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POLITICA

 

GANANCIAS: SIN LOS VOTOS, EL GOBIERNO REDOBLA LA PRESIÓN A LOS GOBERNADORES 

Un día antes del tratamiento en Diputados, envió a cada mandatario un detalle de los recursos que perdería si se aprobara la propuesta de Massa; la oposición tampoco logra llegar a un texto consensuado
Ante la certeza de que todavía no cuenta con la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados para la reforma de Ganancias, el Gobierno redobló ayer la presión sobre los gobernadores.
Con el oficialismo y la oposición firmes en sus posturas y lejos de un acuerdo, la incertidumbre promete extenderse hasta la sesión, citada para las 11. De acuerdo con los números que maneja el interbloque que preside Mario Negri, Cambiemos tiene un piso de 100 votos y, en el escenario más optimista, podría alcanzar los 114 votos positivos, 15 menos que la mayoría absoluta de 129.
El factor clave es la relación de la Casa Rosada con los gobernadores, interesados en que la reforma no tenga un impacto fiscal que reste recursos a sus provincias. Con el objetivo de que los mandatarios influyan sobre los diputados, el Gobierno les mandó un cuadro con el detalle de lo que podría llegar a perder, cada distrito, en caso de que se aprobara el dictamen del Frente Renovador.
El panorama para la oposición tampoco es alentador. En caso de que resultara rechazado el dictamen del oficialismo, el segundo despacho en tratarse sería el del Frente para la Victoria (FPV), que no logra acuerdos mínimos con el resto de la oposición.
Sólo después se trataría el dictamen del massismo, firmado por el Bloque Justicialista y el Frente Amplio Progresista (FAP). Ese sector tampoco había reunido anoche los votos necesarios para avanzar. También hay un cuarto dictamen, del Frente de Izquierda.
A la oposición se le agrega un ingrediente extra: si llegara a caerse, el escenario favorecería al Gobierno, más preocupado por las urgencias fiscales que por cumplir con una de sus promesas de campaña. Quizás por eso, el Frente Renovador se quejó ayer de que el oficialismo no había querido negociar. Un camino analizado para evitar eso sería votar en general el dictamen del oficialismo y después hacer cambios en particular.
En Cambiemos, niegan que estén cerrados a un acuerdo. Pero admiten que están lejos. «Tenemos unos 100 votos, pero nos faltan 29. Seguramente habrá cambios, modificaciones del mínimo no imponible y de las escalas, por eso digo que tenemos un final incierto», dijo Jorge D’Agostino, parte de la mesa chica del bloque radical, en declaraciones a FM Palermo.
El dictamen del oficialismo contempla un aumento muy moderado del mínimo no imponible, el piso a partir del cual se paga el impuesto. Propone que aumente sólo un 15 por ciento%, por lo que pasaría de $ 18.800 a $ 21.712 de bolsillo, para los trabajadores solteros, y de $ 25.000 a $ 25.231, para los casados, con dos hijos. Ese punto, que hará que más trabajadores empiecen a pagar, es el más criticado por la oposición, que pretende un aumento de alrededor del 50%.
Los referentes de Cambiemos insisten en que lo más importante es la modificación de las escalas, la primera que se haría desde 1999, lo que tendría como efecto que los empleados alcanzados por el impuesto tributen un porcentaje menor. La mayoría de la oposición acuerda con esa propuesta, pero reclama un índice de actualización automática, tanto de las escalas, como del mínimo no imponible. También se disparará una discusión reglamentaria: ¿se necesita mayoría absoluta de 129 votos para la reforma o basta con mayoría simple? Depende de qué lectura se haga del artículo 75 de la Constitución.
Con la idea de que la mejor defensa es un buen ataque, el Gobierno apunta a restar respaldo al dictamen de Massa. Sostiene, en contra de los cálculos hechos públicos por el Frente Renovador, que un cambio tan grande en el piso del impuesto generará un costo fiscal extra de $ 48.000 millones y que los impuestos que propone crear Massa no alcanzarán para tapar el agujero.
De acuerdo con el cuadro que la Casa Rosada les hizo llegar a los gobernadores, las provincias perderían con el proyecto del FR $ 39.000 millones, mientras que con el dictamen del oficialismo sólo resignarían $ 16.000 millones. Según ese análisis, Córdoba perdería $ 1500 millones con el proyecto de Cambiemos y $ 3700 millones, con el del FR. Chubut resignaría $ 256 millones con el dictamen del oficialismo y $ 618 millones con el de Massa.
La estrategia de presión, que podría dar mejores resultados en el Senado, por ahora no le asegura mayoría a Cambiemos en Diputados. En contra de lo que espera el Gobierno, los seis diputados del peronismo de Córdoba anticiparon que van a a apoyar el dictamen del FR. La relación de la Casa Rosada con Mario Das Neves, el gobernador de Chubut, atraviesa un mal momento por un decreto de Mauricio Macri que eliminó un beneficio para los puertos patagónicos. El oficialismo tiene, eso sí, asegurados el respaldo de los bloques que responden a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Santiago del Estero, Claudia Ledesma. La Nación menciona a Mario Negri y Jorge D’Agostino

 

CON PRONÓSTICO INCIERTO, DIPUTADOS DEBATE EL PROYECTO PARA BAJAR GANANCIAS

Al Gobierno no le alcanza. Al Frente Renovador de Sergio Massa, tampoco. Ni al kirchnerismo. Hay incertidumbre en Diputados sobre la reforma al impuesto a las Ganancias que deberá ser tratada esta tarde. Con cuatro dictámenes en el recinto, hasta anoche ninguna de las fuerzas reunía los votos suficientes para imponer el suyo propio. Y las negociaciones aparecían estancadas.

La sesión está prevista para las 11 y se estima que durará hasta la madrugada. En primer lugar, se tratará el proyecto de emergencia social acordado entre el Gobierno y las organizaciones sociales, que será aprobado por amplia mayoría.

Ganancias llega en cambio con final abierto, y nadie se atrevía a vaticinar el desenlace.

El Gobierno se plantó sobre su propio proyecto, cuya presentación apuró hace diez días a causa de la presión que ejerció Massa para tratar la reforma este año. Sin embargo, pese a la presión que hizo sobre los gobernadores opositores con el argumento de que Ganancias se coparticipa y los mandatarios debían salir a “bancar”, el oficialismo no tiene asegurados los votos. Los conteos previos le auguran de 100 a 114 votos: 82 de Cambiemos (5 diputados no estarán por salud y otras razones) y el resto entre bloques chicos y fuerzas provinciales. La estrategia de “robar” de aliados massistas, del FpV y del peronismo tuvo resultados limitados. Un caso: contra el pedido del gobernador Juan Schiaretti de votar el proyecto oficial, los 6 “cordobeses” aliados massistas no sacarán los pies del plato y votarán junto al interbloque que preside el tigrense, confirmó a Clarín Claudia Rucci, jefa del bloque de Unar.

“Tenemos unos 100 votos, pero nos faltan 29. Seguramente habrá cambios, modificaciones del mínimo no imponible y de las escalas, tenemos un final incierto. Pero vamos a tener ley de Ganancias”, sostuvo Jorge D’Agostino (UCR-Entre Ríos) a radio Palermo. Además de sincerar la cuenta, D’Agostino se metió así en otro tema de discusión: ¿mayoría simple de los presentes, o mayoría absoluta de 129 votos? Es que el artículo 75 inciso 3 de la Constitución indica que para “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado”, se necesita mayoría absoluta. Las opiniones estaban divididas aún dentro del propio oficialismo.

El proyecto del Gobierno propone una suba del 15% en el mínimo no imponible, actualización de las escalas, agrega deducciones por alquiler y viáticos, y sube los topes del monotributo. Y aplica un fuerte impuesto a las máquinas tragamonedas para financiarlo.

Los bloques opositores consideran que es una propuesta “mezquina”, pero tampoco lograron acordar una propuesta unificada. Si el dictamen del Gobierno es rechazado, se votaría el del FpV y luego el del massismo. Ambos hacen eje en gravar la renta financiera, las ganancias del dólar futuro y restituir retenciones a las mineras, todas medidas que el Gobierno rechaza. El cuarto dictamen del Frente de Izquierda, el más radical, postula la abolición de Ganancias en salarios de convenio.

En caso de que no haya quórum a la hora de votar, o que ningún proyecto sea aprobado, el tema no podría volver a tratarse hasta 2017. Muchos opositores creen que la alternativa no disgusta al Gobierno, que quería patear Ganancias para usarlo en marzo -sostienen- para presionar en las negociaciones paritarias.

Un escenario plausible es que el Gobierno con su piso de cien votos -y trabajando sobre “ausencias” en el recinto- logre aprobar en general su proyecto. Y que sobrevenga luego una fuerte discusión en particular, con algunas concesiones y cambios al articulado. Un punto que aparece difícil de salvar es que el Gobierno dice querer cobrar menos y de manera proporcional pero hace extensivo el impuesto al salario a más personas, y para el massismo no es aceptable que otro medio millón de trabajadores entren a la bolsa de Ganancias en 2017.

Desde el massismo aseguraban que “el Gobierno no tienen ninguna intención de negociar, quiere que se caiga el proyecto”. “Nunca está descartado el acuerdo, pero no hay que mentirle a la gente. Los números que presentaron (el massismo) no cierran”, fustigó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

En el FpV, donde esperaron algún llamado del massismo, decían que el tigrense terminaría acordando con el Gobierno.

