Nuestros diputados en los medios nacionales #Síntesis801

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POLÍTICA

RECHAZAN LAS ESPECULACIONES SOBRE LA CANDIDATURA DE MACRI

El senador nacional y presidente del Consejo Nacional de Pro, Humberto Schiavoni, confirmó que “Mauricio Macri es el candidato a presidente por Cambiemos” y pidió terminar con las especulaciones que sostienen lo contrario.

Asimismo, no descartó ni confirmó que el candidato a vicepresidente pueda ser el gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo.

“No especulemos más”, sostuvo Schiavoni en una entrevista que publicó ayer el diario Ámbito Financiero: “Es naturalmente Macri el candidato a presidente. De eso no hay duda alguna; en tanto Horacio Rodríguez Larreta será candidato a jefe de gobierno porteño y María Eugenia Vidal irá por un segundo mandato en provincia de Buenos Aires”.

Schiavoni participó ayer, junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y un núcleo estrecho de colaboradores, de una reunión de la mesa chica de Pro, la primera del año, en la cual se habló de las elecciones que se avecinan, en las que el partido gobernante buscará la reelección en algunas provincias.

El titular de Pro también confirmó que el gobernador Gerardo Morales buscará reelegir en Jujuy, y se lamentó porque Cornejo “no puede ir por un nuevo mandato en Mendoza porque la Constitución provincial se lo impide”, aunque no descartó que sea ese el nombre el que acompañe en la fórmula al actual presidente.

“No está definido. Cornejo es el presidente nacional de la UCR. El radicalismo tiene su propia dinámica. Debemos ser respetuosos de eso y de sus propios tiempos. Como presidente nacional de Pro no escuché definición alguna sobre el candidato a vicepresidente”, sostuvo el titular de la fuerza macrista.

Schiavoni también consideró que Cambiemos “no ha sido refractario en la incorporación de dirigentes, sobre todo de origen peronista”, y adelantó algunos nombres que podrían formar parte de las distintas boletas provinciales.

Candidaturas

Entre ellos mencionó que “Claudio Poggi, que fue candidato a senador, buscará la gobernación en San Luis”; lo mismo sucede con “Gustavo Sáenz, que fue candidato a vicepresidente por el Frente Renovador y muy probablemente sea candidato a gobernador en Salta”.

También mencionó al “intendente de la capital de La Rioja, Alberto Paredes Urquiza, que será otro de los candidatos a gobernador, entre otros”.

En tanto, el vicegobernador de Buenos Aires, Daniel Salvador, planteó ayer que más allá de las especulaciones si la provincia desdobla o no sus elecciones respecto de las nacionales, hay otros temas electorales importantes como “el establecimiento de la boleta única”, lo cual, de concretarse, constituiría “un avance” en varios sentidos.

“Es importante estudiar el desdoblamiento (de las elecciones), pero también hay temas muy importantes para estudiar, como el establecimiento de la boleta única”, sostuvo el funcionario en declaraciones a Télam. Y argumentó: “Ojalá se pudiera concretar ese mecanismo, sería un avance ya que ahorra costos, garantiza que tengan alternativas en todos los lugares, fortalece el desarrollo electoral y da más garantías”.

La declaración significa un giro de Salvador, quien el 22 de noviembre del año pasado rechazó la implementación de cambiar las reglas electorales. “No estoy de acuerdo en adelantar las elecciones. Tienen que regir las mismas reglas que la elección anterior. Deberían mantenerse las PASO y las elecciones simultáneas”, dijo el vicegobernador de Vidal en una entrevista con LA NACION.

LA NACIÓN /

JUICIO POR YPF: CREEN QUE LA OPINIÓN DE LA CASA BLANCA TENDRÁ UNA INFLUENCIA “LIMITADA”

La historia, a veces, se repite. Como si se tratara de un déjà vujudicial, el futuro de otra demanda multimillonaria contra la Argentina quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Antes había ocurrido con el juicio de los fondos buitre. Ahora, con la demanda por la estatización de YPF Como aquella vez, en Washington creen que la opinión del gobierno de Donald Trump sobre el caso tendrá influencia en la decisión que tome el tribunal.

El máximo tribunal de Estados Unidos le pidió la opinión al procurador general, Noel Francisco, el abogado de la Casa Blanca ante la Corte, sobre la demanda por YPF antes de decidir si el caso debe ser tratado en un tribunal de Estados Unidos, como quieren los demandantes, o de la Argentina, como busca el gobierno nacional.

“En última instancia, los tribunales decidirán el caso según los méritos legales. La opinión de la Casa Blanca tendrá una influencia limitada, aunque sea difícil de creer para muchos argentinos dada la historia de influencia política sobre los jueces argentinos”, señaló Benjamin Gedan, director del Argentina Project en el Centro Woodrow Wilson.

En 2014, durante el gobierno de Barack Obama, el entonces procurador general, Donald Verrilli, ofreció una encendida defensa a favor de la postura de la Argentina ante el máximo tribunal en la larga batalla judicial con los fondos buitre liderados por NML, de Elliot Management, la empresa insignia del magnate de Wall Street Paul Singer. Pese al respaldo del gobierno de Obama -y de una ola de informes amicus curiae a favor de la Argentina-, la Corte decidió por una mayoría abrumadora a favor de los fondos: 7 a 1. Luego vino el default “técnico”, y, con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, la negociación y el fin de la cesación de pagos.

Para la elaboración de su informe, es probable que Francisco pida informes de varias áreas de la administración Trump, quizá del Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el propio Departamento de Justicia. El gobierno argentino buscará ejercer su influencia y explotar la fluida relación entre Macri y Trump para obtener un informe que sea lo más cercano a la defensa argentina. La embajada argentina en Washington desplegará, seguramente, horas de gestión para cumplir con los fines de la Casa Rosada.

Pero, aun con un informe que cuadre con los deseos del gobierno de Macri, la decisión en última instancia dependerá de los nueve jueces de la Corte Suprema. El tribunal ha quebrado su equilibrio ideológico tras los nombramientos por parte de Trump de los jueces Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch. Ahora tiene un nuevo perfil, con cinco magistrados “conservadores” y cuatro “progresistas”.

Así y todo, la ideología de los jueces no parece que vaya a ser un factor central en la decisión sobre una disputa que se inició con la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de estatizar YPF y la forma en la cual la ejecutó.

LA NACIÓN / CLARÍN /

LA CORTE DE EE.UU. LE PIDIÓ OPINIÓN AL GOBIERNO DE DONALD TRUMP EN EL JUICIO CONTRA ARGENTINA POR YPF

El máximo tribunal quiere conocer lo que dice el jefe de los abogados de la Casa Blanca. Un fondo buitre demanda US$ 3.000 millones.

En una buena noticia para el Gobierno, la Corte Suprema de los Estados Unidos pidió este lunes la opinión a la administración de Donald Trump para decidir si el juicio por la expropiación de YPF realizada en 2012 durante el kirchnerismo, por unos 3.000 millones de dólares, debe continuar en la justicia estadounidense y no en los tribunales argentinos, como pretendía el Ejecutivo.

La Corte publicó el fallo del caso que no trata la cuestión de fondo sino un tema de jurisdicción. El Tribunal debe decidir si la demanda de un fondo buitre por la estatización de la petrolera debe continuar su proceso en Estados Unidos o trasladarse a Buenos Aires, como reclama en Gobierno, que busca llevar el juicio a la Argentina para resolver a través de la justicia local la demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y la capacidad de entablar el juicio.

La Corte optó hoy por un tercer camino: pedir a un “solicitor general”, (abogado general) del gobierno de Donald Trump, que emita su opinión sobre el tema antes de decidir sobre el caso. Si bien la opinión de EE.UU. no es vinculante, se estima que será favorable dada la buena sintonía que mantiene la administración estadounidense con el gobierno de Mauricio Macri. Además, desde la Procuraduría ven como positivo que no le haya impuesto un plazo a Estados Unidos para presentar este escrito.

Según dijeron fuentes oficiales a Clarín, la decisión demuestra la importancia del caso, porque si no, hubieran rechazado la causa de plano. Además, resaltan que la Corte “rara vez hace esta convocatoria” al gobierno estadounidense y que, en general, la opinión del “solicitor” es tenida en cuenta especialmente por el máximo tribunal.

Sin embargo, en 2014 el Tribunal pidió opinión a la administración de Barack Obama sobre los fondos buitre y, a pesar de que fue favorable al Gobierno, la Corte rechazó el pedido argentino.

Desde el Gobierno señalan también que “es una mala noticia para los demandantes”, ya que esperaban un rechazo del máximo tribunal para seguir avanzando con el litigio en Estados Unidos. “Es un paso que deja a la Argentina mejor posicionada” para que su recurso sea aceptado en la Corte y el caso vaya a los tribunales argentinos, señalaron.

Cuando tenga la opinión de Estados Unidos en la mano, la Corte decidirá finalmente la jurisdicción. En el escrito que presentó la Argentina, ya habían opinado a favor México y Chile, además de varios juristas estadounidenses de prestigio.

El tema de la jurisdicción ya había recibido dos fallos adversos en instancias inferiores de Nueva York y el Gobierno apeló entonces al máximo tribunal estadounidense. La Argentina argumenta que los tribunales estadounidenses no tienen competencia para tratar la demanda porque la expropiación de YPF es un acto de un Estado soberano por lo que debería ser tratada por tribunales locales.

Los abogados de Burford-Petersen exponen, por el contrario, que durante el gobierno kirchnerista Argentina quebró el contrato al expropiar el 51% de la petrolera y no haber extendido la oferta a los socios minoritarios (el país le pagó a Repsol, que tenía la mayoría, por la nacionalización). Dicen que el tema es de derecho comercial y debe ser juzgado en Estados Unidos, donde se emitieron las acciones.

Fuentes de YPF destacaron a Clarín que “sólo un 1% de los recursos que son elevados a la Corte son abiertos a consideración. La decisión que se ha conocido hoy, si bien no define la apertura del recurso, puede considerarse como una señal auspiciosa de interés en el caso”.

Creen que “si bien esta decisión no reviste ninguna consecuencia directa para YPF en lo inmediato, el foco de la empresa estará puesto en la prosecución de todas las instancias judiciales” y se volcarán a resolver rápidamente a resolver el tema de la competencia que, según entienden, no es de la justicia de EE.UU sino de la Argentina.

CLARÍN / ÁMBITO FINANCIERO / LA NACIÓN /

LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD DIVIDE POSTURAS EN EL CONGRESO

El Gobierno confirmó ayer su intención de impulsar cambios en el Código Penal para bajar a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves e instaló, en un Congreso cerrado por el receso estival y en el inicio de un año electoral, un tema que siempre fue un parteaguas entre oficialismo y oposición.

De hecho, el Senado aprobó durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, en 2009, un régimen penal juvenil para menores de entre 14 y 16 años. Sin embargo, aquel proyecto nunca salió de la Cámara de Diputados por la resistencia del propio kirchnerismo, que jugaron así a contramano de la postura de los senadores, que habían apoyado la iniciativa.

Ahora, la anunciada propuesta de la administración de Mauricio Macri vuelve a dividir opiniones entre los que creen necesario adecuar la legislación y que consideran que ayudará a combatir la inseguridad y aquellos que la ven como una medida punitiva impulsada por el Gobierno como el inicio de su campaña electoral y para distraer la atención de otros problemas, como la situación económica.

“Es un tema que siempre estuvo en la agenda del Gobierno, no sé por qué se demoró tanto”, afirmó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital), en diálogo con LA NACIÓN, mostrando su respaldo a la iniciativa.

En la misma línea se manifestó el diputado Luis Petri (UCR-Mendoza). “Tenemos un régimen de responsabilidad penal juvenil que data de 1980 y que es necesario reformularlo”, afirmó. El mendocino también avaló la creación de una cámara judicial especializada en delitos graves cometidos por menores, que también propondría el Gobierno, al afirmar que es necesario “establecer jueces especializados” en la materia.

Las voces a favor no sólo se escucharon en el oficialismo. El presidente del bloque de diputados del peronismo no kirchnerista, Pablo Kosiner (Salta-Alternativa Federal), consideró “importante debatir un nuevo sistema penal juvenil”. “La responsabilidad penal de los menores es un tema que debemos modernizar, no podemos seguir con un sistema totalmente obsoleto”, afirmó.

Sin embargo, Kosiner mostró su discordancia sobre la oportunidad de la propuesta. “El tema de seguridad no es lo ideal tratarlo en un año electoral”, aseguró el salteño en declaraciones radiales, tras lo cual destacó que el de la seguridad es una cuestión que “está al tope de la expectativas de los argentinos”, por lo que, concluyó, “año electoral o no, hay que discutirlo”.

Otro opositor a favor de la baja de edad de imputabilidad es el líder del bloque peronista del Senado, Miguel Pichetto (Río Negro). De hecho, el senador protagonizó en el verano del año pasado una promocionada reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, en el que se habló del tema.

No obstante, y como lo hiciera en 2009 cuando la Cámara alta aprobó el proyecto que finalmente fracasó en Diputados, Pichetto apuesta por la sanción de un régimen penal juvenil integral.

El resto del arco opositor, y en particular el kirchnerismo, se manifestó en contra de la propuesta que impulsará el Gobierno, tal cual lo confirmó ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,

Marketing

La diputada Nilda Garré (FPV-Buenos Aires) calificó de “marketinera” la propuesta del Gobierno.

“Se quiere sobredimensionar el problema de la inseguridad; esto no es negar que existe, es grave y hay que darle solución; pero no se resuelve con medidas efectistas ni marketineras”, aseguró la ex ministra de Defensa, quien consideró la iniciativa como parte del “proceso de bolsonarización del discurso” del Gobierno, en alusión al flamante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

También se manifestó en contra el diputado Felipe Solá (Red por Argentina-Buenos Aires), quien consideró que un gobierno que impulsa la baja de edad de imputabilidad “pierde autoridad moral para hablar de la adolescencia”, al tiempo que deja de lado su responsabilidad sobre la educación de ese sector etario de la sociedad.

“El Gobierno sabe que ha aumentado la inseguridad de una manera importante, pero no se publican los datos de muertes violentas por cada 100 mil habitantes por año, que es la forma estándar en el mundo de medir la inseguridad”, se quejó el diputado filokirchnerista.

Desde el mismo espacio, el diputado Leonardo Grosso criticó la visión punitiva, en vez de apostar por la prevención, que en materia de seguridad tiene el Poder Ejecutivo. “La política de Macri y Bullrich es meterlos presos antes que preocuparse por su alimentación y porque tengan una niñez digna”, sentenció el legislador que integra el Movimiento Evita.

Por último, desde la izquierda se vinculó la propuesta con una derechización del Gobierno de cara a las elecciones presidenciales de este año.

“Es el lanzamiento de una campaña electoral a lo Bolsonaro”, aseguró el ex diputado Néstor Pitrola, quien relacionó la iniciativa con “la introducción de las armas Taser y la medida de la deportación de mil extranjeros”. En LA NACIÓN (Últimas Noticias) se menciona al diputado nacional, Luis Petri.

LA NACIÓN /

GOBIERNO ARRIESGA CARTA DE SEGURIDAD EN CONGRESO

Tras la imposibilidad de presentar resultados económicos o de “unión de los argentinos”, Mauricio Macri habilitó la carta de seguridad para iniciar la campaña 2019, pero el anuncio del envío al Congreso de un proyecto para analizar la baja de imputabilidad en menores -de 16 a 15 años- para delitos graves pone en riesgo uno de los pocos pilares en los que Cambiemos no patinó desde que inició su gestión. Vía Patricia Bullrich, también se reflotó que el Gobierno trabaja en un programa para agilizar la deportación de extranjeros que cometan delitos en la Argentina.

