Nuestros diputados en los medios nacionales #Síntesis901

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POLÍTICA

EN LA CASA ROSADA PIERDE FUERZA LA IDEA DE DESDOBLAR LA ELECCIÓN BONAERENSE

La posibilidad de adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires pierde terreno. Los números de las últimas encuestas que maneja el equipo de campaña que lidera el jefe de Gabinete, Marcos Peña, muestran una leve mejoría del presidente Mauricio Macri en el principal distrito electoral del país, argumento que contrasta con aquellos que promueven la separación de los comicios.

Si bien no hay ningún referente del macrismo en contra de la medida, el actual escenario de paridad en el territorio bonaerense que muestran los sondeos que circulan en los principales despachos de la Casa Rosada entre Macri y la ex presidenta Cristina Kirchner sería determinante.

El estado de deliberación permanente se mantendrá hasta finales de febrero y principios de marzo, según adelantaron fuentes oficiales. Y la resolución, en definitiva, estará en mano de dos personas: Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. E incluso, explicaron cerca del ministro coordinador, la decisión final tendrá una orientación nacional. “Siempre hubo muy pocas chances para adelantar la elección”, reconoció un importante dirigente involucrado en las definiciones.

En ese sentido, Macri recibirá el viernes en el country Cumelén, donde descansa junto a su familia, a tres de los cinco actores que deberán definir qué día se votará en sus distritos: Horacio Rodríguez Larreta (CABA) -que ya oficializó que unificará la elección porteña con la nacional-, Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Después será el turno del encuentro con Vidal y, según adelantaron fuentes oficiales, una reunión con la diputada Elisa Carrió, aunque no está definido si será con Macri o con Peña.

Otro de los puntos destacados para que la provincia mantenga su fecha actual es el terreno que está ganando en la carrera presidencial Cristina Kirchner. Es que la presencia de la ex mandataria, según detalló uno de los integrantes del equipo de campaña macrista, “potenció” todo. “Si ella (Cristina Kirchner) juega, estamos mejor. Y el resto de la oposición, con ella en la cancha, no existe”, describió el funcionario. Las posiciones del resto de los integrantes de la mesa que asesora a Macri en materia electoral son heterogéneas. Vidal y su mano derecha, el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, son más proclives al desdoblamiento, postura que comparten Rodríguez Larreta; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. En cambio Peña y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, son más escépticos.

“Todo es un tema de expectativas. Si finalmente van unificadas será una muestra de la fortaleza del Presidente”, analizó otro de los integrantes de la mesa electoral -además de Peña, Vidal, Rodríguez Larreta, De Andreis, Salvai y Frigerio también participan el vicejefe de gobierno, Diego Santilli; el vicepresidente de la Legislatura, Francisco Quintana, y el senador Humberto Schiavoni- que se reúne cada 15 días en el búnker macrista de la calle Balcarce.

En medio de la discusión interna, Frigerio marcó la postura del “ala política” de la Casa de Gobierno. “Toda la estrategia electoral debe apuntar a que Macri sea reelegido”, dijo el ministro del Interior en una entrevista con Ámbito Financiero. Según Frigerio, que será uno de los principales armadores de Pro en el país, las dos opciones “tienen pros y contras”, y agregó: “Personalmente no creo que desdoblar implique perjudicar nuestras chances a nivel nacional. Pero es un tema que considero que tenemos que debatir con seriedad”.

Otro de los que habló en las últimas horas fue el ministro de gobierno de Vidal, Joaquín de la Torre, que se mostró “a favor” de adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. “Ni siquiera es importante si desdoblar pueda convenirle a Mauricio Macri o a Cristina Kirchner o a María Eugenia Vidal, porque lo importante es que le sirva a la gente. A los bonaerenses les conviene saber a quién votan cuando votan a su intendente, su gobernador y su presidente”, destacó De la Torre. En diálogo con LA NACION, el ex intendente de San Miguel presentó además una idea ante el argumento de que desdoblar las elecciones será un gasto innecesario. “Si el problema es el gasto de la logística electoral, entonces votemos el mismo día, pero con boletas separadas para intendentes, gobernadores y presidente”, aseguró.

Y alertado de que su postura podría generar malestar en La Plata, agregó: “El desdoblamiento de las elecciones municipales es algo que planteo desde mucho antes que comenzara este debate por el desdoblamiento, porque veo que hay intendentes buenos que pierden sus elecciones e intendentes malos que ganan siempre por estar en la boleta presidencial correcta. Además, los municipios en los últimos años se fueron haciendo cargo de más y más funciones que antes eran provinciales y nacionales, pero no de la autonomía política para afrontarlas”.

LA NACIÓN /

LA PELEA ELECTORAL: ENCUESTA EXCLUSIVA: MIDIERON A 13 POTENCIALES CANDIDATOS Y REPROBARON 11

Será, como pocas veces, la elección del menos malo. O del menos rechazado. A sólo ocho meses de las primarias nacionales, la mayoría de los principales precandidatos tiene una imagen negativa que oscila entre el 60% y el 70%, según revela una encuesta a la que accedió Clarín en exclusiva. En ese lote se incluyen quienes mayores chances muestran para presidir el país entre 2019 y 2023. De 13 dirigentes, potenciales postulantes, 11 reprobaron. Casi todos.

El estudio es de Opinaia, una consultora creada en 2010 y que se diferenció de arranque por hacer mediciones online. Trabaja más para el mundo empresario y de los negocios que el político. Pero tuvo buenos pronósticos en 2015 y 2017.

“Estas encuestas las hacemos como tracking interno y para hacer difusión. Tenemos algunos clientes privados (empresas) que contratan nuestro servicio de consultoría política”, explicaron desde la consultora a este diario.

Su último trabajo incluyó un relevamiento de 2.500 casos en todo el país, entre el 11 de diciembre y el 1° de enero. Los resultados se presentan con un margen de error de 2%.

Los aprobados

Con matices, a los 13 dirigentes medidos se los menciona o mencionó como variante para la presidencial: como cabeza o al menos para integrar una fórmula. Los únicos que terminan “en verde” (con más imagen positiva que negativa) son Roberto Lavagna y María Eugenia Vidal.

El economista, para muchos el candidato tapado que necesita el peronismo para vencer a Cambiemos, suma 9% de imagen “muy positiva” y 30% de “algo positiva” contra 23% de “algo negativa” y 13% de “negativa”. Su talón de Aquiles es el desconocimiento: a más de 10 años de su salida del poder y de su fallida postulación presidencial, cuando lo nombraron un 24% aseguró que “no lo conoce”. Pero si se despeja esta variable, y sólo se tiene en cuenta a los que emitieron opinión sobre su figura (lo que se conoce como “imagen neta”), redondea un 52% positivo y un 48% negativo.

En el caso de la gobernadora, si bien la imagen neta termina con un diferencial de sólo dos puntos a favor (51% de positiva y 49% de negativa), en el país su nivel de conocimiento llega al 92%. En cuanto a la imagen desagregada, acumula un 23% de “muy positiva”, 25% de “algo positiva”, 18% de “algo negativa” y 27% de “muy negativa”.

Los reprobados

Del otro lado del tamiz, con balance en rojo, quedan 11 dirigentes. Con Martín Lousteau y Felipe Solá en las puntas, si se los ordena por su imagen negativa. El diputado ahora radical tiene 54% y el ex gobernador, 69%. En el medio aparecen Margarita Stolbizer (55%), Elisa Carrió (56%), Horacio Rodríguez Larreta (58%), Mauricio Macri (60%), Cristina Kirchner (62%), Juan Manuel Urtubey (63%), Sergio Massa (66%), Axel Kicillof (66%) y Alfredo Olmedo (68%).

El diputado salteño, aliado de Cambiemos en la Cámara baja y ya lanzado de amarillo para la presidencial, trae un plus (en contra): tiene 32% de nivel de desconocimiento y se corona como el peor en este rubro.

Cuando se analiza el detalle de las imágenes, se confirman los extremos de Cristina. Con Vidal, son las únicas que superan los 20 puntos de imagen “muy positiva” (la gobernadora tiene 23% y la ex presidenta, 21%). Pero, por otro lado, la ex mandataria bate récord de imagen “muy negativa”, con 48 puntos. Acá se emparenta con Macri: el Presidente es el otro que supera los 40 puntos de imagen “muy negativa” (tiene 42).

La intención de voto, estable

Sobre el final de su informe de 19 páginas, Opinaia presenta dos escenarios de intención de voto a Presidente. Las variantes se vinculan al peronismo federal. En un caso miden a Massa y en el otro, a Urtubey. No hay demasiadas diferencias por ahora.

Los resultados de los dos escenarios muestran la vigencia de la polarización, con un empate técnico entre Macri y Cristina. El Presidente aparece arriba por un punto en ambos casos (28 a 27 y 27 a 26). El resto sigue muy lejos: Massa está clavado en 11% y Urtubey llega a 8%. Todos números similares a los que había difundido en noviembre la consultora.

CLARÍN /

BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD DE LOS MENORES: MÁS RESISTENCIA EN DIPUTADOS QUE EN EL SENADO

La renovada intención del Gobierno de poner en debate la baja de la edad de imputabilidad de los menores, para llevarla de los 16 a los 15 años, arrancaría en el Congreso con pronóstico más que incierto. No sólo hace más de veinte años que el asunto es materia de discusión y vuelve en forma recurrente como bandera para combatir el delito, siempre sin éxito. Esta vez ni siquiera hay crimen de impacto social, como pasó en años anteriores, que genere un clima de opinión proclive a este cambio. Y justo en un año electoral en el que todos presagian que el Congreso funcionará de manera restringida, y que sólo pasarán proyectos que reúnan mucho consenso con la oposición.

En enero de 2017 también el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano empujó la baja de la edad de imputabilidad (era de 16 a 14 años) en el marco de la necesidad de avanzar con un nuevo Régimen Penal Juvenil que, todos reconocen, es una asignatura pendiente “de la democracia”. En ese año electoral Garavano buscó mostrar que la iniciativa no estaba atada a la coyuntura: dijo que la intención era votar el proyecto “después” de las elecciones. El contexto se mostraba más propicio: la sociedad estaba impactada por el asesinato de Brian Aguinaco, un chico de 14 años, por otro menor de 15 que lo había baleado desde una moto.

Pero además de las diferencias que volvió a generar en bancadas opositoras, tampoco “cerró” en el oficialismo. “La baja de la edad fue objetada desde Desarrollo Social, la Secretaría de Niñez, en línea con Unicef que no estaba de acuerdo”, recordó a Clarín una fuente oficialista, reconociendo trabas en el propio Gobierno. “Por eso hubo meses de debate y se empantanó”.

Pese a todo el Gobierno vuelve a la carga en este año electoral difícil, y se propone incluir el tema en extraordinarias. Está claro que no todo lo que pide el Presidente llega a buen puerto en el Congreso, como se vio a fines del año pasado con el fracaso de los cambios a la ley de Alquileres o el proyecto para combatir las barras bravas. Sin resultados garantizados, el envión para insistir parecen darlo las encuestas que muestran a la inseguridad como principal demanda del electorado (junto con la inflación), y la llegada al poder de Jair Bolsonaro en Brasil, exitoso con su discurso de mano dura.

Cambiemos confía en lograr acuerdos con el peronismo en el Senado, que conduce Miguel Pichetto. Más complejo asoma Diputados, donde los referentes opositores, como dio cuenta Clarín el lunes, salieron al cruce de la iniciativa, a la que consideraron “marketing” para la campaña oficialista, una “cortina de humo” frente a los problemas de la economía. Se manifestaron con críticas o reparos desde todo el arco peronista: Agustín Rossi (FpV), Pablo Kosiner (Justicialista), Graciela Camaño (FR), Felipe Solá y Daniel Arroyo (RedxArgentina), Leo Grosso (Evita), y también la izquierda.

El tema siempre dividió aguas, incluso en el kirchnerismo. En 2012 Cristina Kirchner admitió distintas posturas, avaló la media sanción que había dado el Senado (Diputados nunca lo trató) y se pronunció en favor de bajar la edad para “adecuarse a los tiempos”. “Hacer una reducción de 16 a 14 (años) parece lógico”, definió.