Habituales negociadores de Cambiemos se mostraban escépticos. Coincidían en que no hubo contactos. “Es difícil acercar posiciones, no queremos más impuestos y ellos partieron de un mínimo no imponible altísimo. La verdad que estamos muy lejos”.

El contrapeso era la aparente intención de distintas bancadas de evitar el fracaso del tratamiento de Ganancias. “Algo va a pasar”, sintetizó un referente del debate. Se verá hoy si era más que expresión de deseos. Clarín menciona a Jorge D’Agostino

 

CON FINAL INCIERTO, SESIONA DIPUTADOS POR GANANCIAS

Las negociaciones para destrabar el debate sobre Ganancias no habían dado ayer fruto alguno y ningún bloque reunía el número suficiente para imponer su dictamen. Al oficialismo le faltan 29 votos.
Legisladores del oficialismo y la oposición no lograron consensuar un proyecto unificado para reformar el régimen del impuesto a las Ganancias , que deberá ser debatido hoy en la Cámara de Diputados.
La sesión se iniciará este martes a partir de las 11 con el tratamiento de la Ley de Emergencia Social , que no sufriría contratiempos ya que hay consenso total entre las bancadas, y luego se procederá al tratamiento de Ganancias, que cuenta con cuatro dictámenes firmados en comisión.
El secretario general del bloque de la UCR, Jorge D’Agostino, sostuvo ayer que al proyecto del oficialismo «le faltan 29 votos» p ara poder ser aprobado hoy en el recinto, aunque confía en que durante la discusión en el recinto se logrará el «consenso» necesario para sacar adelante la ley.
«Tenemos unos 100 votos, pero nos faltan 29. Seguramente habrá cambios, modificaciones del mínimo no imponible y de las escalas, por eso digo que tenemos un final incierto», señaló el diputado entrerriano de Cambiemos a radio Palermo.
El radical admitió que en la víspera de la votación no se había alcanzado un acuerdo entre las distintas bancadas, y que cada cual iba a intentar defender su propio dictamen, pero se esperanzó con que «durante la discusión en el recinto» se pudiesen zanjar las diferencias para aprobar en general el proyecto del oficialismo.
Advirtió en este sentido que «si cada bloque vota su dictamen» quedará vigente el actual sistema, al que calificó como «retrógrado» dado que «no inicia un camino de eliminación gradual del impuesto a los salarios’
«Lo peor que le puede pasar al trabajador es que quede la ley actual», sostuvo, por lo que sentenció: «Vamos a tener ley de Ganancias».
Ante un panorama de final abierto, legisladores del oficialismo y la oposición iban a intentar acercar posiciones durante la reunión de labor citada para las 9.30 de hoy, previa al inicio de la sesión, cuya extensión se prevé de al menos 17 horas. Según se rumoreaba extraoficialmente en los pasillos de Diputados, el oficialismo podría proponer que el mínimo no imponible se incremente hasta el 21 por ciento y no al 15 por ciento como se había anunciado.
Durante la sesión, primero se deliberará en torno al dictamen de mayoría del oficialismo, y si no reúne los votos, se proseguirá a debatir el del Frente para la Victoria, que también fue suscripto por el diputado Carlos Heller (Partido Solidario).
En caso de que éste tampoco prospere, se considerará el proyecto del Frente Renovador en conjunto con el bloque Justicialista, que también apoyan diputados del Peronismo para la Victoria, Libres del Sur y Margarita Stolbizer (GEN).
Según dijo D’Agostino, se requerirá una mayoría calificada de 129 diputados para poder aprobar la ley, ya que entre los ejes que plantea el proyecto de ley se encuentra el que pone en discusión un impuesto coparticipable a los juegos de azar a través de máquinas tragamonedas.
«Como es un tributo, se necesitan la mitad más uno de los miembros de la Cámara, es decir 129. Por ahora nos faltan 29, pero creemos que durante la discusión en el recinto logremos un consenso para sacar la ley», confió.
De esta manera, el oficialismo admite que le falta cosechar casi una treintena de voluntades para conseguir la mayoría especial requerida a su proyecto.
LEA MÁS:
Embed Ganancias: pese a los cambios, cada uno insistirá con lo suyo https://t.co/J6W7TAZ4WT pic.twitter.com/xuSB79KScX
? Diario Popular (@populardiario) 1 de diciembre de 2016
Otros diputados del oficialismo consultados hicieron correr la versión de que para aprobar Ganancias no resultaba necesario reunir los 129 votos, y que bastaba con mayoría simple para aprobar la ley.
Desde el gobierno , el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reconoció la posibilidad de un acuerdo con los diputados del Frente Renovador, ya que si el proyecto no es debatido el tratamiento sería aplazado para marzo del año que viene.
Sin embargo, fuentes del Frente Renovador consultadas recalcaron que al cierre de la jornada el oficialismo de la Cámara de Diputados se retiró sin llamar al diálogo a las fuerzas opositoras.
Aseguraron que el massismo «tiene voluntad de negociar», pero que a horas de la votación, el oficialismo les niega la posibilidad de acercar posiciones.
«Son nulas las negociaciones. El oficialismo no tiene intenciones de sentarse a hablar. Quieren trabar Ganancias. Si no sale, para ellos es mejor», señalaron.
Para el massismo, Cambiemos buscaría retomar su plan original de «dormir» la aprobación de Ganancias para comienzos del año que viene.
Recuerdan que en la hoja de ruta inicial delineada por la Presidencia de la Cámara baja, se había dispuesto tratar la modificación al impuesto a las Ganancias el 14 de diciembre, lo que hubiera dejado sin margen al Senado para aprobar la iniciativa antes de fin de año.
De todos modos, desde el Frente Renovador ya piensan en un plan B: un acuerdo con el Frente para la Victoria, que recién se daría en el recinto, y que tiene como germen contactos informales entre Marco Lavagna y Axel Kicillof.
El oficialismo propone incrementar un 15 por ciento el mínimo no imponible de Ganancias, por lo que tributarían el impuesto los solteros que superen los 21.712 pesos netos y los casados con dos hijos con sueldos mayores a los 25.230 pesos. Diario Popular menciona a Jorge D’Agostino

 

DIPUTADOS CONTINÚAN NEGOCIACIONES PARA INTENTAR APROBAR MAÑANA UN PROYECTO CONSENSUADO SOBRE GANANCIAS 

Diputados del oficialismo y de la oposición buscaban avanzar esta noche en conversaciones contrarreloj en la búsqueda de acuerdos para intentar acercar posiciones en torno al proyecto de reforma al Impuesto a las Ganancias, debido a que ninguno de los dictámenes cuenta aún con los votos necesarios para imponerse en el recinto en la sesión prevista para mañana.
Sin embargo, más allá del debate por ganancias, el oficialismo tiene garantizada la realización de la sesión -convocada para las 11- para debatir el proyecto de Emergencia Social que reúne el consenso de todos los bloques parlamentarios, donde se plasma el acuerdo alcanzado entre las organizaciones piqueteras y el gobierno nacional para declarar la emergencia hasta 2019.
Se trata de una de las sesiones más complicadas desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, dado que el oficialista Cambiemos no logra aún alcanzar consensos con la oposición peronista para reformar el impuesto a las Ganancias, y si el arco opositor se une tendría los votos necesarios para imponer un proyecto contrario a los intereses del gobierno.
Las diferencias que existen entre el dictamen de mayoría del oficialismo, y los tres de minoría del kirchnerismo, del massismo-justicialismo-progresistas- y de la Izquierda, todavía parecen insalvables.
La sesión arrancará con el debate del dictamen de mayoría impulsado por Cambiemos y si ese despacho no reúne los votos se pasará a votar la propuesta del FPV-PJ, mientras que si ese también fracasa se abordará el del massismo.
«Es un final abierto: ninguno tiene una mayoría propia y nosotros no cerramos los canales de diálogo», aseguró el presidente de la comisión de Presupuesto de la cámara baja, Luciano Laspina (PRO) en declaraciones que formuló a la prensa en los últimos días.
El texto que reúna 129 votos a favor obtendrá la media sanción y pasará al Senado para su revisión.
Hasta el momento, en el oficialismo señalan que si se mantienen las discrepancias se perderá la votación-como sucedió con la ley antidespidos-, por lo que analizan la posibilidad de que si eso sucede y se aprueba un proyecto contrario al gobierno, el Senado puede trabar la discusión o reformar la iniciativa para que no tenga un alto costo fiscal.
En medio del hermetismo en el que están inmersos la mayoría de los diputados, el secretario general del bloque de la UCR, Jorge D´Agostino, advirtió que «si bien Cambiemos y los bloques que firmaron el dictamen oficialista no tienen aún los votos para ganar la votación, habrá posibilidades de consensuar»
«Tenemos unos 100 votos, pero nos faltan 29. Seguramente habrá cambios, modificaciones del mínimo no imponible y de las escalas, por eso digo que tenemos un final incierto», reconoció el diputado oficialista.
Para el entrerriano, «el proyecto puede ser votado en general mayoritariamente. Pero como es un tributo, se necesitan la mitad más uno de los miembros de la Cámara, es decir 129»
«Por ahora nos faltan 29, pero creemos que durante la discusión en el recinto logremos un consenso para sacar la ley», añadió, para dejar explicitada de esta manera la postura de Cambiemos en relación a los votos necesarios para que se apruebe el proyecto.
Para poner claridad a la cuestión, advirtió: «Pero si cada bloque vota su dictamen, queda este esquema que es retrógrado, que no inicia un camino de eliminación gradual del impuesto a los salarios, cosa que nosotros sí iniciamos con nuestra propuesta».
Hasta esta noche, aún aceptando subir algunos puntos al porcentaje del mínimo no imponible (del 15 al 21), en el oficialismo contaban con entre 107 y 110 votos para acompañar el dictamen basado en el texto del Poder Ejecutivo.
En el kirchnerismo, a sus 72 diputados propios le descontaban la posible deserción de diputados referenciados en oficialismos provinciales que cuidarían la no afectación de las arcas de esos distritos.
Diputados kirchneristas de Entre Ríos, Formosa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán estarían más próximos a acompañar la estrategia del oficialismo que la de su propio bloque.
Por su parte, el eje masisistas-justicialistas-progresistas estimaba que su propuesta reunía como máximo el respaldo de 60 diputados, teniendo en cuenta que los 6 cordobeses referenciados en el gobierno provincial, pese a ser aliados de Massa, votarían junto a Cambiemos.
Así, a ninguno de los tres espacios le alcanzaría para imponerse por sí solo al otro y deberá agotarse una negociación que posiblemente termine durante la misma sesión. Télam menciona a Jorge D´Agostino