Para el caso de una eventual convocatoria a extraordinarias en febrero próximo, oficialismo y oposición ya habían dejado en claro, en diciembre pasado, el único objetivo real del primer trimestre de 2019: la sanción de una ley de financiamiento político para que las empresas privadas puedan aportar fondos. Las resistencias externas y propias -Elisa Carrió para el último caso- frenaron el proyecto semanas atrás.

Más allá de esa situación, los principales jerarcas de Diputados y Senado confían en un acuerdo con gobernadores como última instancia para avanzar con la ley. Si no, el financiamiento de la campaña volverá a ser un papelón y con seguridad finalizará con denuncias graves, como por ejemplo, la del año pasado contra el oficialismo que lidera María Eugenia Vidal en Buenos Aires.

Diciembre de 2018 dejó ese tema a metros de la pista de baile. Quien sí chocó de frente en plena danza fue la ley para combatir a los violentos del fútbol. Tras insólitas operaciones que partieron por fuera del Congreso, personas cercanas al jefe de Gabinete, Marcos Peña, lograron el freno del proyecto y, en especial, la posibilidad de separar del deporte a la política y al sindicalismo, tal como adelantó Ámbito Financiero. También la oposición peronista ayudó al desconcierto y, tras la votación en general, apareció el adherente de Cambiemos Martín Lousteau para pedir el regreso del texto a comisión.

Dos personas quedaron en soledad ese diciembre en Diputados: Bullrich y la legisladora radical Gabriela Burgos, titular de la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja. La segunda, quien tuvo que ceder en demasía a la oposición durante el debate de la ley antibarras -le lavaron el proyecto-, ya analiza el borrador de régimen penal juvenil que le envió Casa Rosada. Es decir que deberá sortear este tema y, casi al mismo tiempo, dar una respuesta por el escándalo de los violentos que abrazan al fútbol.

Otro obstáculo que aparece para el oficialismo es el ya repetitivo anuncio del Gobierno en cuanto a la reforma del Código Penal que Macri convertiría en realidad el 1 de marzo próximo, durante la Asamblea Legislativa de apertura de sesiones ordinarias. A esa altura, varios distritos tendrán internas electorales e incluso comicios a punto de ebullición.

Lo que sí pudo demostrar Bullrich es que el alejamiento del Congreso de cualquier tema relacionado con su ministerio significó menos tiempo de discursos y disputas sin contenido y mayor acción. De allí los resultados que puede ofrecer su cartera, más allá de la continuidad de una grave situación de inseguridad que arrastra la Argentina desde hace décadas, con peligrosos focos de narcotráfico y de asesinatos descontrolados en varios distritos.

Revolear la carta de la seguridad hacia el Congreso puede recrear un camino sin salida que ya atravesaron, en la era Macri, las truncadas reformas electoral -Boleta Única Electrónica- y laboral -pese al entusiasmo de Dante Sica-, la extinción de dominio -para recuperar bienes de la corrupción y el narcotráfico- e incluso sociales, como la despenalización del aborto hasta la semana 14.

El problema entre estos temas y la seguridad es que la segunda cuestión aparece como una de las preocupaciones principales en cualquier encuesta relativamente seria. Un fracaso para avanzar con una ley en un Congreso sin mayorías podría convertirse en un nuevo golpe para Macri en plena campaña electoral.

También preocupa en el oficialismo la “bolsonarización” de la discusión, ya que fomentaría una grieta aún más extensa que la política entre los propios oficialistas y también con la oposición. Sobre esta teoría nadan Peña, Jaime Durán Barba y sus cuentas sobre posibles votantes de Cambiemos ante un eventual balotaje. En ÁMBITO FINANCIERO se menciona a la diputada nacional, Gabriela Burgos.

ÁMBITO FINANCIERO /

SEGURIDAD EN CAMPAÑA: EL GOBIERNO ADVIERTE QUE LA DEPORTACIÓN DE MIL EXTRANJEROS “ES UNA PRIMERA PARTE DE UN PROGRAMA MÁS EXTENSO”

Decidido a avanzar con varias iniciativas para combatir la inseguridad y con la intención de plantear de lleno el debate durante la campaña electoral, el Gobierno confirmó que, tal como anticipó Clarín, confeccionó una lista de 1000 extranjeros que podrían ser expulsados,  aunque advirtió que forma parte de “un programa más extenso”, que incluye la creación de un fuero migratorio que acelere los procesos de deportación y de una fuerza especializada que se encargue de la búsqueda de los inmigrantes.

No fue casual que el Gobierno pusiera al frente del tema a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien días atrás había sido la encargada de explicar los pormenores de la implementación de las pistolas Taser. “Ya hay un listado de personas. Es una primera parte de un programa más extenso que será enviado al Congreso. Pero esto (la deportación de 1000 extranjeros) se va a hacer con la legislación existente”, contó.

La funcionaria aclaró que se trata de una movida que lidera su par de Interior, Rogelio Frigerio, pero que desde su cartera prestará el apoyo para la creación de una unidad especial de búsqueda de “retenidos”, bajo la órbita de la Policía Federal, similar al grupo que se encarga de rastrear a aquellas personas que tienen pedido de captura. La idea es formalizar su creación en los próximos días para que se encargue de ubicar y expulsar a los extranjeros que incluya en un listado online la Dirección Nacional de Migraciones.

“En este caso no es que están prófugos, sino que se los llama ‘retenidos’, por su condición de ilegalidad o de haber sido expulsados por un juez”, expuso en diálogo con radio Mitre. La idea es agilizar los procesos que, según la ministra, “en algunos casos han demorado años”.

Bullrich negó que se trate de una medida con tintes xenófobos, como plantean algunos sectores de la oposición; y explicó que “el objetivo es que todo el que se radique en la Argentina lo haga para sentar su familia, sus bases, y no para venir a delinquir”. En ese sentido, advirtió que “en el último tiempo, sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de detenidos. Esto se reproduce también en tema motochorros”. Según datos oficiales, en la Ciudad de Buenos Aires, la incidencia de los extranjeros en el delito creció en 2018: en 2017 era del 13 por ciento, mientras que el año pasado subió al 17%.

Respecto al proyecto que enviará el Ejecutivo al Congreso, Bullrich avaló la información que dio este diario al afirmar que “la idea es crear “una Cámara”. “El problema que hay es que primero hay un proceso administrativo y luego un proceso judicial. La idea es que pueda ser un trámite más expedito, más rápido”, explicó.

El combo de reformas en cuestiones migratorias se cierra con el plan de remodelación de los 14 centros de fronteras más transitados del país que ordenó para este año el secretario de Interior, Sebastián García de Luca, para mejorar y agilizar los controles.

Envalentonada con la buena recepción que, según admiten en el Gobierno, tienen estas medidas en las encuestas, Bullrich se refirió a los otros dos temas que impuso en la agenda el oficialismo: la implementación de las Taser y la intención de bajar a 15 años la edad de imputabilidad.

Sobre este último tema, Bullrich sostuvo que “lo que hace es avalar un poco lo que fue la teoría de (Rudolph) Giuliani”, el ex alcalde de Nueva York que impuso tolerancia cero ante el delito.

“Es que algo muy importante que va a cambiar radicalmente las condiciones de seguridad a futuro. Es la creación de un régimen socioeducativo, que hace que un menor que comete un delito, no importa la edad que tenga, sea de 8 o de 15 años, entre en un régimen de resarcimiento y entendimiento de la conducta gravosa que le generó a la sociedad y a su familia: el objetivo es trabajar para impedir que ese joven siga y avance en la carrera delictual”, planteó.

No obstante, concedió que por el momento el número de jóvenes en conflicto con la Justicia es “manejable”: precisó que un “7% de los delitos son cometidos por menores de 16 años”. En cuanto a las Taser, Bullrich salió al cruce de quienes se oponen a la implementación porque pueden ser usadas como “elementos de tortura”. “¿Qué prefiere el que critica, que ese policía tenga un arma de fuego como única capacidad de defensa o prefiere un arma sin capacidad letal que permita resolver el problema en ese momento?”, replicó.

CLARÍN /

INICIATIVAS DEL GOBIERNO: PARA FUNCIONARIO DE JUSTICIA ES “UNA DEUDA DE LA DEMOCRACIA” UN NUEVO RÉGIMEN PENAL JUVENIL

El subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Benítez, consideró hoy que la reforma impulsada por el Ejecutivo para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil es “una deuda que tiene la democracia argentina”.

El funcionario del ministro de Justicia German Garavano, en declaraciones a radio Continental, señaló que el Gobierno propuso “crear un sistema de responsabilidad penal juvenil donde el eje central es tener una justicia especializada, con gente capacitada y una formación adecuada para atender esta problemática”.

Por otra parte, Benítez reclamó a los jueces que aceleren los juicios por corrupción contra más de 100 ex funcionarios K. “Necesitamos que las causas lleguen a juicio oral para que haya sentencias“, dijo Benítez en referencia a una primicia de Clarín del domingo sobre ese número récord de procesados.

“Reunimos experiencias de las provincias y de la región, de cómo abordan la problemática del delito juvenil y qué respuestas le dan a ésta”, indicó el funcionario del Ministerio de Justicia, y recordó que se conformó “una comisión redactora integrada también por Unicef”.

“Lo que tiene de virtuoso” el nuevo abordaje, “es que la víctima también puede participar”, sostuvo Benítez, y recordó que la inclusión de ésta durante los procesos penales es “el paradigma central de trabajo, y lo hemos logrado incorporar en buena parte de las reformas” que se hicieron en la materia.

El abogado explicó también que “debe haber una respuesta del Estado que le devuelva a ese menor la posibilidad de ser productivo para la sociedad, y que atienda las necesidades de ese menor, ya sea de adicciones, vulnerabilidad o cuestiones socioeducativas. La mirada de la problemática es amplia e integral”.

“Para lograr que se le dé el abordaje adecuado es necesaria esa reforma, para lograr cortar con ese círculo vicioso de inicio de carrera delictiva a muy corta edad, y que va subiendo hasta que (la persona) es mayor y comete un delito grave, porque no tuvo respuesta por parte del Estado”, aseveró Benítez.

Y agregó: “Hay muchos adultos que utilizan a menores para la comisión de delitos, por eso en la reforma del Código Penal se prevén agravantes para quienes lo hacen: es una conducta reprochable que merece el aumento de penas, eso es una realidad”:

CLARÍN /

EL PRESIDENTE VISITA EL CALAFATE Y LLEVA LA POLARIZACIÓN A LAS PUERTAS DE CRISTINA

La superpolarización entre el macrismo y el kirchnerismo quedará expuesta como nunca antes. Es que Mauricio Macri se prepara para realizar una visita especial. Salvo que suceda algún imprevisto de última hora, el Presidente aterrizará el martes próximo en El Calafate, el “lugar en el mundo” de su archirrival, la ex presidenta Cristina Kirchner.

Será la primera visita del Presidente a la provincia patagónica, gobernada desde 1991 por el kirchnerismo. Macri podría visitar los avances en las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, antes llamadas Kirchner y Cepernic, las dos obras más importantes en Santa Cruz y emblemas de la década pasada. Aún no está confirmada la presencia de la gobernadora Alicia Kirchner.

Aunque el tono del discurso se mantiene en reserva, se espera que el Presidente aproveche la oportunidad para volver a mostrar las diferencias con su antecesora en materia de transparencia. El jefe del Estado, como hace unos días desde Bariloche, volverá a confrontar con la ex mandataria sobre la corrupción.

En la Casa Rosada ya dan como un hecho que Cristina Kirchner será la principal rival en los comicios de octubre y con el correr de los meses se acentuará la inevitable polarización. Hoy, según describieron fuentes oficiales, no hay otro precandidato con posibilidades de meterse en la pelea.

Según las encuestas que circulan por la Casa de Gobierno, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey o Roberto Lavagna no logran romper el umbral de un dígito, muy lejos de los números que hoy ostentan Macri y Cristina Kirchner.

La ex presidenta, en tanto, juega al misterio. Recluida, construye poder. Como adelantó LA NACIÓN, la senadora de Unidad Ciudadana concentra su actividad en el Instituto Patria. Las últimas novedades fueron que amplió el abanico de dirigentes con los que se reúne y difunde las reuniones.

Por el alto nivel de aceptación de ambos, el enfrentamiento con la expresidenta es “inevitable”, según consideraron cerca de Macri.

En los próximos días viajará una avanzada de Presidencia para seleccionar los lugares en los que estará el Presidente. Cerca de Macri esperan que el kirchnerismo movilice militantes para dar un marco de rechazo al jefe del Estado.

Pero la gira de Macri por el sur no se agotará en El Calafate. El Presidente también visitará Tierra del Fuego, donde pasará la noche, y Chubut; luego viajará a Brasil, donde se reunirá con el presidente de ese país, Jair Bolsonaro.

Primero, Macri aterrizará en el Aeropuerto Malvinas Argentinas, de la ciudad de Ushuaia, donde será recibido por el vicegobernador de Tierra del Fuego, Juan Arcando, quien se encuentra a cargo del Ejecutivo provincial. Ahí recorrería las obras que se desarrollan en esa capital austral y que son financiadas por el gobierno nacional. Será también su primera vez en esa provincia desde que asumió la presidencia. Así, Macri será el primer presidente en visitar todo el país.

Después, hará una rápida visita a Santa Cruz. Y, finalmente, viajará a Puerto Madryn, donde recorrerá las obras ejecutadas en los muelles almirante Segundo Storni, que es la principal base de operaciones del mercado exportador regional, y Luis Piedrabuena, donde atracan los cruceros turísticos, además de ser un espacio público de recreación y esparcimiento.

Así, tras 25 días fuera de la ciudad de Buenos Aires, el Presidente regresará a la Casa Rosada para encarar su último año de gestión y con el desafío de lograr la reelección.

LA NACIÓN /

NUEVO RÉGIMEN JUVENIL: GRADUAL Y CON CÁRCEL COMO ÚLTIMO RECURSO Ámbito Financiero accedió al borrador que presentará el gobierno al Congreso:

Tras anunciar que será uno de los ejes que pondrá en debate en un año electoral, el Gobierno finalizó (en 2018) el borrador del proyecto de ley que presentará ahora en el Congreso para crear un nuevo Régimen Penal Juvenil, con múltiples excepciones a la cárcel. A la baja de edad de imputabilidad en los 15 años, el texto final al que accedió Ámbito Financiero, como novedad, contempla que sean tribunales especializados los que se encarguen de definir los procesos penales y el control de la pena para adolescentes entre los 15 y los 18, a partir de un programa de capacitación para el Poder Judicial y de una implementación progresiva. Aun aprobado, su aplicación no será inmediata. Además, pone como meta que los procesos (que no serán públicos) duren menos de 3 años desde la conformación del expediente judicial, sin contar los recursos extraordinarios. Y conmina a jueces y a fiscales a que den prioridad a estos casos bajo sanción de mal desempeño de sus funciones.

“La privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable y por el plazo más breve posible”, prescribe el anteproyecto sobre las prisiones a menores, ya sea preventivas, como para quienes (con 15 años) cometan delitos de hasta 15 años de prisión o de 16 a 18 que participen en hechos reprimidos con penas de hasta 10 años. Inclusive la tentativa a cometerlo. Y será sólo imponible cuando las otras sanciones no apliquen o hayan fracasado. Entre sus postulados afirma que “la finalidad principal del sistema penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social” y que “se tendrá en cuenta el interés superior del adolescente” en todo el proceso.

Sus chances de prosperar en la discusión legislativa no han despertado gran entusiasmo en los operadores judiciales: su diseño original se empantanó cuando la comisión de Código Penal no llegó a un acuerdo por la baja de la edad. Sin embargo, la carta para enviarla al Congreso responde a la agenda que el Poder Ejecutivo se planteó, sin necesidad de que se arribe a un consenso en un tema espinoso. Consta de 16 capítulos, 100 artículos y 1 anexo, donde se detallan las funciones de la “comisión de implementación” que capacitará a los agentes judiciales de todos los estamentos del Poder Judicial y los Ministerios Públicos de todas las jurisdicciones. Incluye “diagnóstico” de los recursos existentes y de un “protocolo de actuación” para que funcione el sistema. También deberá fijar el mecanismo de articulación con los órganos de protección a la niñez.