En 2011 el presidente de la Cámara, el kirchnerista Eduardo Fellner, había asegurado al arrancar el año legislativo que había acuerdo con la oposición por el proyecto aprobado en el Senado y que la baja de edad de imputabilidad era de “los primeros temas a tratar”. No pasó nada. Tampoco en 1997 cuando se intentó en la gestión Menem, ni en 2004 cuando el asesinato de Axel Blumberg (si bien por mayores de edad) derivó en cambios al Código Penal con endurecimiento de penas y mucho se habló de la baja de edad de imputabilidad.

Como señaló el periodista Héctor Gambini en estas páginas hace dos años, en forma de espasmos (en general crímenes resonantes protagonizados por menores) el debate se agita, “y tanto se agita que se cansa y se va a dormir un par de años más”. Se verá si pasa lo mismo esta vez.

CLARÍN / PÁGINA 12 /

AVANZA LA LEY PENAL JUVENIL Y APUNTAN A LOGRAR APOYO OPOSITOR 
El anteproyecto de Ley de Responsabilidad Juvenil bajará la edad de imputabilidad a partir de los 15 años. Las penas máximas serán de ese mismo período para delitos del Código Penal como abusos sexuales, homicidios, la provisión ilegal de armas de fuego como actividad habitual, secuestro, o quien contribuya a la comisión de delitos contra la seguridad común. La prisión preventiva, se explica, “no podrá exceder de un año”.
En el Gobierno sostienen que este proyecto “elimina el vacío legal que existe hoy”.
“Actualmente hay chicos detenidos por delitos leves y otros están por mucho tiempo con prisión preventiva”, argumentan.
Lo cierto es que la gestión de Mauricio Macri insiste con su agenda de más restricciones en seguridad. Además de este proyecto, el oficialismo evalúa agilizar las medidas para deportar inmigrantes que delinquen y reglamentar el uso de las armas no letales Taser.
El anteproyecto que baja la imputabilidad ingresaría al Senado y apunta a quienes cometan delitos entre los 15 y los 18 años de edad. A su vez, no se aplicaría a quienes cometieran delitos “reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a tres (3) años, o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal”.
Según la Casa Rosada, este proyecto le amplía el abanico de decisión a los jueces. “Pueden privar de la libertad o decidir por un tratamiento de desintoxicación o que terminen la escuela, todo con un asistente social”, comentaron. Si el juez fallara con “sanciones privativas de libertad” podrá optar por: “a) privación domiciliaria de la libertad; b) privación de la libertad durante el fin de semana; c) privación de la libertad en centro abierto; d) privación de la libertad en centro especializado de detención”.
También el magistrado puede decidir por sanciones socioeducativas o disciplinarias.
Entre las opciones figura la asistencia a programas educativos; asistencia a programas de formación ciudadana; asistencia a programas de capacitación laboral; o la participación en programas deportivos, recreativos o culturales.
En el caso de las adolescentes embarazadas o con hijos, el proyecto propone que “la privación de la libertad tendrá lugar en su domicilio, sujeta al monitoreo a través de un dispositivo electrónico y al seguimiento y control del supervisor o de quien la autoridad disponga”.
El control de las medidas de esta ley y su ejecución “estarán a cargo de órganos con capacitación especializada en el trato con adolescentes y conocimientos de los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la presente ley”. A su vez, se creará la Oficina Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia.
El proyecto original fue redactado en 2016 por quien era el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, y con el impulso del ministro Germán Garavano y de los asesores legales de Macri. Al año siguiente fue modificado por una comisión que integraron jueces, políticos como Ricardo Gil Lavedra y hasta un representante de la Unicef. También tuvieron protagonismos referentes del Ministerio de Desarrollo Social y de Seguridad. En Cambiemos consideran que el proyecto tendrá el respaldo de sectores peronistas no kirchneristas cuando entre al Congreso.

EL CRONISTA /

CRISTIAN RITONDO: “LA JUSTICIA TIENE UNA LÓGICA DE GARANTIZAR MÁS A LOS DELINCUENTES QUE A LA CIUDADANÍA”

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, habló en la noche de este martes acerca del robo a la financiera en Olivos en el que murió un agente de la bonaerense y del cual participaron, como delincuentes, dos ex policías de la Federal. También se refirió a la toma de rehenes en Devoto del lunes.

“Cuando uno ve cómo están establecidas las leyes, si bien le dan a la justicia la potestad de acortar algunas sentencias, la verdad es que hay una lógica de garantizarle a los delincuentes mucho más que a la ciudadanía”, sostuvo Ritondo en diálogo con Intratables.

Agregó: “Si bien en la PBA hay 15 mil detenidos más desde que asumimos, también es cierto que esto se repite en la Provincia como hoy (lo de Olivos), como lo de Devoto ayer, y esto hace de brazos caídos muchas veces a la policía porque el mismo delincuente lo tiene uno, dos, tres veces”.

Opinó, asimismo, acerca del debate sobre la edad de imputabilidad: “Acá lo que hay que tener en cuenta que cuando se habla de imputabilidad es en qué delitos están establecidos; acá se hablan de delitos muy graves por lo que es lógico que alguien que quien comete un delito como un homicidio, un secuestro, una violación no pueda salir al otro día, porque se entiende que a los 15 años —lo entienden todos los países vecinos— tienen razonablemente conocimiento de lo que están haciendo y la lógica es que tienen que tener algún tiempo de sanción”.

Desarrolló: “Ahora, para esto el sistema no es que va a dar una cárcel igual que a los mayores, sino que lo que se intenta es recuperarlo. Lo que hay que hacer es trabajar y evitar llegar a ese momento en que los chicos, a los 15 años, se mezclen con esto. Y tiene que ver con el sistema educativo, con los planes sociales, con salidas laborales, pero también con la lucha contra el narcotráfico, porque muchas veces están vinculados por su condición de soldaditos”.

CLARÍN /

HAY POLÉMICA: LA RIOJA ABRE EL CALENDARIO ELECTORAL EL DOMINGO 27 CON UNA CONSULTA POPULAR

El calendario electoral 2019 se inaugura a fin de este mes con la consulta popular en La Rioja, que tiene como fin ratificar o rechazar la enmienda constitucional que habilita la re-reelección del gobernador peronista, Sergio Casas. La votación ya genera revuelo: el propio vice del mandatario hace campaña por el “no”, mientras Cambiemos presentará un reclamo ante la Corte Suprema de Nación.

En diciembre, Casas consiguió que el peronismo, con ayuda de dirigentes de la UCR, apruebe una enmienda constitucional que le permite competir por un tercer mandato.

Para eso, retocó un artículo de la Constitución que le impedía volver a competir, y en paralelo, estableció un mecanismo de “consulta popular”.

La fecha para la votación quedó fijada para el domingo 27 de enero y hay diferencias en torno a la interpretación sobre la cantidad de votos que necesita para quedar aprobada. La constitución establece que “se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del treinta y cinco por ciento de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba”.

“Por eso la convocan un 27 de enero, para que la gente no vaya a votar”, aseguró a Clarín el vice gobernador de La Rioja, Néstor Bosetti, quien está en contra de la decisión y asegura que “es inconstitucional”.

Casas fue vicegobernador de Luis Beder Herrera entre 2011 y 2015. Ese año asumió como gobernador. Su mandato finaliza este año.​

Un grupo de legisladores, encabezado por la senadora radical Inés Brizuela y Doria recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia para presentar una acción judicial de inconstitucionalidad en contra de la ley de enmienda aprobada en Diputados.

Aseguran que “no respeta los procedimientos establecidos por la propia Constitución para que la modificación propuesta sea válida”.

“Estamos convencidos de que no es no , y que la Constitución no puede ser hecha un traje a medida del gobernante de turno”, declaró Brizuela y Doria.

El intendente de La Rioja, Alberto Paredes, también se manifestó en contra: “El gobernador está más preocupado por eternizarse en el poder que en los problemas cotidianos de los riojanos”, se quejó.

CLARÍN / PÁGINA 12 /

EN MEDIO DE SUS VACACIONES: MAURICIO MACRI RECIBE A LOS GOBERNADORES CORNEJO Y MORALES: QUIERE QUE UNIFIQUEN SUS ELECCIONES CON LA NACIONAL

Mauricio Macri volverá a interrumpir su descanso en Villa La Angostura para recibir a tres pesos pesado de Cambiemos. El Presidente se reunirá este viernes en la residencia en la que pasa sus vacaciones en el exclusivo barrio privado de Cumelén a los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza) y al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

No se tratará de una reunión de los gobernadores de Cambiemos. Las ausencias son tan elocuentes como las presencias. No estarán ni María Eugenia Vidal, de vacaciones en Chapadmalal, ni el correntino Gustavo Valdés.

Aunque evitan confirmarlo, el Gobierno analiza “unificar” las elecciones provinciales de Mendoza y Jujuy con las nacionales, una posibilidad que ya es un hecho en la Ciudad tras la reforma del código electoral. Vidal empuja la posibilidad de adelantar la elección bonaerense y Corrientes recién elegirá gobernador en 2021.

Mendoza y Jujuy hasta ahora figuraban en los croquis del oficialismo como distritos con elecciones anticipadas. Pero Macri necesita traccionar votos.

El escenario cambió tanto como la economía. En 2017, Morales y Cornejo pretendían atar su suerte a la del Presidente. Por esos días, en el Gobierno querían convencer al jefe de la UCR de que adelantara los comicios en su provincia -donde no podrá reelegir- para colar un triunfo oficialista en en medio de las probables derrotas en las provincias peronistas, que también desdoblarán comicios.

Tras el aciago 2018, Cornejo y Morales avanzaron en la posibilidad de desdoblar sus comicios. Sin embargo, ambos estarían dispuestos a unificar los calendarios.

El mandatario jujeño, que ya tiene un par de fechas posibles en su cabeza, ya ha dicho públicamente que los gobernadores de Cambiemos deben decidir una estrategia común para fortalecer las chances de Macri.

Su frente provincial tiene a sectores peronistas y es más amplio que Cambiemos. Sin embargo, está dispuesto a resignar hasta 10 puntos para fortalecer a Macri, que en 2015 tuvo en el norte uno de sus puntos más flojos. El margen se lo daría el voto opositor dividido entre el peronismo y la izquierda.

En Mendoza, en cambio, el PRO presiona a Cornejo con la candidatura de su primer aliado en la provincia: el intendente de Luján de Cuyo Omar De Marchi, que ya se lanzó. El jefe de la UCR pretende tener la potestad de elegir a su delfín. En el macrismo estarían dispuestos a retirarle el apoyo a De Marchi siempre y cuando Cornejo unifique el calendario. A pesar de todo, en la reunión de la mesa chica del PRO del lunes, se mostraron números alentadores de Macri en Mendoza.

La Casa Rosada, sin embargo, no presionará más de la cuenta a sus aliados. “Todo será de común acuerdo y con decisión conjunta”, dice un radical de consulta.

También participará de la reunión el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli. El formato se confirmó en las últimas horas. En un principio Larreta había sido convocado para mantener un encuentro de gestión; ahora la cumbre será de neto corte político.

El jefe de Gabinete Marcos Peña -a cargo de campaña nacional- no tenía previsto participar del cónclave, pero los gobernadores radicales pretendían convencerlo. A pesar del deseo “unificador” de la Rosada -el ministro coordinador no quiere que Vidal desdoble- un ala del oficialismo sigue sosteniendo que la mejor decisión es adelantar comicios para cortar las victorias del peronismo.

CLARÍN /

CHUBUT: EL PJ PIDIÓ QUE NO SE ADELANTEN LAS ELECCIONES

El Partido Justicialista, a través de su apoderado legal y diputado provincial Blas Meza Evans, solicitó este lunes la nulidad del proceso electoral que se desarrolla en Chubut, después de que el gobernador Mariano Arcioni dispuso que las elecciones para cargos provinciales se desdoblen del calendario nacional.