 

COSTA: EL FIN DE REEMBOLSOS A EXPORTACIONES DESDE PUERTOS PATAGÓNICOS ES PARA LOS ENVÍOS DE PETRÓLEO Y MINERÍA 

El diputado nacional Eduardo Costa (UCR) afirmó hoy que la eliminación de los reembolsos a las exportaciones concretadas desde puertos patagónicos contempla sólo al petróleo y la minería.
«Siguen los reembolsos a las producciones vinculadas a la lana, o a la actividad agropecuaria, y continúan para las frutas y verduras, como así también a los pescados, en la medida que le agreguen valor», dijo a Télam el legislador nacional por Santa Cruz.
Costa enfatizó que «lo que no está son la minería y el petróleo» y explicó la reacción del kirchnerismo frente a la medida «porque está defendiendo el beneficio para las empresas».
A modo de ejemplo citó el caso de las mineras: «lo que hacen es sacar el oro y la plata, nos pagan el 3 % y cuando iban al puerto cobraban el 10 % o sea que nos cobraban 7 % por llevar el mineral de la provincia de Santa Cruz».
El legislador aseguró que merced a distintas medidas económicas que tomó el Gobierno nacional, «el productor regional está mejor que hace un año».
Citó que «un kilo de lana que cuesta U$S 5, durante la época del kirchnerismo multiplicado por diez, eran $ 50 y el Gobierno cobraba una retención de 10 %, por lo tanto los productores cobraban $ 45», mientras que ahora «el valor se multiplica por 15, y esos $ 75 no solamente no tienen una retención, sino que hay un reembolso que llega hasta el 8 %, con lo cual el productor cobra $ 81».
Para Costa, «el sentido de esta política, que es mejorar la competitividad y los ingresos de los productores regionales, surtió efecto».
Respecto de lo centralista de la medida que los referentes provinciales del kirchnerismo, desde la autoridad portuaria, critican al gobierno de Mauricio Macri, el legislador recordó que hasta noviembre pasado, cuando Cristina Fernández de Kirchner decretó su devolución a las provincias patagónicas, «a esas retenciones se las quedaba el Gobierno nacional y no las coparticipaba con las provincias».
«Ahora esto no sucede, y no solamente eso, sino que los reembolsos llegan directamente a las economías regionales», dijo Costa.
Por último, el legislador consideró que «otra discusión» es la que tienen que darse las provincias en torno al acuerdo federal para mejorar sus ingresos por regalías: «Cada provincia tiene la potestad de definir qué hace con la minería», finalizó el legislador nacional. Télam menciona a Eduardo Costa

 

INSISTEN CON LA REFORMA ELECTORAL PARA QUE EL PJ PAGUE EL COSTO DE BLOQUEARLA 

La estrategia oficial ante el fracaso del proyecto de boleta electrónica. Llamarían a sesiones extraordinarias en febrero para incluir la ley. El Gobierno la usará como tema de campaña.
Como en una toma de judo, el oficialismo planea utilizar la embestida del peronismo contra el voto electrónico en beneficio propio. Resignado a que ya no podrá aplicarlo en las elecciones legislativas del año próximo, debido al bloqueo de la ley en el Senado, el Gobierno insistirá en que la reforma electoral forme parte de la agenda de campaña. El objetivo es erosionar al PJ, acusándolo de prohijar a los “señores feudales” que presionaron para mantener un “sistema fraudulento”, como califica el macrismo a la boleta sábana de papel.
Según aseguraron a Clarín fuentes del Gabinete, el plan A consiste en machacar con el tema en cuanta oportunidad encuentren. La excusa será que de no llegar a tiempo para 2017, la ley bien podría quedar lista para las presidenciales de 2019. Como no será tratada en las sesiones extraordinarias de este mes -las vedettes son Ganancias y emergencia social- volverá a ser incluido a la cabeza del temario de las nuevas extraordinarias que Mauricio Macri estaría pensando convocar para febrero.
De hecho, en el “retiro espiritual” en Chapadmalal, días atrás, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; y el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, acordaron dar vacaciones generalizadas en enero, para que la tropa esté alistada desde el 1° de febrero “ante cualquier eventualidad”. El círculo íntimo del Presidente acusó recibo del mensaje de sus espadas parlamentarias: cuanto más se aproximen las elecciones, menos posibilidades tendrá el oficialismo de negociar con la oposición.
En silencio, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, celebra la falta de acuerdo para la reforma. Ya le había advertido al Presidente que el más beneficiado del apuro en aplicarla en 2017 sería el temido adversario de distrito, Sergio Massa. La pantalla digital favorece al candidato más conocido. Precisamente, el jefe del Frente Renovador en Diputados fue quien hizo la última gestión para revitalizar el proyecto en el Senado. El jefe del bloque del FpV, Miguel Pichetto, le respondió: “Imposible”. Macri llegó a mencionar como alternativa la boleta única de papel. Le avisaron que un simulacro en Provincia dio resultados desastrosos, por la lluvia de listas y candidaturas.
Para febrero, o en todo caso para que se apuren en marzo, no bien arranque el próximo período ordinaria, la Rosada avanzará con otro paquete legislativo. Hay proyectos demorados en el Parlamento, como las reformas del mercado de capitales y del Ministerio Público, la subrogancia de los jueces y la penalización de empresas por corrupción. Otros están en plena elaboración. Uno de los más ambiciosos apunta a crear 107 juzgados y 50 fiscalías del fuero federal en todo el país. La mayoría se concentraría en zonas de frontera, para endurecer el combate al narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas. También se impulsará el régimen penal juvenil y la reforma del Código Penal, remake de debates que quedaron truncos en la era K y que el ministro de Justicia, Germán Garavano, busca reflotar.
Capítulo aparte merece la transferencia de los tribunales nacionales a Capital. Bandera del PRO, que nació como fuerza porteña, provocó tironeos entre funcionarios de la Nación y la Ciudad ante la negativa de la mayoría peronista en el Senado a facilitar la ley. Con todo, días atrás se reunieron los titulares de los consejos de la Magistratura nacional (Miguel Piedcadasas) y porteño (Enzo Pagani) para acordar una estrategia.
Habrá que ver cómo funciona el Congreso M en un año electoral.
Gobernadores y senadores del bloque PJ-FPV se opusieron a la reforma electoral y la instauración de la boleta única electrónica en todo el país. Clarín online menciona a Mario Negri/

 

EL GOBIERNO PREPARA UNA NUEVA LEY DE ALQUILERES PARA CAMBIAR LA QUE YA TUVO MEDIA SANCIÓN

Es porque creen que el proyecto kirchnerista que pone topes a los aumentos va a desalentar la inversión.
A raíz de la preocupación en el mercado inmobiliario por la media sanción en el Senado de la ley de alquileres, el Gobierno estaría preparando su propio proyecto. Si bien aún no está definida la fecha de la presentación y falta cerrar algunas definiciones técnicas, la idea es cruzar al que ya está en el Congreso.
El proyecto de la actual gestión viene a responder a la inquietud planteada por los empresarios en una de las mesas de diálogo que se realizó el jueves pasado con referentes de la construcción, la UOCRA y funcionarios del Ministerio del Interior. En uno de esos encuentros, que viene desarrollando el Gobierno con varios sectores con el fin de “mejorar la competitividad”, los empresarios cuestionaron la iniciativa que ya cuenta con la aprobación de la Cámara alta por limitar los ajustes en los alquileres. Según el sector, este freno desalentaría la inversión en la construcción.
La intención de la administración macrista luego de atender al reclamo fue adelantada por Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal por el Gobierno nacional. El funcionario dijo en FM Milenium que van a “enviar un proyecto de ley de alquileres al Congreso que promueva las inversiones, no como la que tuvo media sanción«.
La propuesta aprobada por el Senado hace poco más de una semana a partir de un extiende de dos a tres años la duración de los contratos. Además, estipula actualizaciones anuales del alquiler asociadas a un índice formado por la combinación de la inflación y el aumento de los salarios. Entre los cambios, también le permite al inquilino rescindir el contrato en cualquier momento con una multa del valor de un mes y medio de alquiler, si lo hace en el primer año, y de un mes, en el segundo o el tercer año. Si dos meses antes del fin del contrato el propietario informa su decisión de no renovarlo, la rescisión por parte del inquilino no sería multada.
Según la lectura de los agentes inmobiliarios, las modificaciones que apuntan a beneficiar a los inquilinos en realidad los perjudicarían ya que los propietarios reaccionarían bajando la oferta de inmuebles- inseguros por el panorama incierto- y aumentando su precio inicial- por temor a que los ajustes no resulten ventajosos para ellos. Clarín