Nuevas “cárceles”

El encarcelamiento de adolescentes se prevé en dependencias “habilitadas y acondicionadas para tal fin, que estarán bajo dirección de personal civil”, lo que indica que se excluirá al Servicio Penitenciario de esa función. No podrán ser confinados en lugares donde se desempeñen fuerzas de seguridad o haya mayores detenidos. En su articulado menciona que una vez detenido, deberá comparecer en un máximo de 24 horas al juzgado y que tendrá “derecho a ser escuchado” en cualquier etapa del proceso y conservará su “privacidad” y la de su familia en todo el proceso, lo que asegura anonimato en el trámite. Ninguna actuación será de acceso público y todos los datos serán de acceso restringido, sin excepción para impedir su identificación, bajo impedimento legal.

Alternativas

La prisión podrá tener particularidades según el artículo 44: domiciliaria (con tobillera), durante los fines de semana (máximo 48 horas sin que entorpezca trabajo o colegio), en un centro abierto (incluye Plan Individualizado de monitoreo), o en los centros especializados de detención (con algo similar a salidas transitorias de resocialización). No existirá la prisión perpetua. Y habrá atenuantes como la “inmadurez intelectual o afectiva” para comprender la criminalidad de los actos o su comportamiento posterior para intentar reparar el daño.

“El fiscal podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal respecto de un adolescente, excepto cuando el delito que se le atribuyere tuviere prevista una pena máxima superior a los 10 años de prisión”, indica el artículo 15 sobre el “criterio de oportunidad” para que se descarten casos. Sin embargo, si se cerrara, se le deberá dar información a la víctima sobre los motivos que lo fundamentan. Como todos, el proceso podrá caducar por prescripción, pero también por “acuerdos de mediación” o “suspensión a prueba”. Prescribirá a los 5 años, o a los 2 en casos de que sean excarcelables, o si se dispone la incorporación a “programas comunitarios”. La víctima deberá consentir que el adolescente acceda a un proceso de “mediación penal” antes de que se dicte sentencia. Lo mismo que los “acuerdos restaurativos”.

Otras sanciones

El texto incorpora también las “sanciones socioeducativas” que son: “asesoramiento, orientación o supervisión de un equipo interdisciplinario; asistencia a programas educativos; de formación ciudadana; de capacitación laboral; deportivos, recreativos o culturales; asistencia a servicios de salud; tratamiento médico o psicológico”. Las sanciones disciplinarias incluyen “amonestación” (reto de un juez); prohibición de conducir vehículos (no más de 5 años); resarcimiento del daño (económica); limitación de residencia (mudanza o permanencia en un barrio); derecho de admisión o de relaciones (no más de 3 años); “abstención” de drogas o alcohol (menos de 3 años); y prestación de servicios comunitarios.

Para el apartado de prisión preventiva, el proyecto asegura que tendrá plazo máximo de un año (prorrogable por uno más) y deberá ser revisada cada 3 meses, con participación de la víctima cada vez que la defensa intente la excarcelación. Será operativa bajo los criterios habituales: peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Adaptación

La tarea para las distintas jurisdicciones que adopten el nuevo régimen penal juvenil será la de conformar equipos interdisciplinarios integrados por al menos 3 profesionales entre pedagogos, psicólogos, médicos, trabajadores sociales (este último imprescindible). Diseñarán el plan individual para cada sancionado. Uno de ellos será designado por el juez como “supervisor” del adolescente en conflicto con la ley y deberá acompañarlo, podrá sugerir modificaciones a la pena, elaborará informes periódicos y resolver cuestiones de adicciones o de salud. Cada individuo tendrá su legajo personal y el registro de antecedentes quedará bajo la órbita del Registro Nacional de Reincidencia, de manera confidencial. No servirán de antecedente cuando haya cumplido la mayoría de edad. También habrá tarea para los jueces de ejecución de la pena que deberán “visitar” cada 3 meses los centros de detención con evaluación periódica del cumplimiento de la pena y la evolución del adolescente. Si hubo incumplimiento de la sanción se, le podrá dictar una más grave. Se le dará margen también para inspecciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y otros organismos de derechos humanos. En su artículo 74 se regulan los centros de detención, quedando “prohibida” dentro de ellos la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad y la portación de armas, salvo motín. El personal recibirá capacitación especial y será requisito la separación de módulos por temas de salud, grado de delito cometido, franja etárea y diversidad sexual. Deberán contar con aulas para continuar la enseñanza primaria y secundaria. Si cumplen la mayoría de edad antes de finalizar la pena, deberán ser alojados en establecimientos especiales, no en una cárcel común.

Por último, también se refiere a los fondos necesarios: surgirán del Presupuesto anual y se deberán asignar partidas apenas se promulgue. La adscripción a este régimen para la Ciudad y las provincias no será obstáculo para su vigencia y los distritos deberán adecuar sus tribunales a la nueva modalidad, lo mismo que las leyes procesales locales. Las carteras de Justicia, Desarrollo Social y Educación y Deportes serán las encargadas de su implementación si la ley llega a aprobarse.

ÁMBITO FINANCIERO /

CAMBIEMOS – LA PAMPA: CARLOS MAC ALLISTER VS. EL APARATO RADICAL, LA INTERNA QUE ABRE EL AÑO ELECTORAL

La disputa de la UCR y el PRO por la Gobernación, el 17 de febrero, inaugura el calendario. El PJ, que gobierna desde 1983, va con lista única y sin primarias.

Con matices propios en una provincia que lleva 35 años de gobiernos peronistas, la interna de Cambiemos será la batalla que se repite en muchos distritos: la UCR con presencia territorial y el PRO canalizando el respaldo de Mauricio Macri.

En La Pampa se iniciará el 17 de febrero el calendario electoral con internas abiertas, no obligatorias. De tal modo que como el PJ va con fórmula única (encabezada por el diputado Sergio Ziliotto), sólo Cambiemos pasará por las urnas para dirimir sus candidaturas locales entre las fuerzas de mayor envergadura. Podrán votar afiliados e independientes.

El precandidato radical a gobernador Daniel Kroneberger es el menos conocido: enfrentará a Carlos Mac Allister, del PRO. Kroneberger fue intendente 10 años (entre 1995 y 2005) en Colonia Barón, un pueblo de 2.800 habitantes. Luego fue electo tres veces diputado nacional.

El “Colorado” Mac Allister saltó a la política en 2013 respaldado por su fama de ex jugador de Boca y el año pasado renunció a la Secretaría de Deportes, que intentó utilizar de trampolín para desalojar al PJ en la provincia.

El candidato radical quedó en carrera después que se bajaran otros dos correligionarios más conocidos y tal vez con más votos (pero ambos ya derrotados para la Gobernación), el senador Juan Carlos Marino (quien afronta una denuncia por acoso sexual en el Congreso) y el ex intendente de Santa Rosa, Francisco Torroba.

Tiene un andar campechano. y eligió, para iniciar su campaña, pueblos del interior donde los votos se suman por goteo, pero a veces definen elección parejas.

En la fórmula lo acompaña Luis Evangelista, un contador clave en sanear las finanzas de Santa Rosa. Y ponerla a salvo del torniquete que aplica el PJ cuando no hay un intendente del palo. Con su voto por legalizar el aborto en la mochila, Kroneberger arenga a las mujeres, sin levantar el perfil para no espantar a los sectores antiabortistas. Mac Allister representa la imagen del Gobierno nacional. No tiene como estandarte el discurso anticorrupción, a pesar de que otros dirigentes del PRO comenzaron a ponerlo en primera línea. Desafía al gobernador Carlos Verna (quien no será candidato) a la hora de confrontar las quejas contra las políticas nacionales, pero mantiene un tono respetuoso y amable: es que tiene un ojo en el voto peronista. Pero también alistó a un hombre de origen radical, Juan Carlos Passo, quien dejó este año el GEN de Margarita Stolbizer para armar una fuerza provincial. El ex futbolista descargó su crítica con la postura confrontativa de Verna: “Es el doctor no”. Ahora defendió la política de recorte de los subsidios: “La Pampa recibe 26 millones de pesos y la caída de los subsidios son 100 millones de pesos. Cuando la Nación transfiere fondos a las provincias, es para solucionar los problemas de los vecinos”.

Con el MID dentro de aliado, Mac Allister remarca el perfil desarrollista de su oferta y habla de “industrialzación”. El diputado macrista Martín Maquieyra, candidato a intendente de General Pico, le pone palabras a una convicción: “Tenemos que acompañar al ‘Colo’, porque es el único que le puede ganar al peronismo en mayo”. Apunta a las elecciones perdidas por la UCR ante el PJ pampeano en los últimos 35 años por la Gobernación. En Cambiemos confían en una elección transparente. Mientras que para Kroneberger crecen las chances si logra movilizar al afiliado radical (un padrón de 15 mil militantes, aseguran en el partido), Mac Allister debe entusiasmar al independiente para aspirar a un triunfo.

Pero en el PRO miran con desconfianza que el PJ de Verna pueda meter la cola en contra. “El oficialismo tiene llegada con un sector independiente que pueden movilizarlo, porque saben que es Mac Allister el que puede romper el voto peronista en las generales”, dicen en el macrismo. Un dato: en la elección de 2017, Cambiemos ganó en Pico, un bastión del peronismo. Otro motivo para las ilusión del tándem que responde a la Rosada es la división y fugas en el peronismo: van con fórmulas propias los ex ministros de Verna Juan Carlos Tierno y Rubén Ojuez. En CLARÍN se menciona al diputado nacional, Daniel Kroneberger.

EL VICE DE VIDAL AHORA APRUEBA DESDOBLAR 
El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, cambió de opinión ayer sobre el eventual desdoblamiento de los comicios de la provincia, al tiempo que insistió que hay otros temas electorales importantes como “el establecimiento de la boleta única”, lo cual, de concretarse, constituiría “un avance” en varios sentidos.
“Es importante estudiar el desdoblamiento (de las elecciones) pero también hay temas muy importantes para estudiar, como el establecimiento de la boleta única”, sostuvo el funcionario en declaraciones a Télam.
“Ojalá se pudiera concretar ese mecanismo, sería un avance ya que ahorra costos, garantiza que tengan alternativas en todos los lugares, fortalece el desarrollo electoral y da más garantías”, argumentó el radical.
Consultado sobre la tarea que desarrolla la comisión bicameral que analiza la factibilidad de desdoblar las elecciones bonaerenses, dijo que “es positivo que haya un debate abierto en el ámbito de la Legislatura, en el que participan todas las voces que expresan los distintos espacios políticos”.
El pasado noviembre, Salvador le había cerrado la puerta a la posibilidad de adelantar los comicios provinciales, cuando se debatía entonces que no hubiera primarias, como solicitaban los intendentes del PRO. “Mi postura personal es que deberían mantener las PASO y las elecciones simultáneas. Estoy convencido que hace a la calidad institucional”, dijo por aquellos días. En el medio, para el oficialismo pasó de ser un candidato a repetir la boleta este año a quedar en duda quién acompañará a Vidal de vice.

EL CRONISTA / LA NACIÓN /

OPOSICIÓN: POR EL “RIESGO DE DESDOBLAMIENTO”, EL PJ BONAERENSE APURA UNA CUMBRE PARA DISCUTIR LA TÁCTICA Y LOS CANDIDATOS

En la era del Whatsapp, el peronismo asambleario discute por escrito. Todo o casi todo. Casi cuarenta intendentes de la provincia integran un grupo de esa aplicación donde cruzan mensajes y, a veces, algún reproche.

Pero ciertos asuntos requieren del cara y cara. Por eso, a las corridas, Fernando Gray, el jefe del PJ bonaerense, armó este lunes un encuentro con alcaldes del conurbano para discutir un menú de cuestiones.

En las oficinas porteñas de un centro de estudios se juntó un póker peronista: además de Gray, estuvieron Juan Zabaleta (Hurlingham), Leo Nardini (Malvinas Argentinas), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Mariano Cascallares (Almirante Brown). Hubo consultas cruzadas con otros dirigentes.

Había una agenda prearmada, pero la velocidad que tomó la discusión sobre el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses y las nacionales que promueve María Eugenia Vidal, sumado al plan de incorporar la “boleta única de papel”, forzó al PJ a acelerar los tiempos de definiciones.

Con un calendario hipotético de elecciones en junio, el cierre de listas sería en marzo. Es decir: dentro de 40 días.

Los alcaldes resolvieron, corridos por la urgencia, convocar a una reunión ampliada del Consejo del PJ bonaerense para el sábado 26 de enero en el Parido de la Costa. Además de los consejeros, se invitará a los 50 alcaldes peronistas de la Provincia.

No hay certezas sobre si, finalmente, Vidal convencerá a Mauricio Macri -sobre todo a Marcos Peña- para que consienta que se despegue la elección de la provincia de la presidencial pero, por las dudas, el PJ quiere estar preparado.

El cronograma electoral, si se eliminan las PASO y se fija la fecha de la general para junio -en el dibujo ideal del PRO debería ser antes del 22, fecha de cierre de listas de las presidenciales- se acelera y acorta los tiempos.

“Hay que discutir cómo nos paramos y definir cómo vamos a resolver las candidaturas si no hay primarias”, confió a Clarín uno de los intendentes que participó.

En general, las PASO sirvieron para ordenar a la oposición. Si Vidal las suprime o suspende, le saca al peronismo el mecanismo para ordenar sus interna

“Si no hay PASO ¿cómo revolvemos al candidato a intendente en La Plata?” se pregunta un operador del PJ en referencia a un territorio particularmente áspero, con varios candidatos -Florencia Saintout, Victoria Tolosa Paz, Luis Arias, Guillermo Escudero, Federico Martelli, José Ramón Arteaga- pero con un criterio que se replica en los distritos donde el PJ es oposición.

En la cumbre de fin de enero en el partido de la Costa se abordará esa agenda y habrá, según confiaron varios alcaldes a Clarín, planteos para que se apuren los movimientos de los candidatos provinciales.

En paralelo, se acordó mantener activo el reclamo por los últimos tarifazos, frente a los que se decidió una estrategia judicial. “Como todavía no se formalizaron los aumentos, no podemos presentar amparos”, se explicó.

El resto de la hoja de ruta es el siguiente: a principios de enero, consejeros del PJ se reunirán en Mar del Plata con rectores de las universidades nacionales de la provincia, uno de los sectores a los que Gray quiere darle protagonismo.

Para fin de febrero, entonces, se preagendó el Congreso partidario bonaerense donde el PJ resolverá su esquema de alianzas y acuerdos electorales para el 2019.

CLARÍN / LA NACIÓN /

SOLÁ: “LA IDEA DE DESDOBLAR REVELA MIEDO” 
El diputado Felipe Solá consideró que la intención de realizar la elección de la provincia de Buenos Aires en fecha distinta a la nacional “es una muestra de miedo” por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal y de Cambiemos en general.
“Revela miedo de Vidal y de Cambiemos en general de ir a una elección con Macri de candidato”, manifestó Solá en declaraciones formuladas esta mañana a radio AM530.
La Comisión Bicameral que analiza un posible desdoblamiento de los comicios municipales en la provincia de Buenos Aires se reunió la semana pasada por primera vez en Mar del Plata, sin la participación de representantes del PJ bonaerense, que rechazaron cambios en el cronograma electoral. Diputados y senadores bonaerenses mantuvieron el primer encuentro del grupo, que se realizó en el Centro Cultural Victoria Ocampo, en la ciudad balnearia, con el objetivo de estudiar una reforma electoral para el distrito.
En tal sentido Solá aseguró que la ley impide el desdoblamiento y que establece la obligación de realizar las elecciones provinciales conjuntamente con la nacional.
“La obligación de que la provincia vaya a elecciones el mismo día que la Nación fue incluido en la ley hace unos años, lo tienen que hacer juntas por ley”, indicó.
“Antes era una decisión libre del gobernador, tenía un lapso en el que podía elegir la fecha y podía desvincularse de la Nación. Pero después fue incluido en la ley electoral y para modificarla necesita dos tercios de las Cámaras”, agregó.