En el escrito, que será analizado por el Tribunal Electoral, Meza Evans advirtió sobre la definición que aún puede adoptar al respecto la Legislatura y también cuestionó la falta de exhibición de los padrones. Pero por otro lado y en declaraciones que reproducen medios locales, el mismo Meza Evans le pidió a Arcioni que “no sea necio” y que trabaje para la unidad de todo el peronismo porque “de lo contrario, le entregaremos la provincia a Cambiemos en las elecciones”. Un contrasentido. Arcioni irá por la reelección por el Frente Federal con el intendente de Madryn Ricardo Sastre como compañero de fórmula. Chubut es una de las 9 provincia que desdoblarán los comicios.

Sin embargo Blas Meza Evans presentó en su calidad de apoderado legal del Partido Justicialista de Chubut, un escrito por el que pide la nulidad total del proceso electoral que se puso en marcha en función del adelantamiento de los comicios provinciales dispuesto por el gobernador Mariano Arcioni para el 7 de abril en el caso de las primarias y para el 9 de junio la elección general.

El escrito será analizado hoy por el Tribunal Electoral Provincial ya que la reunión que debía celebrarse ayer fue postergada ante la imposibilidad que tenían algunos de sus miembros de llegar a tiempo al cónclave, originalmente convocado para las 11. Meza Evans alega que su presentación está basada no solo en defensa de “intereses partidarios”, sino “de incidencia colectiva” por lo que de inmediato solicitó la “nulidad del proceso electoral en marcha”.

En su escrito, el diputado recuerda que la Legislatura aún tiene pendiente una sesión extraordinaria, convocada para el 5 de febrero, para tratar las leyes vetadas por el gobernador en materia electoral. También recuerda la incompetencia en la que se declaró el juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, para tratar la discusión que quedó instalada luego de esos vetos y la insistencia de la Cámara de Diputados en algunos de ellos.

“Señalo todos estos antecedentes para advertir lo amañado, confuso y desprolijo que resulta una convocatoria que aún no se encuentra firme”, resumió el ex fiscal de Estado que también señaló que el propio Tribunal “plenamente consciente de las debilidades del proceso dictaminó en el Acta N° 1, la paralización del mismo y sin que hubiese cambios de hecho ni de derecho, volvió sobre sus pasos y puso en marcha un cronograma electoral viciado desde su origen”.

Otro de los puntos en los que está basado el pedido de nulidad del PJ es la falta de exhibición de los padrones con los ciudadanos habilitados para votar. “Con posterioridad a la convocatoria, que aún no se encuentra firme, se propagandizó un cronograma electoral que tenía como fecha inicial el 11 de diciembre de 2018” y que luego se eliminó porque a esa fecha el organismo “no tenía los padrones. Los mismos fueron recibidos recién el 17 de diciembre de 2018, suscribiéndose un acta donde consta que el trámite de acceso a los padrones lo fue a instancia de un ministro del Poder Ejecutivo, invadiendo facultades propias y exclusivas del Tribunal Electoral”, acota Meza Evans.

CLARÍN /

PROYECTO LA LLEVA A LOS 15 AÑOS: LOS MAGISTRADOS DE ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN CONTRA DE BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) emitió un documento para expresar su posición en contra de la baja de la edad de imputabilidad que propone el Gobierno. “Podemos afirmar que la reforma no reducirá por sí misma la cantidad de delitos cometidos por adolescentes, y menos los índices de la inseguridad”, aseguraron.

La agrupación reiteró las palabras que habían emitido en 2017, cuando el tema también estuvo en debate. “No pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del Estado Nacional, de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de los Municipios, del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, sostiene el texto.

En esa línea, AJUNAF sostiene que “la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de la edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana”. “La reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil no puede darse sin advertir la vulneración actual de los derechos económicos, sociales y culturales en que vive la infancia y la adolescencia de la República Argentina, donde el 48% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre según un estudio de UNICEF4 que mide la pobreza multidimensional”, señala el texto. Y agrega: “No se advierte que un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres, varones en su mayoría, que el mayor porcentaje ha cometido delitos contra la propiedad, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas, con adultos de baja calificación laboral”. Por último, afirman que “la reforma no reducirá por sí misma la cantidad de delitos cometidos por adolescentes, y menos los índices de la inseguridad”, por lo que concluyen: “La AJUNAF se opone a la baja de la edad de punibilidad, sin que previamente se introduzcan por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y de los poderes ejecutivos provinciales y municipales, políticas públicas debidamente financiadas, destinadas a mejorar y asegurar la calidad de vida -efectividad de derechos económicos, sociales y culturales- de toda la infancia y la adolescencia”.

CLARÍN /

SEGURIDAD: UN JUEZ RATIFICÓ LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PROTOCOLO DE USO DE ARMAS PARA LA POLICÍA

A través de un fallo del juez federal de Junín Héctor Pedro Plou, la Justicia ratificó este martes la constitucionalidad del protocolo de uso de armas para las fuerzas de seguridad.

Plou rechazó un recurso de amparo que presentó la asociación “Linqueños por los Derechos Humanos”. El magistrado, además, impuso las costas del juicio a esa organización.

En el fallo, el juez entiende que la denuncia es “parcial, arbitraria e inexacta”, puesto que “ignora aquellas disposiciones que contradicen su posición, aunque formen parte necesaria del articulado que cuestiona”.

La denuncia pedía que se declare inconstitucional e ilegal la Resolución No. 956/2018, mediante la cual se otorgan más libertades a los agentes federales para el uso de armas de fuego.

Según el protocolo puesto en práctica a finales del año pasado, los agentes de las fuerzas federales de seguridad podrán usar armas letales frente al delito sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa.

La resolución 956/2018, firmada el 27 de noviembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, (que entró en vigencia un día después) dispone que en cumplimiento de su deber se utilizarán armas de fuego “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”.

Así, los agentes podrán disparar sin dar la voz de alto o sin agresión previa. ​ El uso de armas letales es válido en “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” o “para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”.

En su cuenta de twitter, Ganón, dice que la decisión de Plou es “un fallo a pedir de boca del Gobierno” y demuestra que “la independencia judicial no solo te la debo sino que se exhibe como lo que siempre fue, un mito inasequible de la revolución burguesa del siglo XVIII”.

CLARÍN / PÁGINA 12 / INFOBAE /

CONCLUYERON LOS ALEGATOS EN UN JUICIO A MILAGRO SALA

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Jujuy dio por finalizada la etapa de alegatos del juicio oral y público que involucra a la dirigente social Milagro Sala y otros 29 imputados, en la causa denominada “Pibes Villeros” que investiga el presunto desvío de fondos por $60 millones, destinados a la construcción de viviendas.

En el juicio, además de Sala, hay otros 29 acusados por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración y extorsión. Entre ellos, exfuncionarios provinciales y cooperativistas. Mientras la fiscalía pidió 22 años para Sala, Matías Duarte, abogado de la dirigente, aseguró que su defendida “no se quedó con un peso, ni ella ni los otros imputados”, y que la acusación en su contra “es una creación artificial sustentada en la voluntad de los magistrados”.

En el juicio que se inició el 23 de julio de 2018, declararon unos 104 testigos y se analizaron documentos de diversos organismos y videos que se sumaron a la investigación. Desde el 29 de diciembre, la dirigente kirchnerista fue trasladada a su domicilio en el barrio Cuyaya de la capital jujeña, donde seguirá cumpliendo prisión preventiva con pulsera electrónica por diversas causas que la involucran.

LA NACIÓN / PÁGINA 12 /

EL MENSAJE DE AMADO BOUDOU DE CARA A LAS ELECCIONES: “CRISTINA PUEDE CONTAR CONMIGO PARA LO QUE SEA”

Mientras goza de la libertad que recuperó a mediados de diciembre, tras haber pasado 70 días preso en Ezeiza por la causa Ciccone, el ex vicepresidente Amado Boudou pronosticó este martes que habrá un “Gobierno distinto” a fin de año y envió un mensaje política de cara a una posible candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

Además, cuestionó la política económica del presidente Mauricio Macri y advirtió que la Argentina se encamina “a un default son ton ni son”.

“Si hay una persona que ha sufrido persecución es Cristina. Ha sido muy fuerte y también con maldad. Pero ella tiene la fortaleza, la inteligencia, el amor, y la experiencia para enfrentar lo que decida. Igual, es inexorable que el cronograma electoral esté viciado de un cronograma judicial al mismo tiempo”, analizó Boudou al ser consultado sobre si la ex mandataria será candidata en los comicios de octubre.

En ese marco, afirmó que “nunca” dejó de hacer política, “ni estando preso” y dejó un mensaje a quien acompañó en la fórmula presidencial en 2011: “Nunca dejé de participar. Hoy pareciera que solamente quien sale en televisión está haciendo política. Pero política se puede hacer de muchos lados, que tiene que ver con despojarse de lo personal. Nunca dejé de hacer esto ni siquiera preso. Cristina cuenta conmigo holgadamente para lo que sea”.

En declaraciones a radio El Destape, Boudou cuestionó además a la Justicia, dijo que las prisiones preventivas “se usaron para hacer política” y advirtió que “el paso siguiente son las sentencias truchas, y el caso Ciccone (por el que fue condenado) es una muestra clarísima de esto”.

Respecto de la situación del país, fue muy duro con el análisis económico y pronosticó que Argentina tendrá problemas con su deuda externa.

“Estoy convencido de que no tiene capacidad de cumplir el cronograma que ha armado este Gobierno. Eso lo saben. Por eso todo este disparate del FMI. El propio Presidente dice que no se puede seguir endeudando pero lo hace todos los días. El macrismo tiene un esquema endeudador que es insustentable, insostenible, y sin dudas se encamina a un default sin ton ni son”, subrayó.

CLARÍN / LA NACIÓN /

LA PELEA POR EL 2019: EL PJ BONAERENSE DESEMBARCA EN LA COSTA CON EL “OBJETIVO MAR DEL PLATA”

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires renovó la cabeza de su conducción a fin del año pasado y comenzó con un ritmo activo, con un estilo bastante distinto del rumbo que mantuvo Gustavo Menéndez, quien ocupó la presidencia hasta diciembre último.

Su sucesor en la poltrona peronista, el intendente Fernando Gray, arrancó con bríos en su rol partidario pero también, con modos diferentes al hombre de Merlo: desde el acto de asunción, con maneras de partido moderno más a la europea que a la tradición de los bombos del Tula, el intendente de Esteban Echeverría aspira a conducir los destinos del peronismo bonaerense aupado en la fuerza de los intendentes del Conurbano pero cerca de Cristina Kirchner, con quien conversa con habitualidad.

Por eso, en el arranque de 2019, el PJ bonaerense craneó una campaña en las redes, inspirado en el consejo que el conssultor Antoni Gutiérrez-Rubí le dio a Fernando Gray, en algunas charlas que el analista catalán mantiene con el alcalde de Echeverría.

Por eso, este lunes el presidente del PJ se juntó, de modo informal y en el coqueto Hotel NH de la calle Bolívar, con intendentes de las dos secciones electorales más poderosas, en términos de población: por la 1ra. sección estuvieron Alberto Descalzo (Ituzaingó), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Juan Zabaleta (Hurlingham); por la 3ra, sección asistieron Mariano Cascallares (Alte. Brown) y el anfitrión Gray.

En la cita, se estableció la “agenda de verano” del peronismo provincial y también, cómo sigue el camino de los recursos de amparo contra los aumentos tarifarios, que constan de una presentación colectiva, así como uno individual que cada uno de los alcaldes hará en los próximos días. En la agenda veraniega, los intendentes peronistas establecieron:

* Un encuentro en la Costa, que podría ser en Santa Teresita, el sábado 26 de enero. Allí se efectuará un encuentro de intendentes y del Consejo de partido, cita que por reglamento se debe realizar una vez por mes. El temor de algunos dirigentes es que pueda suceder lo mismo de citas anteriores en Santa Teresita, cuando con el peronismo ya fuera del poder, se apareció Amado Boudou y copó la parada, para desagrado hasta de los propios kirchneristas. “Tomaremos los cuidados necesarios”, señaló con elegancia uno de los dirigentes del PJ, para asegurar que no permitirán algún suceso parecido.