 

PARA LA CASA ROSADA, EL LÍMITE DE LAS NEGOCIACIONES ES EL IMPACTO FISCAL DEL PROYECTO 

Peña pidió «responsabilidad» a la oposición y reiteró que el presupuesto 2017 prevé un costo de $ 27.000 millones
El jefe de Gabinete, Marcos Peña , afirmó a LA NACION que el límite para negociar cambios en el proyecto oficialista de reforma del impuesto a las ganancias es el «costo fiscal». La iniciativa del Gobierno prevé un impacto en las finanzas de entre $ 27.000 y $ 30.000 millones, establecidos en el presupuesto 2017.
«No se trata de temas puntuales a conversar, sino del costo fiscal. Podemos conversar todo dentro de esa cifra», insistió el ministro coordinador en diálogo con este diario al terminar su presentación en un almuerzo de empresarios organizado por la Fundación Mediterránea.
Peña aseguró que «siempre, por definición» en el Gobierno tienen vocación de diálogo. Pero, advirtió, la negociación debe ser «en un marco de responsabilidad y seriedad». Respecto de si, por ejemplo, podrían modificar el piso del mínimo no imponible del impuesto, reiteró que «no es cuestión de puntos individuales, sino del global».
No descartó que pueda haber consenso: «Estamos haciendo lo posible, que es mucho, pero es muy importante que todos los dirigentes de frente a la sociedad sean responsables en términos de que si creen que se puede hacer algo más, expliquen cómo lo pagan. Los números que presentaron originalmente no cierran», apuntó Peña en referencia a la iniciativa del Frente Renovador, de Sergio Massa.
Peña, además de almorzar con los empresarios, se reunió con el intendente de la ciudad, el radical Ramón Mestre, con quien lanzó una corriente juvenil de Cambiemos, y con el gobernador, el peronista Juan Schiaretti , quien el domingo pidió a los legisladores provinciales que voten el proyecto del oficialismo.
«Se debe construir sobre la base de la verdad y no mentirle a la gente. En eso es muy valorable lo que dijo el gobernador Schiaretti», afirmó.
«Las finanzas públicas están presionadas y cada cosa que se resuelve tiene un impacto. Massa votó el presupuesto que fija el costo fiscal en $ 27.000 millones y la brecha con su propuesta es muy amplia», ratificó el jefe de Gabinete.
Recordó que a comienzos de este año el Gobierno subió el mínimo no imponible «después de muchos años», medida que implicó «una devolución de más de $ 50.000 millones. Ahora hay una segunda etapa, de más o menos $ 30.000 millones, para hacer más justo el impuesto».
Sobre el reclamo de los empleados de la industria del juego por el impuesto que pesará sobre el sector y que les hace temer la destrucción de puestos de trabajo, Peña planteó que se trata de un reclamo de distintos actores básicamente por las «externalidades» de la actividad y que, como todo, «implica consecuencias».
No descartó que, en el marco del diálogo en el Congreso, pueda salir el impuesto a las rentas financieras que impulsan distintos partidos.
«¿Hasta cuándo la billetera del Gobierno puede seguir diciendo sí a todos los reclamos?», preguntó LA NACION «Estamos moviéndonos dentro del plan fiscal para este año, que establecía un déficit del 4,8% del PBI y el año que viene respetaremos el del 4,2%. En cada caso son distintas situaciones; en lo social readecuamos el presupuesto, no agregamos dinero.»
Cortoplacismo
Una vez más mencionó que el actual nivel de rojo fiscal no es sostenible en el tiempo. «No hay que tener miedo, no somos cortoplacistas.» Frente a los empresarios afirmó que se irán acomodando las variables macroeconómicas para un «aterrizaje suave».
El empresario Sergio Roggio -primo de Aldo, titular del holding y ex presidente de la Fundación Mediterránea- pidió al jefe de Gabinete más precisiones de «hacia dónde va el Gobierno», para evitar que sigan las «demoras» en las inversiones locales. «Para que no quedemos colgados del pincel», graficó.
«Ése es el punto central de la agenda que viene -respondió Peña-. Dar previsibilidad al modelo de desarrollo, integrarnos al mundo, porque estamos convencidos de que eso explica nuestros altos niveles de pobreza y desempleo. No tenemos miedo porque sabemos que vamos por el camino correcto, aunque no es fácil.»
El elenco estable de negociadores de las leyes económicas
Luciano Laspina
Cambiemos
Luciano Laspina.
Es el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Tiene buen diálogo con los referentes económicos de la oposición y llegada a la Casa Rosada
Axel Kicillof
FPV
Axel Kicillof. Foto: Archivo
Ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, intentará llegar a un acuerdo con el massismo y con el Bloque Justicialista para que se apruebe un proyecto de la oposición
Marco Lavagna
Frente Renovador
Marco Lavagna. Foto: Archivo
Es el referente económico de Sergio Massa en Diputados. Pretende que el FPV se encolumne detrás de su proyecto, como hicieron el Bloque Justicialista; el GEN, de Stolbizer, y el Partido Socialista
Diego Bossio
Bloque Justicialista
Diego Bossio. Foto: Archivo
El ex titular de la Anses es el referente económico del peronismo no kirchnerista. Pese a las presiones de la Casa Rosada sobre los gobernadores, su bloque va a votar unificado. La Nación/

 

MARIO DAS NEVES, UN GOBERNADOR «AMIGO», SALIÓ DURO CONTRA MACRI

«Me siento manoseado como se sienten muchos gobernadores y creo que no están midiendo consecuencias» dijo Mario Das Neves, mandatario de Chubut, peronista cercano a Sergio Massa que tuvo, hasta hoy, una postura de cercanía y apoyo al gobierno de Mauricio Macri.

Pero un DNU presidencial que modifica el régimen de reembolsos a la producción regional y establece un esquema de reintegros, desató una crisis y la furia del chubutense. «He hablado con muchos gobernadores y hay enojo por la centralización de obras en la provincia de Buenos Aires» dijo Das Neves y acusó a la Casa Rosada de hablar «un país federal y no es así, hay provincias ricas y pobres».

Fue, todavía, un paso más allá y deslizó una amenaza velada. «Si les llenas tres Plazas de Mayo no les interesa, porque saben a dónde van. Pero no hay una conciencia social» aseguró el patagónico.

Desde el gobierno chubutense le anticiparon a Clarín que los legisladores que responden a Das Neves no apoyarán ninguna iniciativa del Gobierno hasta tanto no se de de baja el decreto presidencial. El tema adquiere, en medio de las negociaciones por Ganancias, un valor adicional.

El régimen de reintegros implica para Chubut, explicó Das Neves, una pérdida de «48.706.075 pesos» porque modifica los fondos que deriva la Nación.

«Nosotros quedamos en seguir hablando ésta semana de éste tema, y ya tenían firmado el decreto. Eso no se hace» se enojó el mandatario y mencionó a Rogelio Frigerio, ministro del Interior, quien -segun dijo- que le dijo que el tema estaba encaminado.

«Estoy totalmente convencido que hay un gobierno nacional enfocado en Buenos Aires, y ha sido beneficiado el lobby bahiense» dijo el gobernador que ha tenido posturas de apoyo y acompañamiento con la gestión de Macri. Clarín/

 

UN JEFE PIQUETERO JUSTIFICÓ EL ACUERDO PARA MANEJAR SU PROPIA OBRA SOCIAL

El secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, justificó la creación de la Obra Social de los Trabajadores de la Economía Popular (OSTEP): «Tenemos derecho a tener nuestra propia obra social», aseguró. De no haber objeciones a la documentación presentada ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se le extendería la licencia aunque fuentes gubernamentales aseguraron que, por el tiempo que resta de 2016, «no dan los tiempos».

El dirigente piquetero amplió en sus declaraciones radiales: «Nosotros ya tenemos una prestadora de salud que viene funcionando hace cuatro años, tiene 20 consultorios de atención primaria y atiende a 40 mil compañeros de cooperativas que están en blanco y pagan el monotributo. A su vez, subrayó que «la obra social no es para beneficiarios de planes, sino para trabajadores de la economía popular» a la par de que negó que vaya a ser «una caja millonaria» y que «los fondos no son del Estado sino de los trabajadores».

La definición de Pérsico corre, tal como consignó este diario, para los monotributistas normales (son 1.160.000 personas) que dentro de la cuota total abonan los $420 que van al sistema de salud. Esta ecuación corre también para las empleadas domésticas (unas 350.000). En cambio, no aplica para aquellos que están adheridos al monotributo social (unos 430.000) ya que sólo aportan $210 pesos ya que el otro 50% lo financia el Estado.