BAE /

MIENTRAS LA CORTE DE EE.UU. DECIDE SOBRE UN FONDO BUITRE – EL JUEZ RECIBE UN PERITAJE CLAVE Y AVANZA EN LA CAUSA POR EL VACIAMIENTO DE YPF-REPSOL

El juez federal Ariel Lijo espera recibir el mes que viene el peritaje contable clave sobre cómo y cuánto se abonó la participación accionaria del grupo Petersen en YPF-Repsol y la polémica indemnización pagada a los españoles tras la reestatización de la empresa estatal por parte de Cristina Kirchner en el 2012, revelaron a Clarín fuentes judiciales. Lijo, quien está de feria hasta el lunes, tiene previsto recibir esas y otras pruebas en la causa que la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, denunció en el 2008 y fue ampliando en forma sucesiva durante varios años de lo que considera fue el “vaciamiento” de YPF-Repsol a través del control indirecto de Néstor Kirchner” de la entonces empresas privada.

Si el peritaje confirma que el ingreso del Grupo Petersen de la familia Eskenazi fue ilegal y significó, como denuncia Carrió, el pago de sobornos y el freno de las inversiones para buscar gas y petróleo en la Argentina, el juez llamaría a indagatoria a los entonces responsables de la operación en el gobierno de Néstor y las empresas privadas, según fuentes judiciales.

La diputada quiere también que se confirme si la operación se hizo con el respaldo de los 650 millones de dólares de los fondos de Santa Cruz, que Néstor nunca explicó en qué fueron gastados y como denunció el financista Aldo Ducler antes de morir.

El mismo criterio de llamar a indagatorias, aplicará el magistrado sobre la indemnización millonaria pagada por el gobierno de Cristina Kirchner a los españoles pero antes quiere ver los resultados de los peritajes.

La ONG Contadores Forenses, que dirige Alfredo Popritkin, dijo que entre el 2008 y el 2010 YPF-Repsol pagó en dividendos “5.000 millones de dólares. En estos ejercicios, los pagos realizados en exceso por sobre las ganancias, es decir, por sobre el tope legal, ascendieron a 7.000 millones de pesos, aproximadamente 1.700 millones de dólares, lo que constituiría una defraudación”.

Carrió negó que Cristina haya querido “recuperar la soberanía energética” con esa reestatización. “La verdad es que reestatizó YPF-Repsol porque no se puso de acuerdo con Antonio Brufau sobre el precio de venta. En pocas palabras, el español ponía un precio alto y ella uno bajo”, dijo Carrió en una entrevista publicada en el libro “El Mecanismo”. “YPF-Repsol valía, luego del vaciamiento, solo unos 5 mil millones de dólares y no 10 mil millones como todos los argentinos terminamos pagando gracias al arreglo que hizo Kicillof como ministro de Economía”, agregó. Por esta operación, Brufau fue elegido el empresario del año en España.

Ante el congreso, Kicillof, como ministro de Economía dijo que Repsol, que había pagado “13.158 millones de dólares para adquirir YPF, hacia 2012 había retirado en dividendos 16.000 millones”. Si a eso se agregan las posteriores ventas de paquetes accionarios, en unos años el grupo no solo recuperó el pago inicial, sino que «ganó, además, 9.000 millones de dólares”. En contra de su posición original de no pagar, meses más tarde Kicillof hizo un giro de 180 grados y dijo al Congreso que, por el 51% de las acciones expropiadas, el Estado emitiría bonos por 6.000 millones de dólares y debería pagar otros 5.000 millones en concepto de intereses hasta 2033 para pagarle a Repsol, que amenazaba con juicios en tribunales internacionales.

En noviembre Lijo había aceptado a la actual conducción de YPF y a la titular de la OA, Laura Alonso, como querellantes en la causa contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, y los ex directivos de Repsol de España y del Grupo Eskenazi, entre otros. Casualmente ahora que parece que está causa va a avanzar, Repsol se retiró ayer de la bolsa de Buenos Aires.

Por lo pronto, el juez solicitó al directorio encabezado por Miguel Angel Gutiérrez que “designe a los peritos especialistas que deberán intervenir en el peritaje interdisciplinario llevado a cabo actualmente por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO)”. Este es el peritaje que el juez Lijo espera en febrero.

Además, “deberán informar acerca de las investigaciones internas y denuncias que se encuentren en curso relacionadas con la materia de esta causa, iniciadas con anterioridad o como resultado de la implementación de programas de integridad”. En la causa, explicó el magistrado se investiga “el supuesto vaciamiento de la empresa por parte de su directorio a través de decisiones empresariales relacionadas con la política de distribución de dividendos, la exploración y explotación de hidrocarburos, el pago de honorarios a los miembros del directorio, irregularidades en la toma y comunicación de las decisiones corporativas” entre 2008 y el 2012. Además, se investiga si se cometieron delitos en el pago “de las indemnizaciones distintos miembros del Directorio y a la empresa española Repsol”, luego de la polémica expropiación que hizo Cristina Kirchner en 2012 a libro cerrado.

Mientras tanto, el juez espera que a fines de noviembre los peritos de DAJUDECO le entreguen “la parte contable “de un extenso peritaje que pidió sobre YPF-Repsol lo que le permitiría avanzar sobre los imputados, informaron las fuentes.

En un cambio de posición, la actual conducción de YPF se presentó en noviembre como querellante en la causa. Casi dos años y medio tardó el debate interno en el gobierno de Cambiemos para pasar de una posición de prescindencia a la de querellante que escondió una sorda puja con Carrió.

El sábado 13 de octubre del año pasado, en el programa de TV de Mirtha Legrand, Carrió había revelado que “el gobierno se presentó como querellante” en la causa que hizo en el 2008 ante el juez Lijo, que es un tema política y económicamente sensible para el estado argentino. Carrió está molesta con el actual directorio de YPF porque echó a “Gustavo Gutiérrez, quien quería investigar las cuentas bancarias de Repsol y del Grupo Eskenazi”. Se trata del ex diputado por Mendoza que la ayudó a investigar y escribir el informe sobre el lavado de dinero, en particular del caso del ex banco República de Raúl Monetta.  Carrió incluso había amenazado con denunciar por encubrimiento a la actual conducción de YPF, si no aceptaba investigar también la trazabilidad de los giros con las ganancias de YPF-Repsol en la era K. Carrió afirmó, en varias entrevistas, que “los Eskenazi” fueron los “testaferros” de los Kirchner. Por su parte, en varias oportunidades, el Grupo Petersen de la familia Eskenazi, afirmó que su ingreso en el 2008 a YPF-Repsol “fue totalmente transparente” y refrendado por la Bolsa de Comercio local, de Estados Unidos y de España, entre otros países.

Sin embargo, Gustavo Gutiérrez dijo que él tuvo que renunciar porque “el resto del directorio se negó” a darle un equipo para investigar “dónde fueron las ganancias de Repsol, de los Eskenazi y el rol de Roberto Baratta como representante de los gobiernos de Néstor y Cristina” en la empresa.

CLARÍN /

HABILITAN A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD A HACER ESCUCHAS POR NARCOTRÁFICO Y SECUESTROS

La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó locutorios para escuchas telefónicas on line en la sede de la Policía Federal y se encamina a hacer lo mismo con la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) para intervenir solo en casos de narcotráfico y otros delitos graves. La medida sobre este tema, sensible políticamente por la historia negra del espionaje político en la democracia argentina, se conoce mientras el Gobierno decidió usar la lucha contra las drogas como una de las banderas de la campaña electoral de este año.

Las escuchas se hacían, hasta ahora, solo desde 28 boxes que funcionan en la sede de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco, ex OJOTA) ubicada en la avenida Los Incas 3834.

Pero las fuerzas de seguridad ante el incremento de las causas contra el narcotráfico, secuestros, desapariciones, prófugos y otros delitos graves pidieron tener boxes en sus propias sedes para poder intervenir en forma más rápida.

Actualmente, la Dajudeco mantiene unas 5000 líneas telefónicas intervenidas por orden de jueces federales y provinciales. De éstas, “unas 300 necesitan de un escucha on line por la gravedad de los casos”, explicaron fuentes judiciales a Clarín. Cuando no hay urgencia, el equipo de la Dajudeco graba y luego manda las grabaciones al juez, pero es distinto cuando se trata de un delito en que está en juego la vida de una persona u otro elemento de gravedad.

Además, como hasta ahora es muy difícil para los jueces de las provincias conseguir una intervención telefónica por los pocos recursos disponibles en el interior, la Dajudeco impulsa estos acuerdos con las fuerzas de seguridad federales. Entonces, con los locutorios de las fuerzas de seguridad “se federalizará esta herramienta para todos los jueces”.

El proceso comenzó con la instalación y funcionamiento de once boxes en el departamento central de la Policía Federal que “fue un éxito” y ahora se extenderá a las otras fuerzas cuando la Corte lo autorice.

La creación de los locutorios se hizo “siguiendo un estricto protocolo y siempre bajo al orden de un juez”, precisaron las fuentes judiciales. Por ejemplo, la Gendarmería pasó de intervenir en 600 a 1000 casos de narcotráfico y sus investigadores necesitan “pinchar”, en promedio, 50 teléfonos por día.

La habilitación de un cable de fibra óptica desde la sede de la avenida Los Incas hasta esos locutorios en el departamento central de la Policía Federal “se hizo bajo una serie de normas” y el control de la Dajudeco que supervisa el miembro de la cámara federal porteña, Martín Irurzun, y su secretario letrado y candidato a juez federal de Lomas de Zamora Juan Rodríguez Ponte. Los boxes son auditados por la Dajudeco semanalmente en forma presencial.

Sin embargo, la intervención de un teléfono debe ser “pedida por un juez, quien debe especificar a qué fuerza delega la tarea y el nombre de los efectivos que tendrán acceso a las escuchas en un estricto marco de confidencialidad”, entre otras medidas de seguridad. Además, para entrar a los boxes hay un control biométrico y registros de aquellos que estén autorizados a escuchar o desgrabar las cintas.

La Dajudeco es la dependencia creada por la Corte y que por decreto del presidente Mauricio Macri heredó las escuchas judiciales que históricamente habían estado en manos de los servicios de inteligencia en la llamada oficina OJOTA. En distintas etapas desde que se restauró la democracia, la OJOTA fue usada para escuchar ilegalmente a opositores y periodistas críticos, entre otros. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, el juez federal Sebastián Casanello confirmó que fueron interferidos teléfonos de diputados opositores y periodistas en una causa aún abierta. A fines del 2014, luego de apoyarse en el polémico jefe del Ejército y director de Inteligencia del arma, general César Milani, Cristina descabezó la SIDE e hizo echar al director de Operaciones Antonio Stiuso, acusado de haber sido supuestamente autor de algunas de esas operaciones.

Luego del crimen del fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, la ex presidenta Cristina Kirchner, en un acto más simbólico que efectivo, pasó la OJOTA de la SIDE a manos de la entonces Procuradora General de la Nación y militante K, Alejandra Gils Carbó. Cuando Macri asumió pasó las instalaciones de la OJOTA a la Corte porque desconfiaba de Gils Carbó.

A su vez, el año pasado la Dajudeco había sido criticada por abogados kirchneristas por la filtración de las escuchas a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex titular de la SIDE Oscar Parrilli en la causa por la protección política al traficante de efedrina Iban Pérez Corradi.

Sin embargo, el gobierno, la Corte y sectores del peronismo acordaron mantener la oficina en la órbita de la Justicia y darle un marco normativo más preciso a través de un proyecto de ley en el que trabajan los senadores justicialistas Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey.

En ese contexto, el año pasado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich sostuvo que las fuerzas de seguridad nacionales tienen en curso unas siete mil investigaciones “en las cuales se necesitan interceptar comunicaciones, y en todas ellas las fuerzas federales coordinan con la Dirección en el marco de los protocolos y la ley”. “Las operaciones que llevamos a cabo día a día serían imposibles sin el profesionalismo de todas las partes involucradas en la inteligencia criminal”, remarcó Bullrich. La inteligencia criminal depende de cada fuerza de seguridad y no tiene relación de dependencia con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, la ex SIDE).

La Gendarmería por su despliegue en todo el país donde tiene 665 bases fijas o móviles es una de las más requeridas por los jueces provinciales. El incremento del narcotráfico la obliga a extenderse. Por ejemplo, en 1985 la Gendarmería secuestraba 9 kilos de cocaína y el año pasado secuestró 12 mil kilos, recordó el director antidrogas de la GN, comandante Raúl Contreras.

El incremento de la acción de las fuerzas de seguridad tiene, también, su correlato en el plano judicial. El juez federal Sergio Torres tramitaba el año pasado 642 causas en su juzgado. En un informe, alertó que “existen una gran variedad de investigaciones, que su complejidad y voluminosidad conlleva la necesidad de asignación de recursos humanos y materiales específicos para su seguimiento exclusivo, incluso espacios físicos propios” en los juzgados.

CLARÍN /  

DURO REPROCHE A FRANCISCO: VEINTE EX PRESIDENTES CRITICAN AL PAPA POR SU MENSAJE DE NAVIDAD SOBRE VENEZUELA Y NICARAGUA

Son ex mandatarios latinoamericanos. Le reprochan haber llamado a la “concordia” y la “reconciliación” en países gobernados por regímenes que conculcan derechos fundamentales.  

Veinte ex presidentes latinoamericanos enviaron una carta al papa Francisco en la que critican el mensaje en la última Navidad del pontífice en el que pidió, desde los balcones del Palacio Apostólico del Vaticano ante miles de fieles en Plaza San Pedro, que reinara la “concordia” en Venezuela y que Nicaragua llegue finalmente a la “reconciliación”.

El texto de la carta, que fue encabezada por el dos veces presidente de Costa Rica (1986-90 y 2006-2010) y ex Nobel de la Paz (1987) Oscar Arias, e impulsada por Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), fue publicada por el sitio online de El Nacional, el principal diario de Venezuela.

En rechazo al llamado del Pontífice, los firmantes subrayan que los venezolanos son “víctimas de la opresión de una narco-dictadura militarizada, que no tiene reparos en conculcar de manera sistemática los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal”. Al mismo tiempo, recuerdan que el régimen sandinista ha reprimido protestas populares en Nicaragua a un precio de casi 300 muertos.

Aunque no lo expresan abiertamente, el tono velado del reproche global al Papa apunta a una supuesta ineficacia vaticana en liderar el rechazo al gobierno chavista, eje de casi toda la misiva firmada, entre otros, por el argentino Fernando de la Rúa, el uruguayo Luis La Calle, el chileno Eduardo Frei, los colombianos Andres Pastrana y Alvaro Uribe, y los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox.

En su alocución Urbi et Orbi del 25 de diciembre pasado, el Papa Francisco había afirmado que Venezuela “encuentre de nuevo la concordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles de la población”. Sobre Nicaragua, pidió que “no prevalezcan las divisiones y las discordias, sino que todos se esfuercen por favorecer la reconciliación y por construir juntos el futuro del país”.

En su texto con cuestionamientos a la palabra papal, la veintena de ex jefes de Estado y de Gobierno de América latina ponen el foco en el hecho de que el pontífice llamara “a la concordia en las dos naciones”.