* Un encuentro en Mar del Plata el sábado 2 de febrero con rectores de universidades nacionales de la Provincia y de los equipos técnicos del peronismo.

* Y para el 22 de febrero, la realización del Congreso partidario en algún lugar “emblemático del conurbano bonaerense”: allí resta definir lugar pero seguramente será como desea el diputado nacional Fernando Espinoza, en su territorio de La Matanza. El ex jefe comunal es el titular del Congreso pejotista, está también anotado en la pelea por la gobernación bonaerense y quiere mostrar volumen en sus pagos, de cara a las definiciones electorales del 2019, carrera de la que también participa su socia política Verónica Magario, actual intendenta matancera.

El desafío que se establecieron los intendentes reunidos este lunes fue el “recuperar electorado”, respecto de las elecciones de 2015 y de 2017, donde el peronismo perdió ante Cambiemos. Por eso, los objetivos serían los de recuperar municipios perdidos, con Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca a la cabeza.

Mar del Plata es un claro objetivo para el peronismo por varias razones: una, reconquistar el gobierno de la Ciudad Luz, que supo ser territorio fértil como cuando el entonces gobernador Daniel Osvaldo Scioli se mostraba “como en casa”, caminando por la playa, aupado en su color naranja. Otra, es golpear en un flanco débil de Cambiemos, ya que el actual intendente Carlos Arroyo desairó días atrás a la mismísima María Eugenia Vidal,  al retirarse de un acto en la arena argumentando que el sol le molestaba.

La gobernadora aprovechó el suceso para volver a diferenciarse de la mala gestión de Arroyo y para mostrar su claro apoyo a Guillermo Montenegro: el diputado y creador de la Policía Metropolitana o de la Ciudad de Bs. As. ya está establecido en Mar del Plata, con la orden política de birlarle la intendencia al dirigente vecinal y gobernar esa ciudad desde 2019.

El peronismo aún debe definir su candidato, entre nombres como el ex intendente Gustavo Pulti (quien en las elecciones parlamentarias pasadas compitió a través del Frente Justicialista y de Acción Marplatense) o con Marcos Gutiérrez, último postulante de Unidad Ciudadana. Pero un nombre que ganó terreno es el de Fernanda Raverta, diputada nacional kirchnerista, allegada a Axel Kicillof y hoy, de extrema confianza de Máximo Kirchner y que logró vínculo directo con Cristina Kirchner en las últimas elecciones.

Otros casos donde apunta el PJ renovado es la conquista de distritos como La Plata, Bahía Blanca, Pilar, Luján, y San Vicente: en este último, ponen el antecedente de que allí ganaron las pasadas legislativas de la mano del joven dirigente Nicolás Mantegasa, quien en su foto de perfil de Twitter se muestra con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Pero un tema que también ocupó un buen rato de la charla peronista fue la última carta que analizó la mesa política de la mandataria Vidal: Gray y sus pares conversaron sobre la variable de boleta única.

Esta posibilidad que surgiría en caso de desdoblar y adelantar elecciones en el distrito bonaerense, podría recurrir a un sistema parecido al de Santa Fe. Como en ese caso el elector debe leer y elegir candidatos, tachando a quien no vota, no sería tan mal visto por varios de los intendentes peronistas: ¿habría allí un principio de acuerdo del peronismo conurbano con el vidalismo?

CLARÍN /

LA JUSTICIA CONFIRMÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA PARA LA DIPUTADA DE CAMBIEMOS AÍDA AYALA

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, confirmó este martes la prisión preventiva de la diputada Cambiemos Aída Ayala procesada por lavado de dinero. Ahora se abrirá un fuerte debate en el Congreso para definir si la desafueran para que pueda quedar detenida.

La decisión de los jueces Rocío Alcalá, María Delfina Denogens, Eduardo Ariel Belforte y Patricia García se tomó luego de que la Cámara de Casación Penal anulara hace diez días un fallo que ordenaba la prisión preventiva y le pidiera a la justicia de Chaco que emitiera un nuevo dictamen con más argumentaciones.

En el fallo los magistrados advirtieron que si bien “es cierto que la misma cuenta con arraigo personal y familiar -lo que podría neutralizar su no sometimiento ala autoridad del tribunal- los elementos reseñados  (gravedad y trascendencia económica y social de los hechos investigados) sumado a la necesidad de asegurar su comparecencia y evitar injerencias en la obstrucción del juicio toman desaconsejable, por le momento revertir el dictado de prisión preventiva en esta etapa del proceso”. De esa manera justifican el rechazo a la apelación presentada por la diputada.

Ayala es investigada por los delitos de lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Durante su gestión como intendenta de Resistencia habría beneficiado a una empresa de recolección de residuos. Los magistrados también ordenaron la preventiva para Jacinto Amato Sampayo, Daniel Alejandro Fischer, Rolando Javier Acuña, Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez.

El pedido de prisión preventiva había generado tensiones en el Congreso. Cambiemos dio los primeros pasos para cumplir el pedido judicial y empezar el proceso de desafuero y el kirchnerismo se opuso siguiendo la doctrina del PJ en el Senado que debe haber un fallo firme.

El proceso de desafuero quedó abstracto cuando hace diez días la Cámara de Casación anuló la prisión preventiva y pidió un nuevo dictamen. Con este nuevo fallo el proceso para desaforarla amenaza con volver a activarse. En CLARÍNÁMBITO FINANCIEROEL CRONISTA y PÁGINA 12 se menciona a la diputada nacional, Aída Ayala.

CLARÍN / ÁMBITO FINANCIERO / EL CRONISTA / PÁGINA 12 /

CAMBIEMOS BARAJA RENUNCIA PARA EVITAR DESAFUERO EN MARZO

La confirmación del pedido de prisión preventiva contra la diputada Aída Ayala activó las alarmas estivales del oficialismo. A pesar de una eventual apelación de la legisladora radical, los jerarcas de Cambiemos ya cranean el corto plazo para este tema: si la inminente presentación de la ex intendente de Resistencia no tiene efecto positivo, se le pedirá la renuncia para evitar un desafuero durante primeros días de marzo, cuando se inicie el período de sesiones ordinarias.

“Casación pidió un nuevo fallo y no es lo que aparece en la sentencia de la Cámara de Resistencia, por lo cual está despejado el camino para la queja o apelación. Lo que pasó en las últimas horas fue un mamarracho. Sin embargo, si la diputada no tiene éxito en su defensa, lo lógico sería que renuncie antes de marzo. Si no, durante los primeros días de sesiones ordinarias estaríamos en condiciones de avanzar con su desafuero, ya que no habrá mayor margen para estirar el tema”, señalaron a Ámbito Financiero desde la “crema” de Cambiemos.

Esta decisión reacomoda, en principio, el descontrol que existió en el bloque de Cambiemos en Diputados en 2018, desde que se inició la solicitud del desafuero de Ayala. Hasta diciembre pasado, el único socio oficialista que planteó la necesidad de avanzar con el desafuero en caso de confirmaciones de la Justicia fue la Coalición Cívica. En tanto, la Unión Cívica Radical entró en un cono de silencio y el PRO se encontró con legisladores decididos y otros muy dubitativos. Desde el comando del macrismo, Nicolás Massot y Silvia Lospennato evitaron dar precisiones en cuanto a directivas de Casa Rosada.

A fines del año pasado, Ayala dijo: “No corresponde que la Cámara de Diputados considere el pedido de desafuero requerido por la jueza -del Juzgado Federal N° 1 de la capital chaqueña, Zunilda- Niremperger mientras continúe el proceso judicial”. Además, consideró que “los imputados deben estar en libertad hasta que haya sentencia firme”.

Ese dictamen de la legisladora radical revalidó la teoría archiconocida del peronismo en el Senado, que blinda por ahora a los ex presidentes y actuales senadores Carlos Menem y a Cristina de Kirchner. Cuando se inició la causa de Ayala, Cambiemos tomó una postura institucional de avanzar con desafueros cuando los pedidos de prisión preventiva fuesen confirmados por Cámara -segunda instancia- o no apelados en primera instancia por los imputados. Esa definición fue vendida por el presidente provisional de la cámara alta, Federico Pinedo. Ayala está procesada y con pedido de prisión preventiva por una causa relacionada con la concesión de recolección de residuos en 2014, cuando era intendente de Resistencia. Los delitos involucrados son negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, y lavado de activos, entre otros cargos que aparecen en el expediente original que instruye la jueza Niremperger.

Escenarios

Si la decisión de la Justicia se mantiene firme, el desafuero de Ayala no sólo activará una fuerte trifulca dentro del oficialismo, sino también en la oposición. Para el caso de Cambiemos, la lupa estará direccionada en la UCR, quien deberá sacrificar a un soldado de su propia tropa en medio de tironeos con Casa Rosada por candidaturas en distintas provincias.

Tampoco será fácil para el antimacrismo: el PJ, que en su momento acompañó el desafuero de Julio De Vido, deberá dar explicaciones ante cualquier tipo de decisión. Si no vota, se acoplará a la teoría del justicialismo en el Senado de no mover un dedo hasta sentencia de fondo firme -Carlos Menem y Cristina de Kirchner-, pero a su vez deberá explicar por qué lo hizo antes con el ex ministro de Planificación K. Si el peronismo vota, dejará expuesto al justicialismo del Senado, tras meses de unión de legisladores de ambas cámaras para discutir diversos proyectos. En el medio aparece la UCR, que en caso de rebelión quedaría pegada al kirchnerismo en Diputados, quien sostiene una teoría similar a la del peronismo senatorial. De allí la renuncia de Ayala como solución salomónica.

“La verdad es que no sé cuándo los jueces van a resolver los planteos: si hoy, esta semana o después de la feria judicial, pero entiendo que tengo derecho a estar en libertad”, alertó Ayala en diciembre pasado. En ÁMBITO FINANCIERO se menciona a la diputada nacional, Aída Ayala.

ÁMBITO FINANCIERO /

CASACIÓN AVALÓ LAS GRABACIONES DEL CASO MALDONADO QUE COMPLICAN A REFERENTES MAPUCHES

Las grabaciones hechas a familiares y conocidos de Santiago Maldonado, por orden del juez Guido Otranto en septiembre de 2017 cuando todavía se desconocía su paradero, podrán ser utilizadas en las distintas querellas que mantiene el Gobierno contra referentes mapuches, abogados de APDH y otros militantes de diversas agrupaciones sociales que ofrecieron testimonios y pistas falsas a la Justicia Federal durante la investigación.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la apelación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, acerca de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que convalidó las escuchas ordenadas por el juez Otranto quien esperaba de esta manera esperaba obtener datos que lo condujeran al joven.

El 12 de mayo de 2018 el juez Gustavo Lleral invalidó y dispuso la destrucción de todos los registros obtenidos al considerar que afectaban los derechos a la privacidad y libertad de los individuos avalados constitucionalmente. Sin embargo, el 7 de agosto del 2018 la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia los avaló.

El CELS y la familia Maldonado apelaron con un recurso de Casación que ahora resultó rechazado por los jueces: “No se observa un supuesto de arbitrariedad en la decisión imputada, ni se ha fundamentado debidamente la cuestión federal que se invoca”, dictaminaron.

¿Qué contienen las grabaciones? Básicamente diversos diálogos entre Sergio Maldonado y Claudina Pilquiman, la madre de Lucas Naiman Pilquiman, conocido como Testigo E. También hay conversaciones entre el abogado de APDH, Fernando Cabaleiro y Ariel Garzi, el amigo de Maldonado.

En todos los casos queda en evidencia que las primeras versiones sobre que Maldonado había sido “detenido y golpeado brutalmente” por Gendarmería Nacional, avalando una desaparición forzada, fueron armadas y no se corresponde con lo sucedido el 1 de agosto de 2017, día en el cual falleció ahogado en el río Chubut.