La movida de crear la OSTEP no es un hecho aislado sino que viene en un combo que incluyó un aguinaldo de 2000 pesos para los titulares de planes y una suba del 47% en los planes sociales y la sanción de la ley de Emergencia Social a la que hoy se le dará media sanción en Diputados y luego hará lo propio el Senado. Esta normativa prevé la inyección de 30.000 millones de pesos hasta 2019. Todo en nombre de garantizar la paz social. En sus declaraciones, Pérsico hizo un repaso de lo que fueron las negociaciones en este último tramo del año: «Nos veníamos preparando para dar una pelea difícil y se dio. El Gobierno tiene diálogo y hay que reconocerlo: cuando llegás te ponen una barra de hielo en la cabeza, te sirven café, te sirven mate y, después cuando te vas, te dan un Lexotanil para que te dure la tranquilidad».

Más allá de las palabras de Pérsico, Barrios de Pie organizó para hoy ollas populares en distintos puntos del país. La vigilia, hasta que se apruebe la ley, arranca a las 7 en el obelisco y para las 12 se extenderá a los accesos a la Ciudad y, obviamente, al Congreso. Clarín/

 

SEGÚN LO QUE DECLARÓ EN LA JUSTICIA, A FLORENCIA K NO LE CIERRAN LAS CUENTAS

Florencia Kirchner es millonaria, de eso no hay duda.Pero sí en cómo llegó a serlo. La Justicia la investiga el origen de los más de U$S 5 millones que tiene en el Banco Galicia, equivalentes a unos $ 75 millones. Hasta el momento, la única explicación de su fortuna fue que recibió la cesión de bienes que su madre hizo en marzo de este año. Pero en el marco de la causa Hotesur SA, en 2013 la hija de la ex Presidenta declaró bienes por $ 23,3 millones, según la documentación a la que accedió Clarín, una suma muy inferior al patrimonio que hoy debe justificar. En dos años, y sin trabajo registrado, Florencia Kirchner incorporó a su billetera 6 millones de pesos.Según las declaraciones juradas presentadas en la causa Hotesur, en 2011 tenía $ 5.183.572,82 en inmuebles, producto de la sucesión de Néstor Kirchner. También declaró la participación accionaria en Los Sauces SA, Hotesur SA, CoMa SA.

Respecto a los depósitos de dinero en el país, la hija de Cristina Kirchner declaró nueve cuentas en el Banco Santa Cruz. Por su participación social en las empresas familiares, sus deudas eran con Hotesur por $ 1,7 millones, con Panatel -que administró el hotel Los Sauces- y con Austral Construcciones, firma insignia de Lázaro Báez. Al cierre de 2011 Florencia tenía un patrimonio de 17.700.608,95 pesos: un millón de pesos menos que su hermano.

Al cierre de 2011 Florencia tenía un patrimonio de $ 17.700.608,95: un millón de pesos menos que su hermano. El diputado nacional tenía dos terrenos más y mayor participación accionaria.  Máximo declaró entonces $ 18.780.698,53. Clarín/

 

AMIA II: CRISTINA CRITICÓ AL EX JUEZ GALEANO Y A NISMAN

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner debió pasar ayer nuevamente por los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py pero no para declarar como acusada en alguna de las causas que se le siguen por presuntos actos de corrupción durante sus gobiernos sino para hacerlo como testigo en el juicio conocido como «AMIA II».

Ceñida obligadamente en sus palabras a su función como integrante de la comisión bicameral que en la segunda mitad de la década del 90 siguió desde el Congreso las investigaciones de los dos atentados terroristas de 1992 y 1994, la ex presidenta reiteró que la causa AMIA fue «un teatro de operaciones a nivel nacional e internacional». Curiosamente, no hubo repreguntas.

Paradoja del destino, ella declaró ayer en el juicio seguido a los acusados de haber encubierto a los autores del atentado hace dos décadas -desde el ex presidente Carlos Menem hasta el juez de la causa, Juan José Galeano- cuando ella misma fue denunciada por el mismo delito más cerca en el tiempo, dos años atrás, por el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto cuatro días después de ese acto.

La ex presidenta no habló ayer del Memorándum de Entendimiento con Irán por el que la acusó Nisman y apenas mencionó a éste cuando recordó que también estuvo ante la comisión que ella integró como legisladora en la declaración de los fiscales ahora enjuiciados Eamon Mullen y José Barbaccia en aquella época.

«La Comisión se apartó de su objetivo de seguimiento y tendría que haber tenido una actitud más neutral. No teníamos que apoyar al juez sino a la verdad», agregó.

También opinó que «ninguno de los tres fiscales» que trabajaban en la causa con Galeano lo cuestionaron y cuando una de las querellas le preguntó quién era el tercer fiscal, aparte de Eamon Müllen y José Barbaccia, dijo: «Creo recordar que era (Alberto) Nisman», quien fue hallado muerto con un balazo en la cabeza en enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero.

Nisman acusó a la ex presidenta de encubrir a los iraníes imputados de promover el atentado a la AMIA, pero esa denuncia todavía no prosperó y recién el 19 de diciembre se sabría qué suerte correrá.

Al espía Antonio «Jaime» Stiuso lo mencionó al pasar, al señalar que lo había conocido en una reunión en la SIDE donde le hablaron de la Triple Frontera, pese a que lo echó de la ese organismo en diciembre del 2014.

«Ellos hicieron una defensa cerrada y monolítica de Galeano», respondió Fernández de Kirchner cuando le preguntaron por los fiscales. El juez destituido y ahora en el banquillo de los acusados fue blanco ayer de sus críticas.

«Galeano era parco en sus expresiones. Me costaba seguirlo o entenderlo», expresó la testigo al narrar el encuentro que con él tuvo al visitarlo en Comodoro Py junto con otros integrantes de la comisión parlamentaria. Recordó que estaba rodeado de expedientes, que agarró uno y vio fotos de talleres mecánicos.

«Le pregunté por las fotos y me dijo que eran de la SIDE. Le pregunté por el llamado del hermano del Presidente (Menem) y me dijo ‘no recuerdo’. Le pregunté si siendo la única causa que tenía a su cargo cómo no podía acordarse de ese llamado. Allí fue un momento de tensión. Se levantó y se terminó abruptamente la reunión», narró Fernández.

Galeano había negado dos semanas atrás ante los mismos jueces haber recibido un llamado de Munir Menem en las primeras horas de la investigacion para proteger al comerciante de origen sirio Alberto Kanoore Edul, relacionado con el volquete estacionado frente a la AMIA el día del atentado. Eso es lo que llevó a juicio a Menem, ausente por prescripción médica.

La ex presidenta sostuvo que la declaración ante la comisión parlamentaria del ex secretario de Galeano Claudio Lifschitz -un abogado vinculado a la Policía Federal y los servicios de inteligencia- fue un «abreaguas» en la investigación ya que derivó en la causa por encubrimiento ahora ventilada ante el Tribunal Oral Federal 2.

«Gringo: ¿aguanta un careo Galeano con este tipo?», recordó haberle preguntado entonces la luego mandataria al titular de la comisión, el ya fallecido Carlos Soria. «Ni cinco minutos», respondió el diputado y luego gobernador de la provincia de Río Negro. Clarín/

 

EL SHOW DE CRISTINA EN EL JUICIO POR LA AMIA II 

Las incongruencias de la ex presidenta Se mostró como una crítica del ex juez Galeano, cuando en realidad lo apoyó por carta.
A Cristina Kirchner le gusta inventarse pasados heroicos. Lo hizo cuando declaró a un diario alemán que había estado detenida por la dictadura, cuando en realidad estuvo demorada en el gobierno de Isabel Perón y lo hizo ayer en su testimonio en el juicio oral por las supuestas irregularidades en la investigación del atentado contra la AMIA.
La ex presidenta dijo ante el tribunal oral que siendo miembro de la comisión bicameral de seguimiento de los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA presentó informes en “disidencia” con el resto de los legisladores quienes se mantuvieron “en línea” con el juez Juan José Galeano: «La Comisión se apartó de su objetivo de seguimiento y tendría que haber tenido una actitud más neutral. No teníamos que apoyar al juez sino a la verdad «, destacó con tono épico. A su criterio, la mayoría de los miembros de esa comisión tenían la preocupación de que “no se cayera la causa con cualquier crítica que ellos podían hacer” se diferenció de sus ex colegas.
Sin embargo, la ex senadora por Santa Cruz elogió -antes de su primer gorp- por escrito la actuación de Galeano y de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y es más propuso que el juez se encargada de investigar el atentado contra la embajada de Israel que tiene a su cargo la Corte suprema de Justicia de la Nación. Está todo documentado en las actas de la bicameral.
El giro de Cristina comenzó luego de que el ex secretario del juzgado de Galeano y ex oficial de Inteligencia de la Policía Federal Claudio Lifschitz declaró ante la comisión bicameral sobre irregularidades en la causa. Lischitz siempre fue un personaje gris en esta historia ya que luego de ser echado del juzgado, viajó a Nueva York a escribir un libro donde mantuvo un alto nivel de vida y luego fue asesor letrado de Raúl Martins, un ex agente de la SIDE que manejaba prostíbulos en Buenos Aires y Cancún.
Ayer en el juicio oral Cristina fue manejando el ritmo de la audiencia como si estuviera en un show de TV: llegó a preguntarle a un abogado «qué edad tenía» cuando el letrado la consultó sobre si la acusación contra los ex policías bonaerenses era una interna en la pelea Carlos Menem-Eduardo Duhalde, e interrumpió al presidente del tribunal cuando éste quiso frenar una consulta de una de las partes. Estaba acompañada del ex titular de la AFI Oscar Parilli, uno de los principales impulsores del pacto con Irán por la AMIA.
También opinó que «ninguno de los tres fiscales» que trabajaban en la causa con Galeano lo cuestionaron y cuando una de las querellas le preguntó quién era el tercer fiscal, aparte de Eamon Müllen y José Barbaccia, dijo: «Creo recordar que era (Alberto) Nisman». Desde la muerte violenta de Nisman el 18 de febrero del 2015 hasta ahora, Cristina nunca trasmitió sus condolencias a la familia del de ex fiscal de la AMIA que la acusó de encubrimiento a favor de Irán por la firma del memorándum sobre la AMIA e hizo todo lo posible para ensuciar su trabajo. Cristina se desempeñó ayer como una presentadora de TV ante el tribunal en una causa en la que no quiere terminar en el banquillo de acusados como el ex presidente Carlos Menem.
Como senadora apoyó a al juez Galeano y la pista iraní. Pero luego empezó a hablar de una pista siria que, hasta ahora, no tuvo una sola prueba . Apenas murió Néstor Kirchner en octubre del 2010, quien sostenía la pista iraní, mandó a su canciller Héctor Timerman a Alepo, Siria, a negociar con los iraníes bajo la influencia del ex presidente de Venezuela Hugo Chávez . Otra de sus incongruencias fue decidir ayer ante el tribunal que al ex poderoso director de Operaciones de la SIDE Antonio Stiuso no lo recordaba, pese a que lo echó en diciembre del 2014 por haberse negado, junto a Nisman, a abandonar la pista según la cual Irán fue el autor intelectual del atentado contra la AMIA. Una memoria selectiva. Clarín/