“Como se lo expresáramos a Su Santidad en una anterior misiva, sabemos de su preocupación por el sufrimiento que hoy padecen, sin distingos, todos los venezolanos y ahora los nicaragüenses. Los primeros son víctimas de la opresión por una narco-dictadura militarizada, que no tiene reparos en conculcar de manera sistemática los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal y, además, como consecuencia de sus políticas públicas deliberadas y una palmaria corrupción que escandaliza mundialmente, somete a éstos a condiciones de hambruna generalizada y falta de medicinas. Los segundos, a mediados año, fueron víctimas de una ola de represión que deja como saldo casi 300 muertos y unos 2.500 heridos”.

La carta de los ex mandatarios agrega que, por lo tanto, “nos preocupa el llamado de Su Santidad a la concordia, ya que, en el contexto actual puede entenderse ello como un pedido a los pueblos que son víctimas para que se acuerden con sus victimarios”.

Agregan enseguida que “en lo particular, en el caso venezolano, con el gobierno que ha causado 3.000.000 de refugiados, en una diáspora que proyecta la ONU, para 2019, a 5,4 millones de personas”.

Al respecto, los firmantes le advierten al Papa que su llamado “está siendo interpretada de un modo muy negativo por las mayorías de Venezuela y Nicaragua” y que ello es así debido, ante todo, a que “no existe, actualmente, en dichos países, un diferendo político que reclame de entendimiento, tolerancia, entre fuerzas encontradas con narrativas distintas, dentro de una democracia normal o deficiente que hoy lamentablemente no existe en estos”.

“Sus poblaciones enteras -agregan los ex presidentes- son sometidas al sufrimiento por sus gobiernos, bajo regímenes que sirven a la mentira, y los líderes sociales y políticos, los conductores de opinión y prensa, sufren cárcel, persecuciones y también la muerte, como le consta a los organismos americanos y europeos de derechos humanos”.

Finalmente, los ex presidentes citan la Encíclica Ad Petri Cathedram de Juan XXIII, en la cual se consigna que el llamado a la concordia ha de hacerse, fundamentalmente, “a los que gobiernan las naciones”.

“‘Los que oprimen a otros y los despojan de su debida libertad no pueden ciertamente contribuir a esta unidad’ de las inteligencias, de los espíritus, de las acciones, como lo recuerda su predecesor, San Juan XXIII, y que todos anhelamos reconquisten los queridos pueblos de Venezuela y de Nicaragua a partir de la verdad y de la justicia, para que gocen de una justa paz”, concluye la nota.

La carta, además de los ex presidentes citados, lleva las firmas de Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso (Panamá); Enrique Bolaños (Nicaragua); Alfredo Cristiani (El Salvador); Rafael Ángel Calderón y Laura Chinchilla (Costa Rica); César Gaviria (Colombia); Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador); Jorge Tuto Quiroga (Bolivia); Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica); y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

CLARÍN /

CARLOS RÍVOLO Y LOS ESCRACHES A LOS FISCALES: “ES UN DISPARATE QUE HAY QUE FRENAR”

En “Desde el Llano”

Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales, calificó como “un disparate que hay que frenar” a la modalidad de escraches contra los fiscales, que tuvo el episodio con Germán Moldes como el caso más representativo. Además, aseguró que hay “determinado sector que se ocupa de insultar, escrachar y viralizarlo” en las redes sociales.

El 14 de diciembre, un militante kirchnerista increpó a Moldes, al grito de “Aquí está el hijo de mil putas de Moldes que quiere meter presa a Cristina”. El joven, Facundo Daelli, fue denunciado por intimidación pública y, aunque pasó algunas horas detenido, recuperó rápidamente la libertad.

Ahora, Rívolo –que investigó el caso Ciccone– habló sobre ese episodio y se refirió a una modalidad repetida.

“Lo correría a Moldes de la escena, y pongo al personaje político que sea. Y que un militante de otro partido le diga exactamente lo mismo, a cualquiera: peronista, de izquierda… Es una modalidad que hay que detener. El escrache es un disparate. Hay que frenarlo”, aseguró Rívolo, en el programa “Desde el Llano” (TN).

“Tiene una condición de amenaza e intimidación”, apuntó el titular de la Asociación de Fiscales. Y arriesgo que, si bien la condena no será grave, “estas conductas deben ser frenadas con la intervención de la Justicia”.

Después de ventilar que este tipo de episodios se repitió con otros fiscales, afirmó: “Hay determinado sector que se ocupa de insultar y escrachar y que cree que con viralizarlo ya logra gran repercusión y una serie de adeptos, para decir ‘Qué bien estuviste’. Pero no, estuviste pésimo”.

En otro tramo de la entrevista, Rívolo dio su opinión sobre “la causa de los cuadernos”. 

“Nos hemos cansado de hablar de que la corrupción es un fenómeno público-privado. Y acá lo vemos. Con esta causa se descubrió el ala privada de la corrupción”, sostuvo en el programa de TN.

Por otro lado, se refirió a la puesta en libertad de Amado Boudou, a quien investigó en el caso Ciccone: “Cuando lo pusieron en libertad, no me sentí bien”.

CLARÍN /

FRIGERIO: “TENEMOS UN AÑO DE GESTIÓN EN EL QUE DEBEMOS DEMOSTRAR MUCHAS COSAS”

08 Ene 2019 – 00:04

Rogelio Frigerio, ministro del Interior y Obras Públicas, desdramatiza el desdoblamiento de los comicios en provincia de Buenos Aires y asegura que Mauricio Macri está en condiciones de lograr la reelección aun sin María Eugenia Vidal en la boleta. En entrevista exclusiva con Ámbito Financiero, señaló además que Cristina de Kirchner es la candidata más competitiva de la oposición para octubre.

Periodista: ¿Ministro qué fue lo mejor que hizo Cambiemos en estos tres años de gobierno?

Rogelio Frigerio: Hizo muchas cosas. Creo que haber recuperado el Estado de derecho, haber empezado a reconstruir la República, la división de poderes, la Justicia independiente, haber transparentado la gestión, combatir el narcotráfico y las mafias, integrar de forma inteligente a la Argentina al mundo, pasamos de importar a exportar gas, terminamos con la matriz de corrupción en la obra pública, y empezamos a decir la verdad en el Estado, algo que no ocurría en los años anteriores. Además, sentamos las bases para la recuperación de sectores muy importantes para la economía argentina como el energético, concluyendo 59 obras, 22 de energías renovables y 37 centrales térmicas. Son cosas que probablemente se reconozcan con el tiempo y que no son fáciles de apreciar ahora con una coyuntura difícil.

P: ¿Qué fue lo peor?

R.F.: Creo que en haber puesto la vara muy alta. Creímos que podíamos resolver problemas estructurales complejísimos y de mucho tiempo en la economía argentina con facilidad. Y claramente eso no es posible. Los problemas de la Argentina son de una complejidad y magnitud tal que van a llevar mucho tiempo para resolverse.

P.: ¿Pero en tres años no se pudo mejorar ningún indicador? Asumieron en un país con una inflación cercana al 30% y este año casi llega al 50%. A fin de año se conocieron cifras de caída récord en la construcción y la actividad industrial. ¿No se pudo mejorar nada en estos tres años?

R.F.: Primero, hay que plantear lo difícil que es la comparación cuando en el pasado no existían las estadísticas oficiales confiables, y segundo, hasta el shock externo que recibió la economía en abril de este año en alguna medida habíamos logrado revertir algunas de las cuestiones económicas negativas. Todo cambió en abril de 2018 cuando claramente este shock externo negativo nos agarró mal parados. Con una economía todavía muy vulnerable, a merced de los vientos internacionales y muy dependiente del ingreso de divisas. Claramente esto generó una crisis que todavía explica la recesión actual. Hasta ese momento Argentina venía de crecer siete trimestres consecutivos. Lo que claramente no pudimos hacer es en los dos primeros años de gestión, o no tuvimos tiempo de hacer, es generar los anticuerpos para enfrentar una crisis externa de esa magnitud. Y sufrimos las consecuencias.

P.: ¿Por qué en tres años con el cambio de rumbo no llegaron inversiones para fortalecer al país?

R.F.: Es una forma de verlo. Creo que hay sectores que recibieron un nivel de inversión muy importante. Sectores vinculados con la energía renovable, tecnología y la conectividad. Hemos recibido inversiones en infraestructura, turismo y agroindustrial. Por supuesto que la expectativa era mayor. Creímos que los graves temas económicos, uno de ellos la tremenda desinversión en todas las áreas, que viene de tiempo atrás, se podían resolver rápidamente y eso no ocurrió.

P.: ¿Pero no hubo errores de gestión más allá de poner la vara muy alta? La reforma jubilatoria, la suba de tarifas, el aumento de la inflación…

R.F.: Nosotros somos permanentemente autocríticos y lo hacemos público. No es que creemos que no hubo errores propios en la gestión. En estos tres años por supuesto que hubo errores y los hemos asumido y espero que hayamos aprendido de ellos.

P.: Uno de los objetivos para 2019 es bajar la inflación. ¿Empezar enero con subas en el transporte, gas, electricidad, peajes, prepagas, etc, no conspira contra ese objetivo?

R.F.: En la mayoría de los aumentos que se plantean la responsabilidad ya no es más del Gobierno nacional sino de las provincias. El transporte intraurbano y la distribución del servicio eléctrico son responsabilidad de los gobiernos provinciales. Ahora también lo son los subsidios en estos dos sectores. El agua y muchos de los peajes que se cobran, también son responsabilidades que exceden el manejo del Gobierno nacional. El transporte ha subido en todas las provincias, de distinta manera, acompañando el proceso inflacionario. Lo mismo pasó con la tarifa eléctrica que también es distinta en cada provincia y acompañó la inflación. Los mismo las tarifas de agua y cloacas. Hoy hemos avanzado en clarificar un poco más en clarificar algo que estaba distorsionado que es la distribución de las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. Y hoy son claramente responsabilidad de los gobiernos provinciales que hoy tienen más recursos que los que tenían en el pasado y una mayor participación sobre la recaudación que antes de que asumiera Cambiemos.

P.: Ya estamos en un año electoral con la campaña lanzada. ¿Que debería cambiar en el Gobierno para que Macri logre la reelección?

R.F.: En estos tres años tuvimos distintas etapas, algunas muy complejas. Todavía tenemos un año de gestión en el que tenemos que demostrar muchas cosas. Primero, que podemos sortear esta difícil situación de los mercados para no caer nuevamente en una crisis como la de abril del año pasado. Creo que es la prioridad, evitar una nueva crisis cambiaria y financiera. En segundo término, demostrar que, a partir de los cambios en las políticas monetarias y fiscales, podemos bajar la inflación. Creo que es lo que más les quita el sueño a los argentinos. Tercero, que podemos continuar a pesar de esta situación difícil en materia económica con el plan de infraestructura que es lo que realmente le cambia la vida a la gente. Las rutas, las viviendas, agua potable, cloacas, lo que venimos haciendo desde que arranco este Gobierno. Lo hacemos con transparencia, con competencia entre las empresas, con una forma de licitar y adjudicar la obra pública muy distinta a la que existía en el pasado. Y cuarto, que podemos seguir robusteciendo el Estado de Derecho, en reformas institucionales, seguir fortaleciendo el federalismo, hay mucho por demostrar este año y van a ser doce meses intensos de gestión.

P.: ¿Este es el Gobierno no peronista que mejor se lleva con los gobernadores peronistas?

R.F.: Este es un Gobierno que apostó al diálogo y al consenso desde el principio de la gestión. Y que cree que hay que anteponer los intereses de la gente antes que los intereses de los políticos y de los partidos. Y así hemos trabajado en cada una de las provincias independientemente de los colores de quien circunstancialmente los gobierne cada jurisdicción.

P.: Es que resulta inédito que un año de elecciones presidenciales, los gobernadores del PJ desdoblen los comicios y no estén encolumnados a esta altura detrás de un candidato presidencial.

R.F.: La mayoría de los argentinos entendió que el camino que venía transitando la Argentina antes de la asunción de Cambiemos no era el que le convenía al país, y evidentemente el peronismo necesita más tiempo para salir de esa situación, de ese antecedente tan próximo en el tiempo. Ojalá podamos tener una oposición organizada detrás de un liderazgo republicano y con valores similares a los que representa Cambiemos, y con los que podamos confluir en cuestiones estratégicas. Yo apuesto a eso, que la oposición genere una alternativa para poder discutir estos grandes temas y construir políticas de Estado más allá de quien gobierne.

P.: Hay sectores dentro de Cambiemos como Carrió que hablan de pacto de no agresión entre el Ejecutivo y los gobernadores del PJ. ¿Esto no pone en riesgo la unidad del oficialismo?

R.F.: La verdad es que no existe ningún pacto. No la escuche a la diputada Carrió decir eso. Acá no hay ningún pacto, pero si existe un vínculo distinto al que había con el kirchnerismo porque nosotros gobernamos para la gente y no para los partidos políticos. Y eso es una de las cosas que nos diferencia.

P.: ¿A quién ve este año como el principal adversario de Macri en las urnas?

R.F.: Bueno todavía falta más de medio año para la elección. Creo que el mapa político puede modificarse sustancialmente de acá a esa fecha. Hoy según todas las encuestas la principal figura de la oposición sigue siendo la expresidenta.

P.: ¿Considera que hay movimientos en el peronismo para postular a Roberto Lavagna?

R.F.: No tengo información, y si lo están impulsando, no sé si él tiene intenciones de presentarse.

P.: Los cambios en el Gabinete, con menos ministros, fue algo positivo? ¿Es fácil hacer rosca ahora en este Gobierno?

R.F.: Creo que hemos mejorado la gestión y el sistema de toma de decisiones con los cambios. Me parece que los ministros se sienten más cómodos trabajando de esta manera. La rosca es la negociación, dedicarle tiempo a escuchar a los circunstanciales adversarios, prestarles atención, entender sus necesidades. Y creo que eso fue un distintivo de este Gobierno que es probablemente el más débil de los últimos cien años en términos del Congreso y de cantidad de gobernadores que tiene Cambiemos a lo largo y ancho del país. Sin embargo, pudo generar la gobernabilidad necesaria que requería el país. Esto lo hicimos por mérito propio, pero también por el acompañamiento de una parte significativa de la oposición que entendió el rol que la sociedad le asignó.

P.: Entre los promotores de la rosca aparece Emilio Monzó quien anunció que no quiere seguir como presidente de la Cámara de Diputados. ¿Siente que es una figura que esta desperdiciada dentro del Gobierno?

R.F.: Emilio es el presidente de la Cámara de Diputados hasta el final del mandato del Presidente. Una Cámara inédita en su composición, con el oficialismo en una minoría muy marcada y él fue fundamental para lograr gobernabilidad en estos tres años. Ha manifestado que no quiere seguir como presidente de Diputados porque su tarea se va a agotar a fines de este año. Pero es una figura fundamental del Gobierno y de la política en este país.

P.: En provincia de Buenos Aires se activó una comisión para desdoblar los comicios. ¿Qué ventajas y que contras tiene el desdoblamiento?

R.F.: Creo que es algo que se tiene que debatir. Las elecciones desdobladas claramente favorecen la atención en las políticas públicas de los gobiernos locales. Que muchas veces pierden visibilidad en una elección nacional. Desdoblando las elecciones la gente vota con mayor…cuál sería la palabra…precisión…la gente puede prestarle más atención a las propuestas de los gobernadores y los intendentes. Por supuesto que también tiene contras. El hecho de generar un costo sin economías de escala, y obligar a la gente ir más veces a votar. Hay que sopesar los beneficios y los costos y llegar a una conclusión.

P.: En el caso puntual de Vidal, ¿el desdoblamiento la podría beneficiar?

R.F.: Tiene pros y contras cada una de las opciones. Personalmente no creo que desdoblar implique perjudicar nuestras chances a nivel nacional. Pero es un tema que considero que tenemos que debatir con seriedad.