CLARÍN /

CONTRA EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO: EL GOBIERNO LLAMÓ AL NUEVO PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE VENEZUELA Y LE OFRECIÓ “COLABORACIÓN Y APOYO”

El canciller Jorge Faurie ofreció al nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Juan Guaidó, “colaboración y apoyo” de la Argentina para que el país caribeño “recupere el orden democrático”.

Según el comunicado oficial, Faurie llamó por teléfono a Guaidó y le deseó “que Venezuela recupere el orden democrático, la plena vigencia del estado de derecho y el pleno respeto de la libertad y de los derechos humanos”.

En el diálogo, el canciller subrayó que la Argentina “reconoce a la Asamblea Nacional de Venezuela como único órgano legislativo legítimo, representando en su conformación al pueblo venezolano”.

Guaidó asumió la presidencia de la AN el sábado pasado, al cumplirse tres años de la asunción de los actuales legisladores, con holgada mayoría opositora.

Desde que el chavismo llegó al gobierno, a comienzos de 1999, es la primera vez que uno de los cinco poderes públicos de Venezuela está en manos de la oposición.

Por ese motivo, el oficialismo desconoció al parlamento mediante fallos del Tribunal Supremo de Justicia y luego con la creación de una Asamblea Nacional Constituyente integrada exclusivamente por chavistas.

El viernes pasado, 13 de los 14 países miembros del Grupo de Lima -entre ellos, la Argentina- emitieron una declaración en la que ratificaron que no reconocen la “legitimidad” del mandato que el presidente Nicolás Maduro asumirá este jueves y anunciaron que evaluarían diversas medidas para sancionar a la administración chavista. Tal como lo hace buena parte de la comunidad internacional, el Grupo de Lima desconoce los comicios de mayo pasado, en los que Maduro fue reelecto, porque en ellos no participó la mayoría de la oposición por entender que no había garantías de imparcialidad, no hubo observadores independientes y votó menos de la mitad de los ciudadanos empadronados.

CLARÍN /

POR PRIMERA VEZ EN 20 AÑOS: PIDEN DECOMISAR BIENES DE UN EX ESPÍA VINCULADO A STIUSO Y DENUNCIADO POR PROXENETA

Por primera vez en más de 20 años, una causa por la vinculación de agentes de la ex SIDE con la prostitución tuvo un avance. La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó elevar a juicio oral la causa por lavado contra Mariano Martins, hijo del ex agente de la SIDE Raúl Martins. Mientras que Ochoa junto a sus colegas María Alejandra Mángano, titular de la procuraduría contra la trata, y Marí del Carmen Chena, a cargo de la dirección de Recuperación de Activos pidieron el inmediato decomiso de las cuentas e inmuebles que compró el hijo del ex espía.

Martins fue un peso pesado en el mundo del espionaje. En los documentos de inteligencia secuestrados a fines del año pasado en la casa de Cristina Kirchner en El Calafate se encontró uno que se refería a Martins y su relación con “El Lauchón” Viale, asesinado por policías bonaerenses en el 2013 luego de que su jefe, Antonio Stiuso y el fiscal Alberto Nisman se opusieran el pacto con Irán por el atentado contra la AMIA firmado por la entonces presidenta. En esos documentos se busca vincular a Martins con el presidente Mauricio Macri y se recuerda sus relaciones con el ex juez Norberto Oyarbide. Hasta ahora Martins, quien se fue a vivir a Cancún, venía zafando de las citaciones judiciales sobre todo de la jueza María Servini quien lo investiga por supuesto proxenetismo.

En la causa contra el hijo de Martins se dio por probado que entre el 2009 y 2011, por medio de diversas operaciones bancarias y financieras y la compra-venta simulada de propiedades, puso en el mercado bienes no declarados que podrían provenir de la explotación sexual de personas llevada a cabo por su padre Raúl Martins. Por eso la fiscal Ochoa pidió al juez federal Sebastián Casanello, que cierre la instrucción de la causa contra Martins hijo, quien ya se encuentra procesado, y la pase juicio oral para que se decida si es culpable o inocente.

En su requerimiento, según fuentes judiciales consultadas por Clarín, Ochoa documentó la compra venta entre Mariano Martins y su abuela de terrenos en Villa Carlos Paz y un campo sojero en Colonia San Jorge, Santa Fe y movimientos con dólares que, a su criterio, tuvieron como “finalidad ingresar en el mercado bienes no declarados de origen ilícito vinculados presuntamente a las actividades delictivas llevadas a cabo por Martins”.

El imputado vive en Valencia, España, y en 2015 fue indagado vía exhorto y dijo desconocer que su padre “se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación laboral”. Mariano Martins afirmó que “el dinero depositado no era de mi padre, sino de mi abuela, que siempre tuvo mucho dinero”. Junto al hijo del ex espía, se investigó a su abuela, Cledi Presilla Coggiola, quien fue sobreseída en esta causa tras morir el año pasado. Esta mujer, pese a que no tenía licencia de conducir, en su vida había comprado una Fiat 125, un Fiat 128 C, y un Peugeot 207 Compact XT Premium HDI, entre otros, encontrándose autorizados para conducirlo Raúl Martins y su concubina Estela Percival. Además, la abuela registró a su nombre inmuebles ubicados en Av. Corrientes al 700 y Juan B. Justo al 5300. Además, fue presidente de las sociedades Noevi SA, Maloar SA, Picu SA y Pini Constructora Inmobiliaria SA, entre otras. La fiscal recordó Martins está siendo investigado en la causa caratulada “Percival, Natalia Beatriz y Otros s/Infracción art. 145 bis” por una denuncia del titular de La Alameda y ex legislador porteño, Gustavo Vera. Este afirmó que el bar anteriormente se denominaba “Brut” y posteriormente “Toreto”, ubicado en calle Vicente López al 2200 estaba a nombre de la sociedad uruguaya ““Queenly Saving S.A.” cuyo apoderado sería Raúl Martins, quien estaría vinculado al negocio de trata de personas y prostitución de terceros”. También denunció que en el inmueble situado en la calle Anchorena al 1100, funcionó el ““Appart Hotel Swinger Club” también propiedad de Martins, que sería un conocido prostíbulo que funcionaría bajo la apariencia de un club swinger”.

La fiscal recordó que en esa causa se libró exhorto internacional a México para que se le reciba declaración indagatoria a Raúl Martins, y se ha declarado la orden de paradero respecto de Leandro Daniel Taboada y de Ariel Luís Martins. De momento, no se ha resuelto la situación procesal de ninguno de los imputados”.

En su indagatoria, Mariano Martins aseguró que su padre “nos hizo creer que (las denuncias en su contra) provenían de enemigo de él que buscaban perjudicarlo. Mi padre siempre me generó un sentimiento entre respeto y temor. Por supuesto que creí que todo ello era falso. Nunca me involucré en los negocios de mi padre pero sabía que le habían hecho varias causas penales. Sabíamos que en el marco de esas causas penales le trabaron medidas cautelares, como embargos e inhibiciones”.

En su defensa agregó que “mi abuela Cledi venía de una familia de mucho dinero, propietaria de campos en Santa Fe. Ya había estallado el bum de la soja cuando la abuela empezó a decirnos que había que pensar en el futuro… que ella ya estaba muy vieja y que en caso de fallecer, su único heredero era nuestro padre, que estaba inhibido y embargado”.

En su coartada, Mariano Martins dijo que su abuela “nos propuso ‘saltearlo’ en la sucesión. La idea era donarnos sus bienes, pero la escribana le explicó que hacerlo como donación degradaba el valor de los mismos dado que el título sería observable, según me informó mi abuela, la escribana sugirió que se hiciera figurar una venta”.

Relató que “cuando Lorena volvió a Argentina nos empezó a contar escandalizada la realidad de las cosas. Los rumores no eran falsos. Papa era un proxeneta de proporciones desconocidas. Cuando Lorena inició su cruzada, inmediatamente nos alineamos con ella. Tanto el que suscribe, como mi madre Cristina Cancela y mi hermano Ariel (…) Con el poder que me hicieron firmar para administrar el campo, volvieron a poner a nombre de mi abuela los inmuebles objeto de este proceso. En junio de 2014, a través de mi apoderado (…) remití a Estela Percival una carta documento para que rinda cuentas de la venta hecha a mi nombre, la que jamás autoricé”. La fiscal Ochoa no le creyó y por eso pidió enviarlo a juicio oral y público. En el 2012, Lorena Martinez hizo una serie de denuncias penales y periodísticas contra su padre que tuvieron una amplia repercusión.

El delito de lavado de activos que prevé, según el artículo 303, inciso 1° del Código Penal (según Ley 26.683) una pena de 3 a 10 años de prisión.

CLARÍN /

ECONOMÍA

PROYECCIONES PARA ENERO: POR BAJA DE NAFTA Y ESTABILIDAD EN ALIMENTOS, LA INFLACIÓN DE ENERO RONDARÍA EL 2,5%

El próximo martes el INDEC difundirá la inflación de diciembre. Las estimaciones de las consultoras anticipan que el índice de precios del último mes de 2018 fue de 2,5%. Para el comienzo de 2019 esperan un resultado similar, con el registro moviéndose en un rango entre 2 y 2,6%.

Según muestra el Relevamiento de Expectativas de Mercado que difunde el Banco Central, los analistas prevén un sendero decreciente de la inflación general. Para diciembre esperan 2,7%, para enero, 2,6%; en febrero y marzo, 2,4%; 2,3% en abril; 2,2% en mayo y 2% en junio. Si la proyección de diciembre se cumple será el registro más bajo desde mayo, cuando había dado 2,1%. Detrás del nuevo piso que parece haber alcanzado la inflación está la estabilidad cambiaria, con el dólar moviéndose durante las últimas semanas cerca del piso inferior de la banda de no intervención. Además, la pérdida de poder adquisitivo le pone un freno a las remarcaciones en un verano con el consumo deprimido.

Números para enero

La consultora C&T prevé 2,5% de inflación tanto para diciembre como para enero. Sin embargo, algunos factores -como la suba de precios vinculados al turismo o una cierta recomposición salarial- podrían empujar el índice unas décimas más arriba. Desde el sitio Elypsisweb estiman 2,4% para enero. “Se mantendría en la misma línea de diciembre. Hasta ahora no hemos visto saltos importantes en rubros claves, como alimentos”, indica el economista Gabriel Zelpo.

La consultora EcoGo está calculando una inflación de 2,5% para diciembre y en la zona del 2 al 2,5% para enero. “El aumento de los precios regulados -como transporte y agua- aporta 0,6 puntos porcentuales. Y por otro lado vemos una baja sensible en el precio de las naftas que puede morigerar el ritmo de aumento de los precios”. La consultora indica que el promedio mensual de inflación para el primer trimestre se ubica en la zona de 3%, con servicios aportando 0,7 puntos porcentuales. Respecto a la evolución del precio de los alimentos EcoGo señala que “hasta el momento, la primera semana que relevamos nos dio una leve desaceleración respecto a la última de diciembre. Esto podría deberse a las subas estacionales de precios para las Fiestas”. Lo que ocurra con los alimentos está directamente vinculado con el dólar. “La dinámica cambiaria va a explicar en gran medida la variación sobre los precios de los alimentos. Con un dólar calmo posiblemente viajen a una inflación inercial entre 1,5 a 2%. En diciembre, alimentos nos dio bastante bajo aunque deja un arrastre de 0,7% para enero, lo que marca una suerte de piso”.

Para todo 2019, el REM pronostica una inflación de 27,8%. El alza que tuvo el dólar en los últimos días de diciembre sumado al esquema de aumentos tarifarios anunciado por el Gobierno llevaron la proyección de inflación 1,2 puntos porcentuales por encima de la estimación que los mismos analistas habían efectuado en noviembre pasado.