 

LEY DE EMPRENDEDORES: LOS PUNTOS CLAVE PARA LA AGROINDUSTRIA 

La ley, de aprobarse, ayudará por ejemplo a los contratistas. Uno de los aspectos más importantes para los emprendedores, además de la capacidad de detectar una necesidad del mercado y tener el talento para satisfacerla, es la necesidad de capital que les permita concretar el proceso que los debe encaminar a convertir su talento en exitosos empresarios.
En este sentido, la ley de emprendedores -ya aprobada por la Cámara de Diputados- establece beneficios impositivos para los inversores que decidan apoyar emprendimientos argentinos y regulariza las plataformas de financiamiento colectivo para estimular la inversión interna.
Este proyecto, enmarcado dentro del programa Argentina Emprende, contempla la posibilidad de constituir una sociedad en 24 horas, facilidades a la hora de abrir una cuenta bancaria, abrir una sociedad con un capital de tan sólo dos salarios básicos, constituir sociedades unipersonales y otro tipo de beneficios destinados a facilitar el funcionamiento de quienes decidan emprender en el país. La norma es apoyada por la Asociación Argentina de Emprendedores (ASEA).
A continuación detallaré los cuatro aspectos más importantes de la ley con ejemplos que tienen aplicación práctica en el ámbito de la agroindustria: Como mencionamos anteriormente, establece una nueva figura, la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), que permite constituir empresas de un único socio, declarar un objeto amplio de negocio (importante en la nueva economía), digitalizar firmas, libros y poderes, emitir acciones de mismo derecho a diferente precio, entre otras cosas.
Por ejemplo, esto le daría la posibilidad a un contratista rural que recién comienza una estructura formal, un recorte de tiempos y costos para empezar a operar y como consecuencia, ayudará a una mayor recaudación fiscal y una reducción de la informalidad. Otros serían los casos que venimos mencionando en columnas anteriores en el mundo del agtech. Desarrollos de e-commerce, drones, robótica, biotecnología y agricultura de precisión que muchas veces son difíciles de incorporar en el objeto según lo establece la Ley de sociedades Comerciales. La SAS además podrá obtener CUIT y una cuenta bancaria simplificada en menos de 24 horas. También se impulsa el acceso a financiamiento con la creación de 10 fondos de capital emprendedor, donde el gobierno a través del Ministerio de Producción aportará hasta un 40% de lo que corresponda a los fondos, que deberán entrar con un capital minino de US$ 30 millones cada uno. También, se pretende complementar con doce aceleradoras, con licencias por cuatro años, en las que se destinarán aportes para los gastos operativos y se coinvertirá a través de préstamos convertibles, similar a la experiencia realizada hace dos años que llevo el Gobierno de la Ciudad. Emprender tiene mucho riesgo y sabemos que la tasa de fracaso es muy alta. Con la creación de estos fondos, por ejemplo aquellos emprendedores que estén desarrollando proyectos biotecnológicos, robótica, o cualquier proyecto que requiera mucha inversión inicial podrían llegar a acceder a capital de inversores extranjeros, o también un productor podría destinar parte de su utilidad a una aceleradora que tenga un fondo que invierta en proyectos de agro. Esto tendrá además de un marco propicio por la co-inversión público privada, incentivos fiscales para desgravar un porcentaje de ganancias a quienes inviertan en estos emprendedores.
Adicionalmente, se crearía un mecanismo moderno de inversión que ya se utiliza en EEUU y otros países, que son las plataformas de crowdfunding o financiamiento colectivo. Se está trabajando para que estas plataformas online, previamente aprobadas por la CNV (Comisión Nacional de Valores), puedan ser un mecanismo de financiamiento de emprendedores, ya que una forma muy común de utilización es para preventa de desarrollos.
Imaginemos, si un emprendedor está desarrollando un software de monitoreo para agricultura de precisión, un chip para medir humedad en un silo bolsa o la trazabilidad de un ternero, mediante estas plataformas podría conseguir financiamiento haciendo una pre venta a sus potenciales clientes/productores donde, mediante la compra anticipada del producto con algún beneficio, podrían darle el dinero para el desarrollo. Una posibilidad para implementarlo también es que los bancos cuenten con sus plataformas online, y por qué no también con las tarjetas rurales, así los mismos productores podrán invertir en emprendedores de todo el país, sin necesidad de conocerlo personalmente y comprando sólo muy pequeñas cuotas, que podrían venderse cuando lo disponga el inversor, como ocurre con los fondos comunes. Por último, se regula a las empresas que se crean, no sólo con el fin de resolver una problemática social, conocida como Empresas B. Se define a estos emprendimientos de Beneficio e Interés Colectivo o de «triple impacto» a aquellos que más allá del cuidado con la propia rentabilidad, tienen en cuenta los aspectos ambientales y sociales. Las nuevas generaciones empiezan a tener este tipo de interés, producto de entre otras tantas cosas, que los jóvenes cada vez separan menos el trabajo de su vida personal. En nuestro sector, se viene hablando de los envases plásticos de agroquímicos que quedan diseminados en el campo y sus consecuencias sociales. Con la nueva ley, cualquier emprendedor con una iniciativa de este tipo podría quedar enmarcado dentro de una norma jurídica diferente, que le de un tratamiento que lo promueva y le genere incentivos respecto a cualquier otro emprendedor. Esta iniciativa es pionera en Latinoamérica y ya hay varios de estos países consultando con especialistas en Argentina para copiar el modelo.
En definitiva, nuestros territorios rurales a lo largo y a lo ancho del país se verán beneficiados por esta leyque no solo promueve la creación de nuevas empresas y empleos en esos territorios, bajando las barreras para emprender y creando incentivo para el capital emprendedor, sino que también estimula otro tipo de inversiones y emprendimientos que fomentan el desarrollo de un país más federal y con empresas más sustentables. A pesar, del impacto positivo que tiene para la sociedad y del importante trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio de Producción y continuo apoyo de ASEA y muchas otras cámaras, para su aplicación aún tendremos que esperar la sanción de la ley en el Senado y la adaptación de la misma en cada provincia, por lo menos hasta mediados de 2017. La Nación/

 