P.: Usted no lo dice explícitamente pero entonces ¿el desdoblamiento le convendría más a Vidal que a Macri?

R.F.: Yo creo que todas las decisiones de estrategia electoral que tomemos tienen que apuntar a la prioridad mayor que es lograr la reelección del Presidente.

P.: A fin de año se reglamentó impuesto a la renta financiera. Sumado a la ola masiva de aumentos de este año, ¿no representan demasiados golpes a la clase media que apoya a Cambiemos?

R.F.: Yo creo que la clase media hizo un tremendo esfuerzo este año, que fue muy difícil para los argentinos. Y en la medida de lo posible nos tenemos que dedicar a aliviar a ese sector. Y a continuar con la reducción impositiva del año pasado. Lo hemos podido sostener en algunos casos como con los ingresos brutos que es uno de los más distorsivos, según lo acordado en el Consenso Fiscal 2017. De hecho, hay algunas provincias que han bajado IIBB por segundo año consecutivo. En otros casos, debido a la crisis financiera, tuvimos que suspender la baja de algunos impuestos que también queríamos empezar a bajar. Pero creo que es fundamental retomar ese camino de rebaja de impuestos para apuntalar el empleo y la actividad económica.

ÁMBITO FINANCIERO /

UNA REFERENTE K QUIERE MÁS “PODER POPULAR” CON UNA REFORMA CONSTITUCIONAL

La ex diputada Diana Conti pidió una reforma constitucional. Dijo que “si un Poder Ejecutivo ha sido electo a partir de un programa que luego incumple, debería poder ser revisado de manera menos burocrática.

“Nuestros tres poderes tradicionales no están expresando en los hechos la voluntad popular, que es la soberana. Tenemos un Poder Judicial que conserva prebendas y se ha constituido en un poder que no debería ser político, pero lo es porque la política se ha tendido a judicializar”, afirmó la ex diputada K Diana Conti. Su jefa política, Cristina Kirchner, está complicada en varias causas judiciales.

La creadora de la consigna “Cristina eterna” formuló esa reflexión en el marco de su propuesta de impulsar una reforma constitucional, en caso de que el frente que encabece el FpV en octubre consiga el triunfo.

Conti indicó, en declaraciones a la emisora La Once Diez, que su fuerza es proclive a una Constitución Nacional que “exprese la voluntad popular” y “que arraigue los valores democráticos, republicanos, feministas y de la nueva realidad argentina”.

Para llevar adelante un cambio de este tipo es necesario, según Conti, que haya “un gran debate público” y “tener una base de consenso social muy amplia”, elementos que hoy “no existen” o que están “tapados por cuestiones más urgentes”, según consideró. Con todo, admitió que “hay cuestiones más urgentes en la actualidad”.

Para la ex diputada, su ideal de nueva Constitución sería una “más similar a la de 1949, que fue rápidamente derogada, donde el poder popular tenga mayor inserción y lo nacional tenga mayor valor”.

Sostuvo que “algunos (dentro de Unidad Ciudadana) quieren ir hacia un sistema más parlamentarista, como se da en varios países de Europa”, aunque -aseguró- se trata “más de avances académicos” que de otra cosa. Pese a esto, manifestó su descontento con la Carta Magna, que -dijo- no dispone de las herramientas adecuadas para que haya “una mayor intervención popular” en las medidas adoptadas por los gobiernos.

“Si un Poder Ejecutivo ha sido electo a partir de un programa de gobierno que luego incumple totalmente, esto debería poder ser revisado de manera menos burocrática a la que se realiza actualmente”, ya que -argumentó- “el único mecanismo que la Constitución tiene para la mala praxis de un Poder Ejecutivo es el juicio político, que es inviable”.

Y agregó: “Nuestros tres poderes tradicionales no están expresando en los hechos la voluntad popular”. La idea de cambiar la Constitución fue introducida por Cristina en la contracumbre del G-20, en noviembre último, al hablar de “una nueva arquitectura institucional” y cuestionar a la Justicia.

CLARÍN /

EL ADELANTAMIENTO DE LAS ELECCIONES EN RÍO NEGRO, UNA JUGADA QUE DEJA ABIERTA UNA PUERTA PARA PELEAR POR UNA BANCA EN EL SENADO

Alberto Weretilneck asegura que con Mauricio Macri no habló del adelantamiento de las elecciones en Río Negro. Pero hay margen para sospechar: el mandatario anunció que las elecciones en Río Negro serán el 7 de abril poco después de reunirse con el Presidente, en Bariloche. Cerca del gobernador justifican la decisión con un argumento que también se repite en las otras provincias que separaron los comicios locales del nacional: despegarse de la polarización entre Macri y Cristina Kirchner.

Pero la decisión de adelantar también puede interpretarse como una jugada a dos bandas de Weretilneck. Con la elección provincial resuelta en abril, en caso de no lograr ser reelecto como gobernador, podría competir en octubre por una banca en el Senado de la Nación. Es más: incluso saliendo segundo en esa votación, se aseguraría ser electo senador por la minoría.

Consultado por Clarín, el gobernador rechaza esa posibilidad: “No estoy pensando en ninguna candidatura nacional”, asegura. “Vamos a ganar la elección provincial”, agrega.

El intendente de General Roca y presidente del PJ de Río Negro, Martín Soria, ya anticipó que impugnará judicialmente la candidatura a gobernador de Weretilneck. Recién podrá hacerlo una vez que se concrete, lo que ocurriría el 11 de febrero.

Soria deberá ir al Tribunal Electoral Provincial. En caso de que la impugnación no prospere, el peronista podría recurrir al Tribunal Superior de Justicia y, en última instancia, a la Corte Suprema Nacional. Todo eso en un plazo escaso: entre la presentación de las candidaturas y la fecha del comicio hay solo 55 días.

En Viedma se especula con que Soria adelantará la elección municipal en Roca para llegar al 7 de abril con un triunfo contundente sobre sus espaldas. ¿Dejará como su sucesora en la intendencia a su hermana Emilia Soria? De no ganar en la pelea por la gobernación, a Soria también le quedaría la carta de ir en octubre por una banca en el Senado.

Otra especulación es que en caso de que Weretilneck consiga ser reelecto, Miguel Pichetto podría ir de candidato a senador por el partido provincial del actual gobernador.

Pichetto lo descarta: “Mi esfuerzo está puesto en la construcción nacional de Alternativa Federal”, dice. El rionegrino se muestra prescindente en la pelea provincial. Pero algo es cierto: Pichetto está en las antípodas del FpV liderado por Soria y que contiene desde el PC hasta a La Cámpora.

Para la Casa Rosada un eventual triunfo de Weretilneck sería el mal menor. No ganaría Río Negro, pero tampoco los aliados de Cristina.

CLARÍN /

ELECCIONES EN RÍO NEGRO:  EL PJ ACUSA AL GOBERNADOR ALBERTO WERETILNECK DE HACER TRAMPA PARA PODER PRESENTARSE A ELECCIONES

El intendente de General Roca y presidente del PJ de Río Negro, Martín Soria, aseguró este lunes que el actual gobernador Alberto Weretilneck “probablemente intente hacer trampa” para poder presentarse a las próximas elecciones que se realizarán en esa provincia el 7 de abril.

“No puede ser candidato por tercera vez porque así lo establece la Constitución Provincial. Como está convencido de que ‘no necesariamente hay que apegarse tanto a la ley’, es muy probable que en su desesperación intente hacer trampa violando la Constitución”, indicó Soria, quien es hijo del asesinado ex gobernador Carlos Soria a manos de su propia esposa el 1 de enero de 2012.

La Constitución de Río Negro prohíbe terceras administraciones consecutivas. Weretilneck argumenta que el 3 de enero en 2012, dos días después de que Susana Freydroz disparó contra su marido con una 38, él solo reemplazó al que era gobernador y que en 2015 triunfó en las elecciones, pero con otra fórmula, por lo que se encuentra finalizando su primer mandato y no el segundo. El PJ y el radicalismo rionegrino ya anunciaron que impugnarán su candidatura si se concreta finalmente. Weretilneck la daría a conocer a fines de este mismo mes.

“Dudo que los integrantes del Tribunal Electoral y los jueces del Superior Tribunal de Justicia arruinen sus carreras convalidando semejante disparate”, agregó Soria.

Por su lado, Weretilneck se reúne con las filas de su partido Juntos Somos Río Negro (JSRN) este sábado en Villa Regina donde, según se comenta en la provincia, se fijarán los lineamientos más gruesos de la campaña.

“Hay que dejar a la Justicia y, también, es lógico que la oposición plantee objeciones. Pero quién manda es el pueblo. Y cuál es el miedo de la oposición que seamos candidatos si todos los días escuchamos que somos un gobierno malo, impresentables, no tenemos proyecto de provincia y somos una vergüenza, como dice el peronismo”, retrucó el gobernador.

Según las encuestas de JSRN, la elección se presenta muy distinta dependiendo de si se presenta Weretilneck o no. En caso de que llegue a las elecciones, los números le darían como ganador por sobre Soria, pero si finalmente la Justicia no admite su figura como candidato, el triunfador sería el roquense.

Por otro lado, el diputado nacional Sergio Wisky, de Cambiemos, hizo pública su intención de sumar su candidatura. “Ahí estaremos”, indicó Wisky en las redes sociales. Fuentes cercanas al legislador nacional confirmaron a Télam su propósito de pelear por la gobernación de Río Negro. A Cambiemos es la carta más fuerte que le queda después de que el intendente de Cipolletti, Anibal Tortoriello, se bajó de la contienda. “La elección ya está polarizada entre Juntos Somos Río Negro y el Frente para la Victoria”, dijo el intendente dando por hecho que Weretilneck será candidato.

CLARÍN /

EL GOBERNADOR DE NEUQUÉN LE PIDIÓ A MAURICIO MACRI QUE SE APUREN LAS AUTORIZACIONES PARA NUEVAS INVERSIONES EN VACA MUERTA

Mauricio Macri y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se reunieron este lunes por espacio de una hora y media en el Country Club Cumelén de Villa La Angostura, donde el Presidente pasa sus vacaciones de verano.

El mandatario y Gutiérrez conversaron a partir de una agenda de temas económicos y de infraestructura que llevó el gobernador para la ocasión. No habrían charlado sobre cuestiones electorales, según las fuentes consultadas..

La conversación se centró en el futuro de Vaca Muerta y en las nuevas inversiones que se esperan para los próximos 3 años.

Gutiérrez le solicitó a Macri que interceda para que desde la Secretaría de Energía, conducida por Gustavo Lopetegui, se acelere la autorización para la ejecución de 8 proyectos en el yacimiento no convencional que reportarán una inversión de US$ 8.000 millones entre 2019 y 2021.

Aunque insistió en que no hablaron temas de campaña con Macri, Gutiérrez le dijo a Clarín que se siente confiado en que ganará las elecciones en marzo próximo en su provincia. “La clave sigue siendo trabajo y más trabajo. Soy positivo y creo que vamos a ganar”.

Inmediatamente después de conversar con el mandatario el neuquino se subió al avión y partió hacia Buenos Aires donde mantendrá una reunión con el nuevo secretario Lopetegui. “Vamos a tratar los proyectos que están pendientes de aprobación por parte de Nación y que generarán 2.000 puestos de trabajo”, señaló.

Gutiérrez también le pidió que se haga realidad la eliminación o la devolución de las retenciones a las exportaciones.

El neuquino le comentó a Macri que este mismo lunes se concretó el primer envío de 160 toneladas de cerezas a China como consecuencia directa del nuevo acuerdo fitosanitario que se firmó durante el G-20 en Buenos Aires.

Este cargamento se enviará a través del puerto chileno de Valparaíso, pero el proyecto del gobierno de Neuquén es convertir el aeropuerto de la capital en una estación de pasajeros y cargas.

En 2018 el aeropuerto neuquino alcanzó el 1 millón de pasajeros, le detalló Gutiérrez a Macri, según indicaron fuentes a esta agencia.

Otro de los temas abordados fue la obra de infraestructura Interconexión de villa La Angostura y 2º Línea a Bariloche. La obra que traerá un servicio de electricidad más eficiente a la región cordillerana fue pautada para que participen ambas provincias. El tramo neuquino ya está terminado luego de una inversión de US$ 31 millones, pero ahora falta que Río Negro complete su parte.

Gutiérrez le solicitó a Macri que gestione con el propósito de que la otra provincia puede llevar adelante su cuota del emprendimiento.

CLARÍN / LA NACIÓN /

LA VENTA DE DOS FUTBOLISTAS SE METIÓ EN LA INTERNA DEL PERONISMO EN TUCUMÁN

Las esquirlas de la interna del PJ de Tucumán tienen impactos inesperados. Al duelo personal y político entre el gobernador Juan Manzur y el ex mandatario José Alperovich, extendió su toxicidad al fútbol. La sorpresiva transferencia de Luis Miguel Rodríguez, “El Pulga”, ídolo de Atlético Tucumán, a Colón de Santa Fe, generó fuertes repercusiones y sospechas de una maniobra política.

“El Pulga” es la figura más representativa de Atlético, donde jugó más de una década. El club, el que tiene más galardones en la provincia, fue sponsoreado por Alperovich en sus tiempos de gobernador.

Mario Leito, su presidente, llegó con el apoyo del ahora senador, cuando mandaba en la provincia y era el jefe de Manzur -vice de Alperovich-, con quien se distanció y a quien promete enfrentar en las elecciones provinciales.

Leito, por su parte, mudó de piel: tomó distancia de su promotor y se acercó a Manzur. En el PJ, incluso, lo mandaron a medir como potencial candidato en la capital provincial, donde gobierna Germán Alfaro, peronista que forma parte del dispositivo Cambiemos.

Según detalló Juan Manuel Rovira, corresponsal de Clarín en Tucumán, en clarin.com, las especulaciones se potenciaron porque Guillermo Acosta, otro integrante del plantel que se afilió al PJ -igual que la “Pulga”-, también fue transferido y continuará su carrera en Lanús.

Hay un antecedente que obnubila a algunos dirigentes: Julio Miranda, ex gobernador de la provincia, fue presidente de Atlético. Manzur no está en la provincia. Vuelve a fines de esta semana y, según confiaron a Clarín desde el PJ tucumano, a principios de la semana próxima convocaría a elecciones para mayo próximo, sostenido en un fallo judicial que cuestiona la oposición local, que encarga Cambiemos.

De vuelta a “El Pulga”. El jugador empezó a coquetear hace tiempo con incursionar en la política y este año avanzó con la posibilidad de postularse para algún cargo, ejecutivo o legislativo, en Simoca.

Amigo de Alperovich, que es hincha de Atlético, sus movimientos se leyeron como una jugada del ex gobernador, pero en diciembre Rodríguez dijo que se afiliaría al PJ, que controla Manzur, y se mostró junto a Osvaldo Jaldo, el vice tucumano, socio político del gobernador.

La repentina transferencia del jugador se leyó, entonces, en clave política. Nadie lo dice en voz alta pero se apunta a hipotéticas presiones de Alperovich para que el club decida la venta de Rodríguez.

El jugador descartó que detrás de su venta y mudanza haya razones políticas.​ En estos días, además, circuló un video donde se despide, agradecido, del club y los hinchas del “Decano”.

Hay miradas más lineales que apuntan a la “oportunidad” de la venta y, otras tesis, explican que habría “aportes” de Alperovich, a través de sus empresas en la provincia, que iban como premios salariales para los jugadores.

Con Rodríguez arrimado al PJ de Manzur y Jaldo, el ex gobernador habría decidido dejar de “colaborar”, según las interpretaciones más febriles que circulan en la provincia.