CLARÍN /

EL GOBIERNO RENOVÓ TOTALMENTE UNA DEUDA EN DÓLARES QUE VENCÍA

El Gobierno arrancó con buen pie su programa financiero 2019 al renovar ayer totalmente un vencimiento de deuda local por US$ 950 millones, en una subasta en la que comenzó a regir la norma que impide utilizar las emisiones de bonos como plataforma para dolarizar ahorros a plazo. La administración Macri favoreció este mecanismo por dos años, en línea con su creencia de que “lloverían dólares” a la economía; incluso lo sostuvo durante el último semestre, aun cuando ya había quedado claro que lo que el discurso oficial definió como una “tormenta” era, en realidad, producto de una “sequía” en la materia.

El dato de ayer confirma que el Tesoro mantiene un buen acceso al mercado doméstico, algo que había quedado en claro en los últimos meses cuando, en sus colocaciones de deuda locales, pudo bajar del 60 al 46% su necesidad de refinanciar vencimientos en el corto plazo, contando con que el resto de los fondos que se necesitan ya están cubiertos por el crédito stand-bydel FMI.

Estas colocaciones son un canal de financiamiento vital, de cara a un cargado cronograma que contempla un mínimo de 32 colocaciones más de deuda (21 de letras en dólares y 12 de letras capitalizables en pesos) calzadas con sus respectivos vencimientos, además de la pactada ayer. La licitación de ayer fue convocada para cubrir el vencimiento de una letra del Tesoro (LETE) por US$950 millones emitida hace un año a una tasa del 3,1% anual y ampliada hace seis meses a un interés del 4,20%. Un cuarto del volumen estaba en manos de extranjeros. En busca de los billetes para afrontar el pago, el Gobierno ofertó otra LETE a vencer en 217 días (el 16 de agosto) a una tasa del 4,75% anual, y recibió 7185 órdenes de compra por un total de US$974 millones. De este total, “se adjudicaron US$950 millones”, informó el Ministerio de Hacienda en un comunicado, y LA NACION pudo establecer que el 70% de los que refinanciaron fueron inversores privados, de lo que se deduce que el resto fueron suscripciones de organismos públicos.

LA NACIÓN /

COLCHÓN DE DÓLARES Y PPP “DE A PUCHITOS”, CLAVES DEL ACTUALIZADO PLAN FINANCIERO

Las obras públicas se financiarán con aportes más bajos de organismos; confianza para bajar la exposición en 2020

Transparencia, luego de las críticas al Gobierno por no hacer públicos los números finos de las finanzas del país en tiempos de corrida cambiaria. Pero también el envío de algunos mensajes clarificadores al mercado durante un año electoral. Ese fue el objetivo de la publicación, anteayer, de un renovado programa financiero. Entre los principales mensajes que buscó enviar el Gobierno hay dos fundamentales: el primero, que contará con un colchón “significativo” de dólares para atravesar el año de elecciones. La Secretaría de Finanzas, que conduce Santiago Bausili, proyecta que reducirán las necesidades para 2020, cuando los recursos del FMI ya no serían tan holgados para cubrir las necesidades oficiales.

Segundo, según describieron ayer fuentes oficiales a LA NACIÓN, los programas de participación-público-privada (PPP) sí tendrán su financiamiento para empujar la obra pública, pero llegarán “de a puchitos”, situación que aportará para no estresar la necesidad de divisas en tiempos de mercados financieros externos prácticamente cerrados para el país. Esos dólares, estiman en el Gobierno, podrían ser aportados por otros organismos multilaterales de crédito con buena relación con la Argentina.

“El programa financiero para 2019 continúa mostrando que no hay una necesidad de recurrir a financiamiento en el mercado internacional de capitales”, indica la síntesis del programa financiero publicado anteayer en la web del ministerio. Básicamente, es la ratificación de que los dólares del FMI alcanzan para no tener que salir al mercado voluntario de crédito. Hasta diciembre, ya se desembolsaron más de US$28.000 millones. En marzo llegarán más de US$10.800 millones más tras una nueva revisión del acuerdo. Según creen en Hacienda, hasta ese mes el Tesoro no requeriría vender dólares (vendió en diciembre) y los pesos para hacer frente a los gastos corrientes alcanzan. Luego debería vender entre US$8000 y US$12.000 millones. A esas divisas se les sumarían los dólares de la cosecha y una menor presión por “la limpieza” que hizo el Banco Central de los US$4000 millones en futuros que hoy se redujeron a cero. “Esto demuestra que tenemos herramientas para llegar tranquilos”, confiaron.

“El mecanismo para la conversión de los dólares necesarios para afrontar gastos en pesos será anunciado durante el primer trimestre de 2019”, indica el documento elaborado por Finanzas.

LA NACIÓN /

BANDAS CAMBIARIAS: CUÁL ES EL PISO OFICIAL DEL DÓLAR PARA LOS PRÓXIMOS MESES

Cuándo el 1 de octubre arrancó la nueva política del Banco Central y se fijó la banda cambiaria de no intervención todos miraban más el techo de $ 44 que el piso de $ 34 (en el mercado mayorista). Durante el último trimestre del año pasado, la banda se fue actualizando a un 3% mensual día por día, hasta cerrar 2018 en $ 37,12 y $ 48,08. Pero, a principios de diciembre, la entidad monetaria redujo el ritmo de actualización a 2% hasta marzo. Esto quiere decir que, a fin del primer trimestre, el valor mínimo de la banda será de $ 39,39. El techo en tanto, que ahora parece demasiado lejano, llegará a $ 50,97, una suba de más de 35% respecto del valor actual de $ 37,30. A fines de enero, los límites que tendrá la banda serán de entre $ 37,86 y $ 48,99, a fines de febrero, entre $ 38,61 y $ 49,97 hasta llegar a fin de marzo al $ 39,39 y $ 50,97. El menor ritmo de ajuste tiene que ver con una desaceleración de la inflación esperada por el mercado y el Banco Central. Con la banda se busca que el tipo de cambio no se atrase, como sucedió durante 2017.

Según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, el Central no puede ya comprar y vender dólares cuando lo desee. Tiene que hacerlo solo cuando la divisa se escapa de las bandas de no intervención Así, si el dólar llega al límite superior de la banda, el BCRA saldrá a vender hasta US$ 150 millones diarios (aunque ya dijo que lo hará por hasta US$ 50 millones). Al contrario, si se perfora el piso, como sucedió el lunes y podría pasar este martes, el Central podrá comprar divisas, mediante un mecanismo de subastas, por hasta US$ 50 millones. Los pesos que inyecte podrán no ser absorbidos en la licitación diaria de Letras de Liquidez. Aunque por ahora en 2019 continúa la tendencia del dólar de mantenerse en el piso de la banda, la incertidumbre electoral podría hacer que se desplace hacia arriba, por la costumbre de dolarizar los portafolios más cerca de los comicios.

CLARÍN /

INFLACIÓN: PRECIOS CUIDADOS: SUBEN 4,4% EN PROMEDIO PERO HAY ALZAS QUE LLEGAN HASTA 18%

A cinco años de su implementación, el programa de Precios Cuidados, ideado para contener la inflación en los productos de consumo masivo, volvió a extenderse, hasta el 6 de mayo. El nuevo listado incluye un aumento promedio del 4,42% respecto de septiembre del año pasado, según informó la Secretaría de Comercio Interior. No obstante, según un comparativo respecto del listado anterior, Clarín constató subas bastante más altas. En total, el programa suma 566 productos para compras en híper y supermercados y 221 en las bocas mayoristas, las que se unieron al programa en septiembre del año pasado, junto con los supermercados del interior del país. Según informó Comercio, este miércoles los productos están disponibles en 2.555 puntos de venta de más de 44 cadenas de supermercados de todo el país, nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos, (ASU) la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA). “En la nueva lista se incorporan opciones de agua mineral, mermeladas, galletitas, gaseosas, yerbas, fideos, yogures y quesos crema, entre otros, y se mantienen las ofertas de productos sin TACC. También estarán disponibles en más de 73 sucursales mayoristas de las cadenas Yaguar, Makro, MaxiConsumo y Nini que abastecen a comercios de proximidad de todo el país”, señaló la secretaría de Comercio en un comunicado.

“En esta renovación, se mantienen 302 productos del surtido anterior con un aumento promedio de 4,42% con respecto a los precios de septiembre”, informó esa cartera. Sin embargo, resulta difícil establecer las subas en los precios dado que los productos fueron rotando entre canastas y canastas. Entre los que se mantienen (mismas marcas), pueden constatarse otro nivel de incrementos, más allá del 4,42%. Por ejemplo: el aceite de girasol de 500 ml que en septiembre costaba $33, subió a $38,32, es decir 18%. El pan lactal de mesa, se encareció 17% en el mismo lapso; la yerba de 1 kilo, aumentó de $86 a $91,16 (6%); la cerveza, 9% y una de las gaseosas incluidas en el listado, (lima limón de 1,5 litros) pasó de $50 a $55 en los últimos cuatro meses.

CLARÍN / EL CRONISTA /

NOTAS DE OPINIÓN:

LA INSEGURIDAD, UNA MORDAZA PARA LOS K

Por Eduardo van der Kooy

CLARÍN /

El empeño que el Gobierno coloca en la instalación pública de una agenda sobre seguridad podría reconocer tres virtudes políticas. Se trata, en efecto, de una seria preocupación que atraviesa de modo vertical la pirámide social. Evitaría el monopolio, por otra parte, del malestar popular por la crisis económica que los anuncios oficiales sobre los futuros aumentos de tarifas ayudaron a potenciar. Incrusta como inicio de campaña electoral, con la fugacidad que todo posee en la Argentina, una cuestión muy incómoda para la principal oposición. De hecho, casi no se escucharon voces peronistas o kirchneristas a medida que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comenzó a descubrir su programa.

Antes de que eso sucediera se registró un estrechamiento de filas en el macrismo. Condición indispensable para promover una batería de medidas que, con certeza, abrirá algunas discusiones con los socios radicales y de la Coalición Cívica que conforman Cambiemos. Elisa Carrió puso el grito en el cielo cuando Bullrich anunció la flexibilización del protocolo policial para el uso de armas de fuego durante la persecución de delincuentes. Hasta llegó a tildarlo de fascista.

La novedad fue la tregua sellada entre Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Seguridad. Siempre existieron diferencias entre ellos sobre la rigurosidad para enfrentar las manifestaciones callejeras. Ese clima fue virando después de un episodio bisagra: los incidentes que forzaron el 9 de diciembre la suspensión del partido entre River y Boca por la Copa Libertadores. Que se terminó dirimiendo en Madrid. Se produjo la salida de Martín Ocampo como ministro de Seguridad porteño. Esas funciones fueron absorbidas por el vicejefe de la administración, Diego Santilli.

El funcionario se convirtió en un nexo directo con Bullrich. Sin las intermediaciones que muchas veces sufrió Ocampo. Propiciadas incluso desde adentro del Gabinete nacional. Santilli recibió la venia de Rodríguez Larreta. El primer examen importante pasó con éxito. El Gobierno anunció a compra de 300 pistolas Taser. Un mecanismo de electrochoque para ser utilizado en aeropuertos y estaciones de trenes. Difícil que suceda en el primer caso, por la cantidad de controles naturales existentes. Probable que pueda ocurrir en el segundo donde no suelen verse más que algunos efectivos de la Policía de la Ciudad o bonaerenses. El debate sobre las pistolas Taser se había dado en la Ciudad en el 2016.

Santilli habló de la cuestión con la ministra y con su jefe directo, Rodríguez Larreta. La idea del vicejefe, para arrancar, sería lograr ponerlas en uso en las estaciones de subte. Donde cotidianamente se cometen delitos. Los responsables, en medio del gentío, prácticamente nunca pueden ser reducidos.

El dilema de las pistolas Taser y la problemática general de la seguridad parece provocar un vacío ostensible en el discurso kirchnerista-peronista. Las diferencias, en ese sentido, afloraron durante la década pasada. En 2015 Sergio Berni, por entonces secretario de Seguridad de Cristina Fernández, opinó que la manipulación de las Taser es viable en lugares específicos. Como ahora propone el Gobierno. En ese momento mantuvo un contrapunto con Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, quien se opuso. Quizás estimulado sólo por el afán de confrontación política contra quien ejercía la intendencia y apuntaba a la Casa Rosada: Mauricio Macri.