AMIA: CRISTINA DENUNCIÓ IRREGULARIDADES EN LA CAUSA 

Responsabilizó al ex juez Galeano y a la ex SIDE por el caso de encubrimiento; también cuestionó a la comunidad judía
Hernán Cappiello
Cristina Kirchner se movió con soltura, manejó los tiempos, interrumpió a abogados, tuvo picantes cruces con los jueces y hasta ironizó con los acusados. Así, con soltura, como si fuera ella quien mandaba y sin permitir que nadie le enmendara la plana, la ex presidenta declaró ayer como testigo en la causa en que se investiga al ex presidente Carlos Menem y al ex juez federal Juan Galeano por irregularidades cometidas en la investigación de la AMIA. Criticó a la Justicia que ahora la tiene en la mira, al ex magistrado, a la vieja SIDE, a la comunidad judía y reiteró sus viejos cuestionamientos a la investigación oficial.
La ex presidenta fue testigo en un juicio donde Menem está acusado de encubrir la pista siria en la causa AMIA para supuestamente proteger a un viejo conocido suyo. Paradójicamente, la ex presidenta fue denunciada por el fiscal Alberto Nisman por proteger a los ex funcionarios de Irán acusados de la voladura de la AMIA. Ese caso está archivado.
Kirchner estuvo acompañada, entre otros, por Oscar Parrilli y Carlos Tomada, sus ex funcionarios que desde la platea en el primer piso de la sala de audiencias principal de Comodoro Py 2002 festejaron sus respuestas y se sumaron a los murmullos y las sonrisas que despertaban los comentarios de la ex presidenta ante las preguntas de los letrados. Temprano estuvieron Axel Kicillof, Martín Sabbatella, Héctor Recalde y Diana Conti para «protegerla del ambiente hostil» de Comodoro Py 2002. «El caso AMIA fue un escenario de operaciones políticas nacionales e internacionales, de intereses cruzados, lo que provocó que estemos como estamos: 22 años y medio después aún estamos acá en un juicio oral», objetó la ex mandataria. La citaron los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli.
La ex jefa de Estado, que ya el 4 de diciembre de 2003 había declarado como testigo en el primer juicio por la AMIA, declaró cuatro horas, excepto los dos minutos en que se cortó la luz. El interrogatorio fue limitado por el tribunal a su tarea en la comisión bicameral de seguimiento de la investigación del atentado, entre 1996 y 2001.
Allí criticó a Galeano y a la SIDE, aunque también a los ex fiscales y a las querellas de AMIA y DAIA por respaldar esa labor. Ensalzó las denuncias que hizo Claudio Lifschitz, un secretario del juzgado de Galeano que trabajó en inteligencia de la Policía Federal y que reveló las irregularidades que motivaron este juicio. Entre ellas el pago de 400.000 dólares al ex reducidor de autos Carlos Telleldín para que acusara policías bonaerenses, luego absueltos.
Kirchner buscó manejar la audiencia. Protagonizó un cruce picante con la abogada de Rubén Beraja, ex presidente de DAIA, Valeria Corbacho. La letrada buscó que recordara la denuncia que hicieron las instituciones judías por irregularidades, pero Kirchner dijo que sólo recordaba que la DAIA había sido monolítica en su defensa de Galeano. Kirchner, a la defensiva, buscaba eludir las preguntas y recordó que familiares de las víctimas criticaron a Galeano. Corbacho insistió si sabía cuántos eran esos familiares de las víctimas, para demostrar que eran los menos, pero el juez Gorini tuvo que intervenir para que el cruce no se convirtiera en polémica.
Otro tramo risueño se dio cuando un joven abogado preguntó si las acusaciones contra la bonaerense estuvieron motivadas en una interna entre Menem y Eduardo Duhalde. «¿Usted que edad tiene doctor? Tiene que haber leído al menos en los diarios que eso es lo que se decía en ese momento», le dijo. Hubo carcajadas y el juez Gorini pidió orden en la sala.
La ex presidenta contestaba aun cuando el juez decía que eran improcedentes. Recordó que este caso pasó por tres jueces. «El primero Bonadio, si mal no recuerdo doctor, que fue sacado del caso por graves irregularidades. ¿Es así?», le preguntó al presidente del tribunal buscando su complicidad para castigar al juez que la procesó. Gorini la interrumpió y le dijo que no importaba su punto de vista en este caso.
Cristina arrancó con tranquilidad, pero fue in crescendo su incomodidad hasta intentar manejar el ritmo de lo que ocurría en la sala. Al término de la audiencia, la ex jefa de Estado se paró del banquillo de los testigos, estrechó la mano a los tres jueces para luego retirarse indicándole a los policías con el dedo por qué puerta debía salir. La Nación/

 

EMERGENCIA SOCIAL: DEBATE Y MARCHA DE LAS AGRUPACIONES 

Se espera un amplio apoyo a la ley; las organizaciones sociales se movilizarán durante toda la mañana
Esta mañana se espera que la Cámara de Diputados dé media sanción a la ley de emergencia social. El proyecto, que proviene del Senado y fue impulsado por el triunvirato piquetero conformado por la CCC, Barrios de Pie y la CTEP, contempla un aumento de 15% en las asignaciones sociales, la declaración de la emergencia social hasta diciembre de 2019 y un desembolso extra de $ 30.000 millones en tres años.
Además prevé la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social, así como el Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep) y la asignación de las partidas presupuestarias necesarias para financiarlas.
Mientras los legisladores estén en el recinto -la sesión comienza a las 11-, Barrios de Pie llevará varias horas en los principales puntos neurálgicos de la ciudad y los accesos, y también en el interior. Preparará cientos de ollas populares para demostrar la grave crisis alimentaria que se vive en el país.
«Mañana es importante acompañarlo con una presencia que marque la situación, sobre todo mostrando la cantidad de chicos que van a los comedores populares. Lo del Congreso debe ser una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad», dijo a LA NACION Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie.
Hacia el mediodía, los manifestantes se movilizarán al Congreso, en donde confluirán con representantes de otras organizaciones. Pretenden encarar una vigilia durante toda la sesión para que «ningún diputado se haga el distraído».
La eventual sanción de esta ley representará cierta culminación del papel de las organizaciones sociales en la política nacional. Con un año intenso en materia de negociación y presión a través de manifestaciones, lograron poner en el tapiz sus demandas y abrir espacios de diálogo tanto con el Poder Ejecutivo como con la CGT, la Iglesia y los partidos opositores. La Nación/

 

LA ONU VENDRÁ AL PAÍS PARA EVALUAR LA DETENCIÓN DE SALA

 

No será una visita de cortesía o un gesto para aliviar los ánimos del Gobierno ante la presión internacional. Nada de ello. El Grupo de Trabajo de la ONUsobre la Detención Arbitraria de personas aceptó ayer la invitación del presidente Mauricio Macri a visitar la Argentina, en respuesta al pedido de liberación inmediata de la dirigente kirchnerista Milagro Sala , detenida desde el 16 de enero en Jujuy.

Pero en la aceptación de la visita ese mismo grupo de trabajo de las Naciones Unidas alertó ayer por medio de su presidente, Roland Adjovi, que el viaje al país, previsto para mayo de 2017, «no puede constituir una respuesta a (nuestra) decisión. La única respuesta satisfactoria es la liberación» de Milagro Sala.

De esta manera, los integrantes del grupo de las Naciones Unidas que hace un mes emitieron un informe en el que reclamaban la liberación «inmediata» de Sala ayer dejaron en claro que la aceptación de una invitación del Gobierno «no estará exclusivamente ligada al caso Sala». A renglón seguido, Adjovi destacó: «El gobierno federal [de Macri] tiene obligaciones en ese sentido en el plano internacional. La naturaleza federal de la Argentina no puede ser una excusa escapatoria a sus obligaciones».

El titular del grupo de las Naciones Unidas se metió así en un debate interno que hay en el Gobierno: un sector alineado con la diplomacia cree que hay que cumplir con lo que estableció la ONU, mientras que otro grupo entiende que el Gobierno debe respetar la independencia de poderes y dejar actuar a la Justicia, la de Jujuy en este caso.

Ayer en la Casa Rosada había cierta satisfacción por la aceptación de la visita de parte del Grupo de Trabajo de la ONU luego de la dura afrenta que significó el comunicado del viernes pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que también reclamó la liberación «inmediata» de Sala. En la Casa Rosada se comunicaron con el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, que también se mostró satisfecho con que la visita de los funcionarios de la ONU servirá para «aclarar y mostrar que la justicia jujeña actuó en forma independiente en la investigación de causas de corrupción que involucran a Sala», según deslizó Morales a varios funcionarios.

Además, tanto en la Casa Rosada como en el gobierno de Jujuy creen que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA aún no se expidió sobre el tema de fondo, que es el pedido de medidas cautelares que hicieron el CELS y Amnistía Internacional para liberar a Sala.

La líder de la organización Tupac Amaru fue detenida bajo la acusación de delito de sedición por organizar una protesta en la plaza Belgrano, de Jujuy. Pero luego fue liberada por esa causa e inmediatamente detenida y acusada de varios delitos, entre ellos, los de «defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita», por los cuales sigue presa.

Además del caso Sala, fuentes diplomáticas expresaron a LA NACION que el Grupo de Trabajo de la ONU evaluará en su visita al país las denuncias por presuntas detenciones arbitrarias. Se sabe que en la Argentina hay en muchas provincias casos de detenciones cuestionadas ya que existen problemas en la interpretación del Código Procesal y las prisiones preventivas terminan siendo laxas.

Avance judicial

En forma paralela a la eventual visita de los funcionarios de la ONU, la justicia de Jujuy avanzó en los últimos días en medidas procesales sobre el caso de Sala. Se estima incluso que habrá nuevas instancias en la Suprema Corte de justicia provincial.

A su vez, el ministro de Justicia de Jujuy, Agustín Perassi, ayer expresó que los jueces que dictaron la prisión preventiva de Milagro Sala lo hicieron porque «han entendido, más que el tema de la fuga, que lo que pesa es el entorpecimiento de la causa», debido a la «capacidad de violencia y de ejercer presión» que tuvo la dirigente jujeña.

En tanto, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, dijo ayer a LA NACION que la liberación de Sala «hoy pondría en severo riesgo el proceso judicial que se le sigue por la eventual obstrucción a la causa que podría ejercer» la líder de Tupac Amaru. Miranda entiende que «hay firmes pruebas de que Sala busca presionar a los testigos de la causa de corrupción por la que está detenida y ello implicaría un freno total para la investigación».

