jefe del interbloque Juntos por el Cambio.