Desde que el kirchnerismo pasó a la oposición, Berni ha quedado casi como la única voz autorizada sobre seguridad. Su prédica dista de aferrarse al garantismo que impuso entre los K las tesis del ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni. Berni cuestionó el nuevo protocolo policial de Bullrich. “Es humo”, graficó. Pero hizo, a la par, admisiones que erizaron la dócil sensibilidad del kirchnerismo. Acostumbrado a relatar que durante su decanato se habían registrado poquísimas víctimas. Berni contó que “bastantes veces” tuvo que matar a delincuentes. O que tuvo que dar esas órdenes para que la víctima fuera salvada. Agregó que la prioridad es siempre “salvar a la víctima y defender a la autoridad”. La ministra Bullrich, tal vez, no hubiera sido tan eficaz con la misma explicación.

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), compuesta por nucleamientos afines a la centro-izquierda, informó que entre el 2003 y el 2015 murieron 3.070 personas por torturas y gatillo fácil. Aseguró que 21 militantes sociales resultaron asesinados por fuerzas de seguridad en actos represivos. Y que fueron 70 los desaparecidos durante la década kirchnerista. Se trata de la misma organización que ahora sostiene que una persona desarmada muere en la Argentina cada 22 horas. Palazo para el macrismo. No está claro, sin embargo, cómo sería la metodología para concluir en esas estadísticas. Pero revela, en cualquier caso y circunstancia histórica, de que la violencia es un fenómeno permanente en nuestra sociedad.

Bullrich completó su menú de los últimos días con otros anuncios. La creación de un ejército de reservistas. ¿Con qué presupuesto?, valdría interrogar. Agregó un asunto de vieja data que suele quedar en la nada: el proyecto para bajar la edad de la imputabilidad. Ya dividió varias veces las aguas en el Congreso. El broche estaría a cargo de la expulsión de los extranjeros descubiertos en situación de delito. Explicó que en el último tiempo “sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante”. Llegaría al 20% de los detenidos.

De nuevo, el soporte dialéctico más sólido que podría encontrar el Gobierno emergería del kirchnerismo. Allí los sectores que se proclaman progresistas aluden al supuesto riesgo de la xenofobia. La carga de culpas sobre los inmigrantes. Pero no constituye la única mirada. Ya en octubre del 2014 Berni aseguró que el país está “infectado” por delincuentes extranjeros. Dijo, entonces, que se trataba de un conflicto que tenía, al menos, tres años de antigüedad (2011). Que, entre varias razones, obedecía al amparo de la laxitud judicial.

Su sinceramiento ocurrió el día en que el fiscal Carlos Stornelli resultó acorralado por 12 asaltantes colombianos en la Autopista Illía. A cuadras del Obelisco. También blanqueó que la inseguridad “es un problema real, ninguna sensación de nada”. Otro tiro por elevación para Aníbal, numen de aquella frase necia y célebre.

A decir verdad, en esa oportunidad Berni no se estuvo solo. El entonces ministro de Seguridad de Daniel Scioli, Alejandro Granados, ahora de nuevo intendente de Ezeiza, manifestó su “acuerdo total” sobre la deportación de extranjeros que participen en delitos. El jefe de la bancada Argentina Federal, del Senado, Miguel Pichetto hizo el año pasado una propuesta similar después de los incidentes que rodearon el tratamiento del Presupuesto.

Pichetto integra junto a Juan Schiaretti, de Córdoba, Juan Manuel Urtubey, de Salta  y Sergio Massa, el espacio que congrega a otros gobernadores pejotistas que hurgan una alternativa electoral que se diferencie de Cristina. El ex diputado del Frente Renovador prefiere por ahora no hablar sobre la agenda de inseguridad del Gobierno. ¿Por qué comparte más de lo que disiente? Difícil saberlo hasta que no se arranque, como otros, la mordaza.

CLARÍN /

LA SOFISTICADA ESTRATEGIA JURÍDICA QUE LE EVITÓ A MACRI UN FRACASO EN EE. UU.

Por Carlos Pagni

LA NACIÓN /

Mauricio Macri sigue sacando ventajas del incierto contexto regional en el que está enmarcada su gestión. Su gobierno evitó un fracaso en la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se trata el reclamo del fondo Burford y de la familia Eskenazi contra la Argentina. Fue gracias a una sofisticada estrategia jurídica. Pero, también, al respaldo que sigue obteniendo entre actores decisivos de la comunidad internacional.

El pleito se origina en el procedimiento de Cristina Kirchner para estatizar la participación de Repsol en YPF Es un conflicto importante desde el punto de vista fiscal: la demanda ronda los 3000 millones de dólares. Pero, también, desde la perspectiva política.

En las instancias por venir podrían salir a la luz los pormenores de una de las operaciones económicas más oscuras emprendidas por  Néstor Kirchner y su entorno empresarial. La desenfadada saga de los Eskenazi en YPF permite calibrar, como ningún otro episodio, la ensoñación de poder y lucro que anidaba en la cabeza del expresidente.

Burford Capital es un fondo liderado por abogados, que se especializa en litigios financieros. El 4 de marzo de 2015 compró, en 15 millones de euros, los derechos de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que están en quiebra, para demandar a la República Argentina y a YPF porque en la estatización de la petrolera se habría violado el estatuto societario, que obligaba a realizar una oferta por la totalidad de la compañía.

Petersen Energía y Petersen Energía Inversora son las dos compañías españolas a través de las cuales los Eskenazi entraron, de la mano de Kirchner, a YPF. Burford se comprometió a retribuir a esa familia con el 30% del resultado del juicio. Los Eskenazi dejan trascender, siempre por voceros anónimos, que no tienen interés en este pleito. Difícil creerles. El caso se llama “Petersen Energía Inversora vs. Argentine Republic”. Los que litigan contra el país son Burford y los Eskenazi.

En los tribunales de Nueva York se enfrentan dos argumentos. El de Burford y los Eskenazi, que piden que se respete el estatuto privado de YPF. Y el de la República Argentina, que aduce que, al ser la estatización un acto soberano, basado en la prevalencia de una ley del Congreso sobre un contrato entre socios, corresponde aplicar la inmunidad que Estados Unidos reconoce a los Estados extranjeros.

Anteayer, la Argentina obtuvo un triunfo considerable, sobre todo si se observa la situación en la que llegó a la Corte: los demandantes habían tenido éxito en primera y segunda instancia. Burford y los Eskenazi se habían beneficiado del marco político en el que comenzaron a litigar.

El Estado argentino, en pleno conflicto con los holdouts, era un actor indeseable en los tribunales neoyorquinos. Además, la procuradora del Tesoro de Cristina Kirchner, Angelina Abonna, había sido amonestada por la jueza Loretta Preska por los malos tratos y las amenazas dirigidos hacia su contraparte. Para que el fracaso sea perfecto, el estudio Cleary Gottlieb, que desistió de representar a la Argentina para patrocinar a los Eskenazi, recomendó como defensor al bufete Akerman, de Miami. En una demostración más de fervor patriótico, el kirchnerismo aceptó el abogado que le recomendaba su contrincante.

A mediados de 2017, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, director de YPF y responsable del frente jurídico de esa compañía, debió rescatar el caso de ese lodazal. Se apoyó en Bernardo Saravia Frías, quien pasó de ser responsable legal del Ministerio de Hacienda a desempeñarse como procurador del Tesoro. Ambos intentaron revertir la derrota cambiando de patrocinantes y desplegando una estrategia sostenida en tres criterios.

El primero, recurrir a la mencionada inmunidad soberana. A pesar de una fragilidad: en el decreto de estatización no se explicitó que se desconocía el estatuto debido a que la ley del Congreso tenía más jerarquía. Un olvido, también patriótico, del entonces secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Hoy Zannini es director del Banco de Santa Cruz, de la familia Eskenazi, en representación del gobierno de Alicia Kirchner.

El segundo alegato de los abogados de la Argentina estaba vedado para el kirchnerismo. Consiste en demostrar que los supuestos derechos de los Eskenazi no se originan en una aséptica operación comercial. Ellos se hicieron del 25% de YPF por la presión extorsiva de Kirchner, con recursos procedentes de la misma compañía y también de un crédito cuyos fondos están rodeados de enigmas. Es decir: el ingreso de los Eskenazi en la empresa fue una maniobra opaca, típica de gobiernos corroídos por la corrupción.

Kirchner quiso, a través de ellos controlar YPF, como en 2010 pretendió hacer lo mismo con Telecom, a través de Ernesto Gutiérrez y de los Werthein. En diciembre de 2011, su viuda rompió con Sebastián Eskenazi. Se lo presentó como un enfrentamiento energético. Para muchos, entre ellos, Antonio Brufau, el presidente de Repsol, fue un entredicho patrimonial. Al mismo tiempo caía en desgracia Francisco Larcher, mandamás de la Secretaría de Inteligencia y principal amigo de la familia después de Kirchner. Larcher es elalter ego de Silvia Majdalani, quien heredó su cargo con Macri.

El tercer paso del enfoque de Rodríguez Simón y Saravia fue solicitar la intervención de otros Estados como amicus curiae. Esta gestión fue liderada por el canciller Jorge Faurie, en las Naciones Unidas, el 22 de octubre pasado. Así se logró que dos socios comerciales de Estados Unidos, como Chile y México, avalen la posición argentina en Washington. Como parte de la misma jugada, se pidió al tribunal que reclamara la opinión delsolicitor general, el abogado del gobierno norteamericano ante la Justicia.

La Corte accedió a este requerimiento. Fue una victoria de los abogados argentinos, que quedó reflejada en la caída de la acción de Burford, durante las últimas 48 horas, en la Bolsa de Londres. El solicitor general, Noel Francisco, que responde a Donald Trump, no tiene plazo para pronunciarse. Cabe suponer que la diplomacia argentina actuará para influir sobre su opinión.

Si la Corte rechazara los planteos de la Argentina, el caso podría volverse mucho más ruidoso. El gobierno de Macri pedirá a la jueza Preska que aplique undiscovery. Se trata de un procedimiento habitual del derecho anglosajón, por el cual se obliga a alguna de las partes a exhibir todos los documentos y comunicaciones que sirvan de evidencia a la pesquisa.

Sería la primera vez en que el escandaloso desembarco de los Eskenazi en YPF sería investigado. En plena campaña electoral, agregaría una incomodidad a la expresidenta, pero también a Sergio Massa, cuya intimidad con esa familia casi iguala a la de Néstor Kirchner. Es una continuidad interesante: Massa heredó más amigos empresariales de Kirchner que su propia viuda. Y eso que, según confesó en mayo de 2015, la corrupción le da asco.

Aquella operación está llena de peculiaridades sospechosas. Una es que Repsol eligiera como socio a un grupo sin antecedentes energéticos. Y cuyo rasgo principal era una vinculación tan estrecha con los Kirchner, que el matrimonio justificó su prodigioso enriquecimiento en los generosos créditos que les ofrecía el banco de los Eskenazi. En un rasgo de sinceridad, Brufau admitió que tuvo en consideración estos vínculos cuando caracterizó a Enrique Eskenazi como “experto en mercados regulados”. Eskenazi sonrió. Creyó que lo elogiaban.

También fue extravagante el modo en que los Eskenazi adquirieron su participación: Repsol la cobraba con dividendos de la misma YPF. Brufau fue tan pródigo que postergó una distribución de esas remuneraciones para que la familia hiciera el primer pago con ganancias de un período en el que aún no era accionista. Con ese método, también Repsol retiraba beneficios que invertía en otros países.

El resto de los fondos fueron provistos por bancos. Sobre todo por Crédit Suisse, donde gravitaba Pedro Chomnalez, amigo de la infancia de Sebastián Eskenazi. Aldo Ducler, agente financiero de Santa Cruz con Kirchner, sostuvo antes de morir que ese banco administraba los fondos que esa provincia había obtenido por la privatización de YPF hecha por Carlos Menem. La sombría historia del peronismo contemporáneo en relación con esa petrolera pide a gritos un autor.