CLARÍN /

EL GOBIERNO AUTORIZA A FLYBONDI  A TENER UN SINDICATO ÚNICO EN LA EMPRESA

Con la intención de bajarles el poder de fuego a los seis sindicatos tradicionales del sector aeronáutico, el ministerio de Producción y Trabajo oficializó en el Boletín Oficial la creación de la “Asociación Sindical de Trabajadores de Flybondi Líneas Aéreas”. Es decir un sindicato por empresa y no por actividad, algo inédito en el país. Lo liderará Fernando Granelli, piloto de esta empresa, y quien presentó toda la papelería jurídica.

La jugada, que había sido adelantada por Clarín en diciembre, es un claro golpe a los sindicatos UALA y APLA (Pilotos); a la Asociación Argentina de Aeronavegantes por el personal de cabina. Y también a APA, que nuclea al personal administrativo, y a APTA, por técnicos; y UPSA, por el personal superior. Estos seis gremios protagonizaron en los últimos meses de 2018 contundentes paros contra Aerolíneas, Austral, Latam, Andes y Avianca que dejaron a decenas de miles de pasajeros varados. 

Con este avance queda habilitada la repetición de este tipo de armado sindical por empresa en las otras dos compañías Low Cost radicadas en el país: Norwegian y Jet Smart; empresa esta última a la que también este lunes el Gobierno otorgó 261 rutas aéreas. Y en las que quieran instalarse, claro está.

Flybondi emplea a 550 trabajadores, tiene el 8% del mercado aéreo nacional con 21 rutas operativas cubiertas por cinco aeronaves. Del total de ese personal tiene apenas 15 trabajadores sindicalizados: 5 por pilotos y 10 por aeronavegantes.

Por ahora, el Gobierno otorgó una personería simple, paso previo a la personería gremial. El tipo de inscripción otorgada a la flamante Asociación habilita a que este nuevo gremio represente a todos los trabajadores; pero no para negociar paritarias ni armar convenios colectivos de trabajo. A su vez, se le habilitó actuación en todo el territorio argentino “excepto en Ciudad de Buenos Aires”. Recordar que las Low Cost operan desde El Palomar y la segunda base es en Córdoba, ciudad en la que se radicó este sindicato.

Dato: la gestión Cambiemos solo otorgó en los tres años de gobierno menos de 10 personerías simples mientras que el ex ministro de Trabajo K, Carlos Tomada, había dado cerca de 1.000 como herramienta de atomización de poder a los sindicatos tradicionales. 

El secretario general de unos de los sindicatos preexistentes comentó a este diario ante la noticia: “Es darle un marco legal a la precarización, laboral y de seguridad, que lleva adelante el Gobierno en materia aeronáutica”. Consideró que “es un derecho por lo que no podemos hacer nada y entendemos que el próximo paso será darle la personería gremial previo cumplir pasos legales aunque en ese momento daremos batalla porque la ley es clara e impone sindicatos por actividad y no por empresa; por lo que habrá que ver si pueden cambiar la ley”.

Este diario también quiso saber qué pasará al momento de acordar paritarias: “Los acuerdos salariales se validan por los hechos entre la empresa y el sindicato y la homologación por parte de Trabajo es un reaseguro. Con esta nueva herramienta se manejarán sin la homologación porque sino estarían violando la ley”, señaló el mismo dirigente.

Finalmente en el articulado de la Resolución 4/2019, se insta a los fundantes de la Asociación a presentar el Estatuto en menos de 10 días y que “regularice su situación institucional y convoque a elecciones de la Comisión Directiva”, comicio que ocurrirá durante este año.

CLARÍN /

EL GOBIERNO HABILITÓ 261 RUTAS AÉREAS PARA UNA LOW COST

El Gobierno nacional habilitó oficialmente a la empresa JetSmart a volar 261 nuevas rutas de cabotaje e internacionales. Fue a través de la resolución 2019/5, del Ministerio de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La compañía es de origen chileno, pero en este caso las habilitaciones fueron para su filial argentina, que tiene detrás un fondo de inversión de Estados Unidos. La empresa había pedido poco más de 270 tramos.

La nueva disposición incluye vuelos locales y también internacionales, “con destinos como Uruguay, Perú, Paraguay, Chile y Brasil. Algunos de estos tramos podrán ser operados desde el interior del país, por un período de 15 años.

Por ejemplo, habrá vuelos a Brasil desde Córdoba, Santa Fe y Misiones. Pero también habrá tramos locales que no pasarán por Buenos Aires. Ambos pedidos suelen repetir los gobernadores en sus reuniones en Casa Rosada, como una manera de fomentar el turismo en y desde sus provincias.

La resolución se conoce luego de que se celebrara en octubre una audiencia pública, donde distintas empresas aerocomerciales solicitaron 792 nuevas rutas.

Con la nueva disposición, JetSmart se convierte en la segunda compañía low cost (junto con Flybondi) en operar desde el aeropuerto de El Palomar. Se trata de una de las terminales con mayor crecimiento: 658.000 pasajeros en 2018.

La firma anunció en los últimos días de diciembre su primer vuelo internacional entre Santiago de Chile y El Palomar. Ya tenía tramos entre la capital chilena y las ciudades de Mendoza y Córdoba.

“Venimos a la Argentina con un proyecto a largo plazo, a instaurar un modelo ultra low cost que le va a proporcionar al pasajero un viaje cómodo, en un avión moderno y a un costo bajísimo”, afirmó entonces el CEO de la compañía, Estuardo Ortiz Porras.

CLARÍN /

FERNANDO DE LA RÚA SIGUE GRAVE: FALLARON LOS INTENTOS DE RETIRARLE EL RESPIRADOR

El ex presidente Fernando De la Rúa sigue internado en una sala de cuidados intensivos del Hospital Austral, en la ciudad de Pilar, adonde había sido trasladado el 1° de enero por una infección pulmonar que le complicó su afección cardiovascular.

Según confiaron fuentes del radicalismo cercanas al ex Presidente consultadas por Clarín, su estado de salud sigue siendo crítico, dado que fallaron tres intentos de extubación para quitarle el respirador artificial.

Por ese motivo, está previsto hacerle una traqueotomía este martes. Su situación respiratoria es la que presenta mayores dificultades.

Este lunes le hicieron una tomografía de tórax para reevaluar la neumonía: su parte cardíaca está estable, pero su situación respiratoria sigue complicada.

En el único parte médico dado por el Hospital Austral a los medios periodísticos, el jueves 3, se especificó que al ingreso al centro de salud el ex Presidente “presentaba un cuadro de infección respiratoria que agravó dolencias cardiovasculares previas. Se inició tratamiento antibiótico y se le realizó una angioplastia coronaria para asistir su corazón”.

Además, indicaron​ que se encontraba “sedado y en asistencia respiratoria mecánica en área de cuidados críticos”.

​Al día siguiente, el viernes 4, de allegados a él trascendió que había experimentado una “leve mejoría, con disminución de la medicación”.

El pasado 12 de diciembre, el ex mandatario compartió una cena de fin de año en la que se lo vio por última vez en público. Clarín supo de algunos invitados que por un lado estaba muy animado y en el brindis pidió por el bienestar del país. Pero por el otro, también lo vieron desmejorado físicamente.

De la Rúa ya había sido internado en octubre pasado, afectado por una dolencia cardíaca. Tras sufrir un infarto de miocardio, fue ingresado aquella vez al Instituto del Diagnóstico y el equipo médico de Luis De la Fuente le practicó una angioplastia.

En mayo, el ex Presidente había tenido otro infarto, por lo cual los médicos del Sanatorio Otamendi le colocaron dos stents.

El ex mandatario había estado presente, en noviembre del año pasado, en la gala que se hizo por el G20 en el Teatro Colón. Se lo pudo ver en un palco junto a su esposa Inés Pertiné.

CLARÍN / LA NACIÓN /

ECONOMÍA

LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES: OTRAS PETROLERAS SE SUMAN A LA REBAJA DE PRECIOS

Shell disminuye en dos productos. Todo indica que Axion y Puma también lo harán.

La rebaja en los precios de los combustibles, que inició el lunes YPF, continuará mañana con Shell. Y es probable que, en las próximas horas, se extienda a Axion y Puma.

La nafta súper de la marca Shell retrocederá de $ 37,99 a $ 37,77, lo que representa una disminución del 0,6%, mientras que el gasoil (Formula Diesel) va de $ 35,98 a $ 35,72.

La decisión fue tomada por Raizen, la empresa que tiene la licencia para utilizar la marca de Shell en el país. No habrá modificaciones en los precios de las naftas y gasoil premium.

En Axion Energy, que tiene esa marca y la red que era de Esso, todavía no hay notificaciones oficiales. Pero en las estaciones de servicios de esa bandera ya circulaba ayer que habrá una disminución en las próximas horas. Axion suele seguir de cerca los precios de YPF. La última vez que YPF bajó sus precios y Axion no la emuló, tuvo una ligera fuga de sus clientes. Por eso, corrigió.

En la red de estaciones de Puma también viene alguna rebaja. En esa firma estaban esperando los movimientos de Axion y Shell antes de tomar una decisión. Pero la decisión de Shell de disminuir los importes es probable que empuje a Puma en esa misma dirección.

YPF es el mayor jugador del mercado de naftas, con más de un 55% de participación. Shell posee un 20% de las ventas. Entre ambos, despachan tres de cada cuatro litros de combustibles en el país.

Axion está en tercer puesto, cerca de Shell. Puma (de Trafigura) viene ganando participación de mercado. Aunque está lejos de las tres grandes, posee una política de precios “agresiva” y se estima que acrecentará su parte.

Aunque el precio del petróleo cayó un 30% desde octubre, la rebaja en los combustibles es menor, cercana al 3% entre diciembre y enero. Esto es consecuencia de la devaluación, según aseguran en la industria. El peso argentino se depreció más del 100% frente al dólar en un año. En ese mismo período, los combustibles habían aumentado hasta un 75%, según los ejecutivos del sector.

CLARÍN /

RECLAMO POR LA QUITA DE LA TARIFA SOCIAL

COOPERATIVAS ELÉCTRICAS SE NIEGAN A APLICAR EL AUMENTO DE TARIFAS Y AMENAZAN CON NO PAGAR A CAMMESA

El presidente de la Cooperativa Eléctrica neuquina CALF, Carlos Ciapponi, criticó los nuevos incrementos en el costo de energía anunciados por el Gobierno y la decisión de eliminar subsidios al sector distribución de electricidad, al tiempo que adelantó que no abonará a CAMMESA el aumento mayorista porque “no estamos en condiciones de trasladar ese ajuste al usuario final”.

Mientras otras distribuidoras eléctricas evalúan tomar la misma decisión, Ciapponi aseguró que planteará el tema el miércoles en la próxima reunión de la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Argentina, que nuclea a más de 240 distribuidoras y brinda servicio a más de 4 millones de hogares.

En ese sentido, Ciapponi aseguró que no descarta una “rebelión” por parte de las cooperativas en contra de la quita de la “tarifa social” al sector de distribución de electricidad.  El titular de la cooperativa eléctrica más grande de la Patagonia explicó que “son muchos los usuarios que registran consumos de más de 500/600 kilovatios, que hoy ya pagan entre 8.000 y 10.000 pesos por mes, y con un aumento adicional de 55% que impulsó el Gobierno, se va a hacer realmente complicado de afrontar”, remarcó.

En cuanto a la realidad del sector, detalló que el costo de la energía históricamente representó poco más de 30% en el presupuesto de la cooperativa, y ahora está cerca del 70%; más los impuestos y tributos que se aplican en las facturas.  La CALF se expidió en desacuerdo con esta fase de la política aplicada en material energética por el gobierno de Mauricio Macri, y ya lo hizo saber a través de una presentación judicial para que se reduzca la carga tributaria.

“El servicio eléctrico es considerado un servicio esencial, y Hacienda debe fijar una alícuota de IVA diferencial. Por ejemplo, el pan y la leche pagan 10,5% de IVA. Sin embargo, el usuario de electricidad paga un 21%, y un comercio o una pyme paga el 27%. En los últimos tres años, se pagó un aumento por encima de cualquier recomposición salarial, y debió aplicarse el IVA como servicio esencial, y no que los comercios y las pymes tengan que pagar hasta un 27%”, resaltó.

“Nosotros vamos a decir la verdad, a informar lo que pasa, no como otros que prefieren quedarse callados, no decir nada”, sostuvo Ciapponi mediante un comunicado.

CLARÍN /

LA ANSES ENDURECERÁ LAS PAUTAS DE VULNERABILIDAD PARA PAGAR PRESTACIONES 
Al fijar la condición para cobrar la PUAM, podría recortar al 50% el nivel de ingresos que usa hoy para definir una persona vulnerable en la moratoria de la Ley 26.970
En la reglamentación de las nuevas condiciones de vulnerabilidad para poder cobrar la Prestación Universal por Adulto Mayor (PUAM), la ANSeS está evaluando poner parámetros más exigentes de los hoy vigentes en sus análisis socioeconómicos para pagar las prestaciones.
Si bien la PUAM fue creada en 2016 como una prestación universal para reemplazar a las moratorias previsionales y como un primer pilar jubilatorio, será otorgada desde este año, según lo sancionado en la ley de Presupuesto, a aquellas personas que cumplen determinadas condiciones de vulnerabilidad y que no trabajan en relación de dependencia ni por cuenta propia.
A la hora de fijar esas condiciones, la ANSeS podría recortar a un 50% el parámetro de ingresos para que una persona se considere vulnerable, y que hoy aplica para el otorgamiento de la moratoria de la ley 26.970. Entiende que los valores de ingresos que quedaron definidos en esa moratoria, y que se fueron actualizando por la fórmula de movilidad, no condicen con la realidad de una persona que hoy necesita de la asistencia de un subsidio del Estado.
Según pudo saber este diario, para ser acreedor a la PUAM y a la moratoria:

Las personas no deberán haber percibido ingresos brutos cuyo promedio supere el 50% de los requeridos para el cobro de las asignaciones familiares por hijo (hoy el total alcanza $ 41.959 bruto mensual) en los últimos doce meses anteriores a la fecha de la evaluación. Hoy para tener acceso se considera el 100% de esos ingresos.
En tanto, el patrimonio declarado en las declaraciones juradas del impuesto sobre los Bienes Personales no debe superar cuatro veces el importe anualizado previsto en la condición de ingresos.
Que los automóviles declarados en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor no supere 1,5 vez el importe anualizado del mismo ingreso.
Tampoco deberá contar con bienes informados por la Asociación Nacional de Aviación Civil ni embarcaciones de más de 9 metros de eslora informados por la Prefectura Naval.
La decisión final se conocerá en la reglamentación que se publicará en el curso de este mes. Modificará la resolución conjunta 3673 de AFIP y 533 de la ANSeS, por lo que también englobará las condiciones de otorgamiento de las nuevas moratorias de la ley 26.970.
Para la PUAM, el Presupuesto de 2019 había determinado que la ANSeS, “en forma previa al otorgamiento de la prestación realizará evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales sobre la base de criterios objetivos que fije la reglamentación, a fin de asegurar el acceso a las personas que presenten mayor vulnerabilidad”.
En tanto, determinó la PUAM incompatible con el desempeño de cualquier actividad, excluyendo a los adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social.
En la misma línea de austeridad fiscal, se exceptuó del secreto fiscal a la ANSeS si pide a AFIP datos socioeconómicos o patrimoniales de los beneficiarios de prestaciones o subsidios para detectar fraudes o para definir el derecho al acceso basado en condiciones de vulnerabilidad.
Ahora ambos organismos deben firmar un convenio para cruzar esa información.
En tanto, la moratoria de la ley 26.970 continúa vigente para las mujeres que cumplan la edad jubilatoria (60 años, y menores de 65 años) y para los hombres que hayan cumplido la edad jubilatoria antes del vencimiento de la ley (18/09/16). Los períodos a incluir van desde enero de 1955 a diciembre de 2003 y desde los 18 años de edad. La deuda podrá cancelarse al contado o en 60 cuotas.