A pesar de que la entrada de los Eskenazi se presentó como una “argentinización” de YPF, las empresas que adquirieron las acciones eran españolas y estaban controladas por una misteriosa sociedad australiana. Esas compañías españolas, que están en quiebra, esperan ahora que la Argentina les pague 1000 millones de dólares por derechos adquiridos sin dinero. Cuánto que aprender…

Uno de los acreedores de las sociedades Petersen es Repsol. El detalle es crucial: cuando cobró su resarcimiento por la expropiación, Repsol renunció a cualquier reclamo, propio o mediado por terceros, contra la Argentina. Si algo de la plata que, llegado el caso, cobraran los Eskenazi fuera a Repsol, aquel acuerdo se anularía y el dinero pagado por Cristina Kirchner debería volver a las arcas de la Argentina.

La expertise que deslumbró a Brufau es más eficiente en el “mercado regulado” de Comodoro Py. Los Eskenazi han logrado que no se los investigue durante años. El juez Ariel Lijo ayer hizo trascender, orgulloso, que comenzará las pericias para desentrañar si hubo delito en la adquisición del 25% de YPF. Es por una denuncia que la infatigable Elisa Carrió realizó hace 12 años. En aquel tiempo, esa impresentable “donación” interesó a pocos dirigentes. Entre ellos, estuvieron, además de Carrió, Eduardo Amadeo, Pino Solanas, Lidia “Pinky” Satragno y Federico Pinedo.

La misma protección judicial que ofreció Lijo parece corroborarse en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno. Versiones tan confiables como insistentes afirman que el financista Ernesto Clarens y el constructor Juan Chediack mencionaron a los Eskenazi como los principales administradores del dinero negro del kirchnerismo. Pero que en el juzgado les indicaron que debían abstenerse de esa confesión si querían conseguir la excarcelación. Chediack se lo habría informado a Mauricio Macri. El juez Claudio Bonadio fue fotografiado mientras comía con Sebastián Eskenazi en La Pecora Nera.

La Cámara Federal habría dado crédito a esas versiones cuando ordenó a Bonadio estudiar a esa familia. La presunción de que la causa de los cuadernos pueda ser manipulada se agigantó en las últimas semanas. Colaboradores inmediatos de la señora de Kirchner prestan atención a la demora del juez en convalidar el testimonio del exministro santacruceño Juan Manuel Campillo. Creen que Campillo estaría siendo forzado a formular acusaciones artificiales. Les inquieta la proximidad al expediente del abogado Santiago Blanco Bermúdez, defensor del tenebroso Antonio Stiuso. Y un dato ínfimo: que Campillo estaría involucrando a Isidro Bounine, quien fue secretario de la expresidenta.

Varios ex funcionarios de Cristina Kirchner están convencidos de que, cuando todavía estaba en el gobierno, Bounine actuaba como informante de Larcher y de Stiuso. En el Instituto Patria se hacen esta pregunta: ¿seguirá todavía a las órdenes del espía jubilado? Y esta otra: ¿tendrán algo que ver con la investigación de Bonadio las empresas constructoras del propio Stiuso? Como suele suceder en los divorcios, el conflicto del kirchnerismo con Stiuso se ha vuelto interminable.

LA NACIÓN /

LAS LOW COST Y LOS GREMIOS HIGH COST

Por Ricardo Roa

CLARÍN /

No sólo para los que viajan en avión, la noticia de que el Gobierno autorizó un sindicato de empresa en Flybondi es un sencillo y único interrogante: qué significa o significará.

Por el momento, evitar o tratar de evitar que el peso de la mochila gremial le doble la espalda a una low cost que en un año ya transporta al 10% de los pasajeros locales. Se ha expandido hasta convertirse en el tercer operador, detrás de Aerolíneas y Latam.

Hay otra cosa por debajo que no se ve pero que todo el que quiera puede ver: si será sólo una cuña en el poder del dividido mosaico gremial aeronáutico o un paso contra el modelo argentino de sindicato único.

Los sindicatos de empresa son pocos y son legales. Y son muy cuestionados por el sindicalismo peronista. En la forma los considera una maniobra para debilitar la defensa de los trabajadores y el poder de negociación de los trabajadores. En los hechos lo que implica es debilitar su propio poder.

El sindicato de Flybondi está en proceso de inscripción. Debe presentar estatutos y sobre todo cantidad suficiente de afiliados. Recién entonces podrá tener delegados. Pero aun así le faltará completar otro trámite. O mejor dicho, el trámite principal: la personería gremial, la credencial única concedida por el Estado que permite discutir con la empresa salarios y condiciones de trabajo.

En ninguna actividad operan tantos gremios como en las aerolíneas. Ocho en total, seis con personería gremial y otros dos sólo con personería jurídica. Sus dirigentes compiten y hacen alianzas todo el tiempo y se alinean con diferentes grupos políticos. Para las empresas es un sistema inmanejable: cualquiera puede frenar o entorpecer los vuelos y eso se ve todo el tiempo.

En 2018 hubo siete paros totales, varios d ellos salvajes. Predominan gremialistas opositores al Gobierno. Kirchneristas en su mayoría, otros cercanos a Moyano y otros antimacristas viscerales de la CTA. En esa constelación brilla Pablo Biró, una rareza por duplicado: cristinista y desaforado en un sindicato casi aristocrático como el de los pilotos.

Biró milita en la Corriente Federal a la que ahora se acercó Ricardo Cirielli de los técnicos (APTA), ex barrionuevista y funcionario con Kirchner a quien en su momento denunció por corrupción. Juan Pablo Brey, de los Aeronavegantes (AAA) está con Moyano y Edgardo Llana, de los maleteros de APA es el segundo de Yasky en la CTA. Rubén Fernández, de los jerárquicos, es independiente como Cristian Erhardt, de los pilotos de Austral.

Por fuera de estos seis gremios con personería gremial, dentro de Latam hay otros dos sólo con personería jurídica: ATCPEA que compite por los tripulantes de cabina con la AAA y USTARA que le pelea a APTA el encuadramiento de los técnicos de vuelo. Perdón por este barullo de siglas.

Pocas cosas del peronismo han sobrevivido intactas tanto tiempo como el modelo sindical. En la base de toda esa arquitectura está la personería gremial única y está la histórica alianza del PJ con el sindicalismo.

El caso Flybondi guarda analogías con el de los metrodelegados, que armaron un sindicato de empresa en pelea con la UTA. Y también una diferencia: la de los metrodelegados es una estructura surgida desde abajo. En Flybondi, la mano parece venir al revés.

Las low cost meten ruido y competencia a fondo en el mercado y en el mundo sindical. Pero es un proceso que llegó para quedarse.

CLARÍN /

POLÉMICA POR LA DEUDA: ¿Y CUÁNDO EMPEZARÁ A COMPRAR DÓLARES EL BANCO CENTRAL?

Por Daniel Fernández Canedo

CLARÍN /

El lunes, el dólar mayorista tocó el “piso” de la banda cambiaria al cotizar en $37,30. Pero el Banco Central, a diferencia de lo que esperaba el mercado, decidió no comprar divisas.

La señal no fue casual. Guido Sandleris, titular del Central, está convencido de que sólo podrá comprar dólares cuando al hacerlo no lo haga subir.

El Central no quiere ser el causante de un aumento de la divisa que ya tiene un sendero marcado por una banda cambiaria que crecerá 2% mensual en el arranque de 2019.

Aunque suene obvio, la posibilidad de que el Central esté en las puertas de la compra de divisas habla a las claras de que la corrida cambiaria que signó el último año quedó atrás y de que el mercado se mueve con otros parámentos.

Esos parámentos, a su vez están determinados en el corto plazo por el claro reinado de tasas altas de interés. La mayoría de las empresas están concentradas hoy en tratar de vender, más allá de los precios a los que lo hagan, para poder conseguir pesos y, cuanto antes, tratar de colocarlos a plazo fijo.

Por un plazo fijo a 30 días una empresa puede obtener una tasa de 50% anual contra la que no hay alternativa posible de colocación. Desde ya que la tasa manda por la perspectiva de calma cambiaria que fue ganando terreno en el mercado y que está basada, por lo menos, en dos patas fundamentales en lo que a causas internas se refiere. Una de ellas fue la presentación del programa financiero para 2019 y 2020 que hizo el Gobierno.

Allí se dijo que este año hay vencimientos por US$21.000 millones, los que están más que cubiertos por US$ 22.500 millones que aportará el Fondo Monetario. Y se sostuvo que “si el refinanciamiento de los vencimientos de corto plazo en 2019 fuese igual o mayor al 70%, el saldo de caja acumulado al cierre del año permitirá eliminar las necesidades de financiamiento neto en 2020”.

En otras palabras, el mensaje oficial para los mercado fue: “no tengan miedo” de comprar letras del Tesoro (Letes) porque tenemos los dólares para hacerle frente, más allá de que se trate de un año electoral. El martes, los privados refinanciación el 100% del vencimiento de las Letes. Un reaseguro de calma tras haber cortado la posibilidad que los inversores compren esos títulos con pesos.

La otra pata descansa en la expectativa de un aumento sensible del ingreso de dólares por las exportaciones del sector agropecuario. “El campo aportará hasta US$ 5.100 millones extra en términos de oferta de divisas y $88.000 millones adicionales en términos de recaudación”, según un cálculo de la consultora Econviews.

Menos temor a prestarle al Estado por parte de una economía altamente dolarizada y más divisas por las exportaciones apuntalan una situación de tranquilidad cambiaria que tiene como trasfondo dos realidades: la suba de 100% del dólar en el año y tasas de interés altas (las letras de liquidez -Leliq- pagan más de 58% anual).

Pero ese resultado dista de ser gratis. La economía presenta claramente un situación de “grieta”, con el costado financiero mostrando una perspectiva más positiva, pero con el de la actividad reflejando los peores números en mucho tiempo .

Un reciente informe del estudio Eco Go, que dirige Marina Dal Poggetto destaca los indicadores de actividad de 2018 con caídas interanuales de 54% en el patentamiento de motos, 45,8% de la venta de inmuebles, de 16,6% en los despachos de cemento y de 16,5% en las ventas minoristas. Y brinda otro dato relevante.

Dice: “en términos de stocks, el desplome del PBI en dólares (pasó de US$ 600 mil millones en 2017 a poco más de US$ 380 millones en 2018), espiraliza el ratio de endeudamiento que pasaría del 50% del PBI en 2017 a casi 80%, pero en simultáneo se observa una caída en la deuda con el mercado como contracara de la cancelación de vencimientos de capital con los dólares del FMI”.

Es esa fotografía de la relación deuda/PBI la que está en discusión en estos días.

Para la oposición , si llega al 80% , una refinanciación de la deuda estará a la vuelta de la esquina en 2020. Para el Gobierno y para buena parte de los economistas , lo que hay que tener en cuenta es el nivel de deuda del Estado con el mercado y no la totalidad.

Sobre ese punto, Eco Go dice que a fines de este año los compromisos con el mercado representarían “27% del PBI suponiendo una renovación del 50% de los vencimientos de Letes”. ¿Será manejable ese nivel de deuda para quien esté al frente de la Casa Rosada en 2020?

El mundo desarrollado está ahora más preocupado por una baja de la actividad económica que por una suba más robusta de la tasa de interés en EE.UU. durante este año.

Esa visión también hizo su aporte en la descompresión en materia financiera que vive la Argentina, pero todo dentro de un marco de moderada expectativa.

El tsunami cambiario de 2018 sigue sacando a la superficie datos económicos muy difíciles , que mantienen empinado el camino hacia una mejoría en un año electoral en el que los cruces políticos agregarán tensión.

CLARÍN /

LA PREGUNTA QUE SIGUE ES SI EL GOBIERNO VA A AHORRAR DÓLARES O LOS VA A USAR

Por Hernán De Goñi

EL CRONISTA /

https://www.cronista.com/columnistas/La-pregunta-que-sigue-es-si-el-Gobierno-va-a-ahorrar-dolares-o-los-va-a-usar-20190108-0060.html