EL CRONISTA /

SEXTA BAJA CONSECUTIVA: EL DÓLAR MAYORISTA TOCÓ EL PISO DE LA BANDA Y AHORA EL BANCO CENTRAL PODRÍA SALIR A COMPRAR

Tocó por unos minutos el límite inferior y finalmente rebotó para cerrar en $ 37,32. El minorista promedió $ 38,40.

Tras coquetear con el piso de la banda cambiaria, ayer el dólar volvió a bajar por sexto día consecutivo y cerró en el mercado mayorista a $ 37,32, cuatro centavos por encima del límite de intervención establecido por el Banco Central. De hecho, pasadas las 14, la divisa traspasó por unos minutos el límite inferior de la banda, que hoy es de $ 37,28. Tras ese roce, el dólar rebotó y se movió en torno a $ 37,30. A nivel minorista cerró a $ 38,30 en el banco Nación. En el promedio del mercado el cierre fue de $ 38,40.

Fue el sexto día de baja consecutiva del dólar a nivel mayorista. Desde el Banco Central indicaron que la divisa “no cruzó la banda cambiaria. Hubo una operación sola, muy chica, apenas abajo de la banda, pero no se llegó a armar mercado”. De modo que la autoridad monetaria siguió sin intervenir en el mercado. Si efectivamente el dólar quebrara el límite, el Banco Central se vería obligado a comprar hasta US$ 50 millones por día para engrosar las reservas y evitar que la divisa cotice por debajo del piso establecido que ayer era de $ 37,28 y hoy será de $ 37,30. El piso y el techo de la banda cambiaria se actualizan diariamente a un ritmo del 2% mensual.

Mientras seguían atentos los movimientos del dólar, desde el Banco Central concretaron la colocación $ 193.244 millones en Leliq (Letras de Liquidez) a una tasa promedio del 58,96% anual. Así el equipo de Guido Sandleris volvió a mover las fichas para bajar levemente las tasas. El viernes había pagado 59,28% en la colocación de Leliq. De este modo la tasa bajó 32 puntos y el Central contrajo $ 15.000 millones con el tipo de cambio tocando el piso. Con la corrección de ayer la tasa alcanzó el nivel más bajo desde agosto.

El clima positivo se extendió a los bonos, que arrancaron el día con un buen desempeño lo que llevó al riesgo país a bajar un escalón más y a ubicarse en torno a los 716 puntos, una merma de 2,2%. En la bolsa, el Merval cerró ayer con un alza de 2,19%. Con un volumen negociado de $ 834 millones hubo 48 alzas, 32 bajas y 7 papeles sin cambios.

Desde que se produjo el cambio en la cúpula del BCRA y asumió Guido Sandleris como presidente, se estableció una banda de flotación que determina si el Central sale a comprar o vender dólares. Desde hace varias semanas, la cotización está cerca del piso de intervención: en caso de perforarlo, la entidad saldría a comprar para elevar su cotización.

CLARÍN / LA NACIÓN / EL CRONISTA /

BCRA CONVALIDÓ BAJA DE TASA, QUE PERFORÓ EL 59%

El dólar perforó ayer el piso de la zona de no intervención (ayer en $37,284), aunque terminó cayendo seis centavos y medio y cerró por encima de la misma (en $37,305) en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), lo que habilitó al Banco Central a convalidar una baja en la tasa de referencia en pesos. De esta manera, la divisa anotó su sexta caída consecutiva en el segmento mayorista. Hoy, en tanto, abrirá por debajo de la parte inferior de la banda de flotación, establecida en $37,307. El volumen operado durante el día subió 27%, a u$s 622 millones.

En el segmento minorista, por su parte, el billete oficial cedió un centavo a $38,41. “Siguieron ingresando fondos de inversionistas locales y extranjeros, además de un poco de ofrecimientos de exportadores cerealeros liquidando, lo que presionó a la baja a la cotización”, destacaron desde ABC Mercado de Cambios. Y agregaron que otros de los motivos de la caída de la divisa se debieron al cambio de humor a nivel global y a la baja del dólar contra las monedas extranjeras.

Como es habitual, el BCRA efectuó una subasta Leliq a 7 días y convalidó una baja de la tasa de referencia. Lo destacable fue que el oficialismo permitió que el rendimiento promedio del principal instrumento de esterilización de la autoridad monetaria terminara por debajo del 59%, en 58,96% (por debajo del 59,287% del viernes). Esta merma se dio en un contexto en el cual la inflación mantiene una tendencia bajista, pese a que continúa en niveles elevados (se espera que en el primer trimestre baje al 2%). Además, el tipo de cambio sigue fluctuando en torno al piso de la zona de no intervención, lo que le da cierto aire al organismo para permitir un ligero aumento del dólar, sin que este genere una aceleración de la inflación, como ocurrió en 2018. En la subasta se adjudicaron $193.244 millones, con una tasa máxima de 59,3% y una mínima del 58,496%.

La idea del oficialismo es que la tasa de referencia de la economía comience a bajar gradualmente para dar una señal a los mercados y reducir el costo de financiamiento. En noviembre, el retorno de las Leliq logró bajar hasta casi un 60%, piso que perforó el mes pasado, desde el techo del 73,52% alcanzado a mediados de octubre. Luego, en diciembre se mantuvo estable fluctuando entre 59% y 60% hasta ayer. En caso de que el BCRA deba intervenir en el mercado para que el dólar vuelva a operar dentro de la zona, podrá realizar compras diarias de hasta u$s50 millones hasta que la moneda vuelva al rango esperado, de acuerdo al pacto con el FMI. Sin embargo, la inyección de pesos dentro del sistema no podrá desviarse en más del 2% de la meta, lo que indica que no podrá emitir más de $27.000 millones al mes por esta vía.

Para Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, “los precios retrocedieron debido al impacto generado por el dominio de la oferta aun cuando la autoridad monetaria dispuso un ligero retoque hacia abajo de la tasa que el mercado toma como referencia”. Asimismo, remarcó que con la caída de la cotización, “vuelven a activarse las expectativas de intervención oficial para sostener la cotización del dólar en un escenario que mantiene características de tranquilidad que dan poco margen para una reacción significativa en el valor del dólar en la plaza doméstica”.

En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operó a un promedio del 53%. En el mercado de futuros ROFEX, se negociaron u$s495 millones, de los cuales más del 60% se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $38,58 y $39,95; con tasas del 51,98% y 49,77% respectivamente. Ambos quedaron con bajas promedio de más en el entorno de los $0,20. En tanto, el dólar “blue” cayó 50 centavos a $39,5 y la brecha cambiaria cedió hasta el 2,8%. En tanto, las reservas del Banco Central aumentaron u$s21 millones a u$s 65.737 millones.

ÁMBITO FINANCIERO / LA NACIÓN /

PARA LA CEPAL, LOS KIRCHNER “SUBESTIMARON” LA POBREZA

Un informe de esa oficina de la ONU afirmó que el uso de las cifras oficiales de inflación impactó en la medición y le restó en 2014 más de 20 puntos a ese índice

Tras varios años de destrucción sistemática del Indec impulsada por el kirchnerismo, y luego de la restauración de estadísticas públicas confiables en 2016, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reconoció, por primera vez en un documento oficial, que los números de pobreza e indigencia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron subestimados.

La admisión, breve, contundente, pero licuada en un largo documento metodológico de esa oficina de las Naciones Unidas (ONU), llegó después de varios años de utilizar los datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del organismo intervenido por Guillermo Moreno entre 2007 y 2015, para armar -con su metodología- sus propios índices comparables en la región.

“Entre los aumentos, el más significativo es el que se presenta en la Argentina, donde el uso de las cifras de inflación oficiales condujo a una subestimación de la pobreza”, escribieron las principales cabezas de la Cepal a nivel global en un informe técnico llamado Medición de pobreza por ingresos. Actualización metodológica y resultados. El documento de la Cepal es una renovación de su propia metodología de medición. El último cálculo de esa oficina fue en 2016, pero la aclaración sobre las estadísticas argentinas son específicamente sobre las de 2014, cuando el Indec ya no publicaba datos oficiales.

Pero la Cepal no solo reconoció la subestimación de la pobreza durante el kirchnerismo. También la cuantificó en el cuadro VI.1 de la página 84 del documento. Para la pobreza extrema (indigencia), en 2014 mostraba una medición con la antigua metodología de 1,3%. Con la nueva, el recálculo fue de 3,3% (una diferencia de 1,9 puntos). Para la pobreza, la divergencia es asombrosa. La vieja metodología de la Cepal mostraba una pobreza de 2,3%. Con la nueva pasó a 24,9%. Esto quiere decir que se escondieron -retocando los índices de inflación- 22,6 puntos de pobreza.

“Las estimaciones presentadas en este documento tienen dos puntos de referencia con los cuales resulta natural efectuar una comparación: las estimaciones de pobreza elaboradas por la Cepal hasta 2015 y las estimaciones oficiales nacionales”, aclara el documento en sus resultados.

“En cuanto a lo primero, en el cuadro VI.1 se muestran los resultados correspondientes al último año para el que se dispone de las estimaciones realizadas por la Cepal sobre la base de la metodología anterior. Las nuevas estimaciones dan lugar a tasas de pobreza extrema y de pobreza más bajas que las anteriores, en la mayoría de los países”, clarifica, y concluye: “Las reducciones de mayor magnitud corresponden a los casos en que las estimaciones previas no se basaban en líneas de pobreza provenientes de una encuesta de gastos, como ocurría en Paraguay y en algunos países de Centroamérica. Entre los aumentos, el más significativo es el que se presenta en la Argentina, donde el uso de las cifras de inflación oficiales condujo a una subestimación de la pobreza”.

El Indec de Moreno dejó de dar información sobre pobreza e indigencia a fines de 2013. El último dato oficial entonces hablaba de un 4,7%. Un año después, Cristina Kirchner recibió un premio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) por “combatir el hambre”. Se lo entregó su director, José Graziano da Silva, quien en una conferencia de prensa en 2011 había admitido el rol clave de la entonces presidenta para alcanzar la dirección de la oficina de la FAO. Cristina Kirchner dijo entonces en París que la pobreza era de “menos del 5%”.

Otras entidades sí advirtieron sobre la manipulación de los datos del Indec de Moreno. El FMI emitió una moción de censura y aclaró varias veces en sus informes sobre las Perspectivas Económicas Globales que los números oficiales argentinos diferían de lo que mostraban los privados. En 2012, The Economistdejó de utilizar los números del Indec. Varias universidades públicas advirtieron que el IPC “no era creíble”.

Las justificaciones oficiales brotaron: Jorge Capitanich habló de “problemas de empalme”; Aníbal Fernández dijo que “el Estado no está para contar pobres” y que en Alemania la pobreza era mayor que en la Argentina; Axel Kicillof estimó que el Indec no publicaba el número para “no estigmatizar” a los pobres. A mediados de abril de 2018, Guillermo Moreno fue procesado en segunda instancia por manipulación.

LA NACIÓN buscó contactar a Pascual Gerstenfeld, director de la División de Estadísticas de la Cepal y exdirector de la oficina argentina, pero no tuvo respuesta. Gerstenfeld fue uno de los firmantes del documento junto a Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, y Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto. En el documento no hay participantes de la oficina local de la Cepal, que había sido reducida a la mínima expresión tras la salida de respetados economistas como Bernardo Kosacoff y Daniel Heymann, en 2011. En 2014 asumió como director en el país Martín Abeles, ex secretario de Política Económica del kirchnerismo.

LA NACIÓN /

NOTAS DE OPINIÓN:

SI CON IGUAL CUADRO EL RIESGO SUBE Y BAJA 100 PUNTOS, ENTONCES NO ES POR CRISTINA

Por Hernán De Goñi

EL CRONISTA /

https://www.cronista.com/columnistas/Si-con-igual-cuadro-el-riesgo-sube-y-baja-100-puntos-entonces-no-es-por-Cristina-20190107-0083.html

UN RECUERDO MÁS GRATO QUE UN TIRO EN LA RODILLA

Por Pablo Vaca

CLARÍN /

Christoffer Persson probablemente pensó que su mayor y mejor recuerdo del viaje serían los impresionantes paisajes de Bariloche: pocos lugares en el mundo compiten en belleza con los rincones de esa maravilla patagónica. Pero el sueco de 36 años tendrá siempre presente a la Argentina por algo completamente diferente y lo hará, literalmente, a cada paso que dé: una prótesis reemplazará la parte inferior de su pierna derecha, la que debieron amputarle por el balazo de un ladrón que quiso robarle el celular el domingo 30 de diciembre a la noche en Tacuarí y Venezuela. Incluso hay un video que le permitirá revivir ese terrible momento cuando quiera. El drama del turista escandinavo refuerza la idea, que no es ninguna sensación, de que falta mucho para controlar la inseguridad en Buenos Aires. De que un celular puede costar la vida. Más allá de las cifras (6% más detenciones en 2018 que en 2017) y las iniciativas efectistas (pistolas Taser, baja de la edad de imputabilidad) que difunden los oficialismos de Nación y Ciudad, la inseguridad es la mayor preocupación no económica de la gente. Lo explica una reciente encuesta: “inseguridad/delincuencia” aparece como el quinto principal problema, antecedido por “inflación”, “incertidumbre en la situación económica”, “aumento de la luz y el gas” y “aumento de los impuestos”. Por otro lado, el violento asalto a Persson es una mancha difícil de limpiar para el único rubro, junto al campo, que promete dar satisfacciones en el aspecto económico este año: la industria del turismo receptivo. En 2018, devaluación mediante, Argentina se convirtió en un destino barato para el resto del mundo y el mundo se dio cuenta. En diciembre pasado entraron al país 15% más de visitantes que el mismo mes de 2017.

Para 2019, el cálculo oficial es que vendrán al país 8.000.000 de turistas extranjeros, o algo menos de 8.000 millones de dólares en ingresos. Y hay que cuidarlos. Es una industria clave. En Italia, el quinto destino más visitado del mundo, unos 53 millones de turistas al año hacen que el sector genere el 10% del PBI del país. Son tantos los viajeros, de hecho, que allá están pensando en ponerles límites: Venecia aprobó un “ticket de entrada” de 10 euros (que todavía no entró en vigencia) para los turistas que no se queden a dormir en la ciudad de los canales. Pero más allá de estos excesos, el caso italiano sirve para demostrar la importancia económica del sector, al que los sucesivos gobiernos instalados en Roma apostaron como política de estado.

Hace apenas 40 años, los argentinos que “disfrutaban” de la plata dulce de Martínez de Hoz, quedaban impresionados al bajar del tren en la estación Termini por los carteles que alertaban sobre los ladrones, mal que en Buenos Aires casi no se conocía (es cierto, en plena dictadura, había otros peores).

Hoy en cambio, los porteños acostumbrados a vivir en estado de alerta al ir por la calle se asombran de la tranquilidad con la que se puede caminar en Europa entera. Para evitar casos como el del turista sueco, ya hubo reuniones entre Gustavo Santos, secretario de Turismo de la Nación, y Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño y a cargo de Seguridad desde el papelón del River-Boca. Acordaron reforzar puntos como el Obelisco, la Boca y San Telmo, entre otros. En la Ciudad, además, ponen el acento en que Buenos Aires sigue siendo, a nivel estadístico, un lugar seguro: de las 50 ciudades más violentas del mundo, 17 están en Brasil, 12 en México, 5 en Venezuela y ninguna en la Argentina.

Ocuparse a fondo de ambos temas (bajar la inseguridad, subir el ingreso de turistas) puede rendir réditos rápidos a un Gobierno necesitado de ellos. Es un año electoral con pronóstico complicado y cualquier asunto puede dar una mano inestimable.

CLARÍN /