Por otra parte, ayer se supo que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, podría viajar a Jujuy en los próximos días para evaluar in situ la situación de detención de Sala para asegurarse de que tenga todos los derechos resguardados en su situación de prisión. La Nación/

 

ECONOMIA

 

CON EL ACUERDO, LOS SUELDOS EN 2017 SUBIRÍAN LA MITAD QUE EN 2016

Dos puntos importantes de la negociación salarial de la provincia cerrada ayer: los gremios aceptaron un ajuste de sueldos que es casi la mitad que el de este año; la negociación fue conversada por María Eugenia Vidal con Mauricio Macri.

Las paritarias de la provincia se hacen por trimestre. Para el último de 2016 el acuerdo fue por el 3%, que se suma al 31% acumulado durante los nueve meses precedentes. Así, el total casi roza el 34,6% que cerraron los docentes bonaerenses. Ahora el convenio para 2017 es 18%. ¿Cómo convencieron a los gremios de bajar casi a la mitad la suba salarial?, preguntó Clarín al ministro Hernán Lacunza, uno de los negociadores. “Fueron tres razones. Primero la baja de la inflación. Segundo, que ahora hay un indicador creíble de precios por parte del INDEC. Y, tercero, la confianza que construimos con los gremios durante este año, que todo lo que les dijimos se cumplió”.

Ese “frenazo” de 34,6 a 18 por ciento es una señal clave para el Gobierno nacional de cara a las paritarias del año próximo. Es que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ya ha dicho en más de una ocasión que la negociación del 2017 debe ser sobre la inflación esperada para ese año, y no por los atrasos salariales de este.El Presupuesto nacional incluyó una estimación de inflación para 2017 de 17%; el acuerdo bonaerense es por el 18%: alineación perfecta.

“Es por eso que la gobernadora habló de este tema personalmente con Mauricio Macri — señalan otras fuentes oficiales en La Plata-. Esto es una gran ayuda para las expectativas que intenta generar el gobierno nacional”.

El acuerdo anunciado ayer llevaba dos meses de negociación. “Lo mantuvimos en secreto para evitar que el diablo metiera la cola”, dicen fuentes oficiales bonaerenses. Y abarca a algo más de 200.000 trabajadores, de los 300 mil del sector. El resto de los 650.000 empleados de la provincia son los maestros (280.000) y la policía (50.000). De esos dos, es claro, la discusión con los maestros es la más álgida. ¿Aceptarán las mismas condiciones que lo ahora pactado por los demás estatales?

El convenio paritario con los docentes bonaerenses que está vigentes es de enero a enero. Con lo que no es necesario una negociación urgente, dicen en el gobierno bonaerense. En verdad, creen, los maestros nunca se sientan a conversar en enero, sino en febrero. “Cuanto más cerca de la fecha de inicio de clases estamos, más fuertes se sienten”, señalan. Pero igual se tienen fe para cerrar un número parecido al de ayer.

Pero el acuerdo tiene, por sobre todo, el objetivo de alinear los números que están sobre la mesa de la economía. Los de inflación estimada por el Gobierno con los de las subas salariales. Buscan así trabajar sobre las expectativas de crecimiento de precios, un factor que termina alimentando subas más allá de las razones objetivas. ¿Y qué pasa si la inflación al final es más del 18% y los sueldos se disparan por arriba de ese porcentaje? “No nos afecta -dicen en La Plata-, porque la recaudación entonces también subiría más. Pero la gestión por las expectativas ya estaría hecha”. Clarín/

 

EL CAMPO, DEL FIN DE LAS RETENCIONES Y EL RÉCORD EN TRIGO A LA CRISIS EN LOS TAMBOS 
Un año de Macri
Siempre atento a la oportunidad tecnológica, Fernando Amuchástegui va de campo en campo en las 25.000 hectáreas que trabaja. Este ingeniero agrónomo ha construido una empresa familiar que abarca desde una commodity como la soja a especialidades como el sésamo y los maíces pisingallo y colorado. Pero estuvo a punto de bajar los brazos: “Un año atrás queríamos largar todo, dejar el campo, irnos”.
Hablamos de balance. Mauricio Macri arrancó su gobierno con la eliminación de las retenciones, en la que fue la primera promesa que se cumplía. Hubo una excepción con la soja. Con la oleaginosa, principal cultivo de la Argentina, decidió una baja gradual del 35 al 30%, que significó $ 16.000 millones. Se quedó ahí. Y lo perdonaron.
El sacrificio fiscal por la eliminación del conjunto de las retenciones se estima en US$ 4.000 millones. Amuchástegui asegura que la economía ya los está recuperando por la mayor actividad. “Las condiciones reales no mejoraron tanto, porque los costos siguen altos, pero hay confianza, entusiasmo y nosotros apostamos. Este año creceremos a 30.000 hectáreas”, afirma al contar que han decidido ser líderes en garbanzo: ampliaron una planta para procesar 9.000 toneladas de exportación.
En Monte Maíz (Córdoba), Rosana Negrini, presidenta de Agrometal, también estaba al borde del cierre. Acaba de aumentar 20% la cantidad de horas extras para la fabricación de sembradoras de siembra directa. No es la excepción en maquinaria agrícola: las ventas crecieron 148% en el tercer trimestre respecto a 2015, según el INDEC. Claro que hubo políticas activas como los créditos del Nación que actuó como testigo y tuvieron que seguirlo los bancos privados. A eso se añade una mayor aplicación de insumos, como el fertilizante, una práctica que se había abandonado y que regresa de la mano de una favorable relación entre el precio del fertilizante y el del grano.
Las cifras son contundentes. Habrá récord en trigo y una cosecha de granos de 125 millones de toneladas, casi 13 millones más en volumen y US$ 2.800 millones extras en exportaciones. “Se cumplió lo que dijimos, este año invertimos US$ 58.000 millones en producir”, afirmó Luis Etchevehere, titular de la Rural.
Mucho de esto se palpó en el retiro de Chapadmalal. Ante el resto de sus colegas y el Presidente, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, presentó un informe con los 13 puntos prometidos por Macri en la contienda electoral. “Son una realidad en un 80%, en el resto estamos trabajando para ajustar las cadena de valor con el foco en las economías regionales. Esa será nuestra agenda en 2017”, dijo a Clarín. Buryaile enfatizó que, a diferencia de otros sectores empresarios a los que también se atendió con leyes especiales y distintos incentivos, el campo respondió. “El productor reaccionó de otra manera y se puso en marcha”.
Donde no encajaron las medidas del Gobierno fueron en leche, cerdos y aves. De acuerdo a Luciano Di Tella, dueño de Yatasto, una pyme lechera, fue un error eliminar de golpe las retenciones al maíz, “porque generó un cambio brutal en los precios relativos. No hubo tiempo para adaptarse y no se pudo reducir el daño, cuando ya se venía de una situación grave”, concluyó.
El maíz sin retenciones se encareció. Es el alimento de las vacas y este año la producción lechera cayó 10%. Sin embargo, Di Tella cree que “el tambero que pudo aguantar, empieza a ver la luz al final del túnel”. Sencillamente, porque los precios mejoraron mundialmente y pasaron de US$ 2.300 la tonelada de leche en polvo a US$ 3.300.
Donde aún no hay señales es en las economías regionales. Con Brasil que no reacciona y costos que superaron la devaluación, la pera, la manzana, los olivos y la fruta seca, viven situaciones de quebranto. No alcanzó con la eliminación de las retenciones. Tampoco parece alcanzar con los reintegros que se anunciaron la semana pasada. La pera argentina, por ejemplo, está 30% por encima del valor de su competidor más cercano.
Alfredo Gusman, presidente de la Asociación de Angus, celebra, en cambio, el buen año en la ganadería. Aunque enfatiza que sólo se exporta un 7% y que para abrir el mercado internacional se necesitan otros costos y más estímulo. Dardo Chiesa, presidente de CRA, dice que tenemos el novillo más caro del Mercosur a US$ 13 el kilo vivo. Y que por esa razón ingresa cerdo desde Brasil a mitad de precio. Puesto a poner una nota a la gestión de Macri, Chiesa prefiere decir que se volvió a la normalidad, que no es poco. “Imagínese, después de 10 años, el productor triguero sabe que al fin, va a poder vender su cosecha”.
Cosecha de trigo en Necochea en la Navidad de 2015. Clarín/

 

 

LAS PETROLERAS VOLVIERON A RECLAMAR SUBAS EN LAS NAFTAS

Aunque pasó casi un año, la devaluación de diciembre de 2015 le sigue generando problemas al Gobierno en el manejo de la economía cotidiana. La cuestión resurgió ayer por la mañana en una reunión que empresarios del sector petrolero mantuvieron con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en el Palacio de Hacienda. Habían sido convocados para discutir el futuro del denominado «barril criollo», un esquema que la administración de Mauricio Macri heredó de su antecesora y consiste en sostener un valor más alto que el internacional para el crudo local con vistas a mantener el nivel de actividad. Sin embargo, la cuestión de los surtidores, ubicados en la otra punta de la cadena petrolera, se coló en la discusión.

El argumento de los refinadores, encargados de producir y vender las naftas y el gasoil, fue bastante concreto: la devaluación de este año supera el 60%, pero los precios de los combustibles treparon apenas 30 por ciento. Aunque se venden en pesos, los combustibles están altamente dolarizados. Sucede que el crudo representa aproximadamente un 80% de los costos del negocio, que están atados a la moneda norteamericana.

Las empresas no le pusieron números a una futura suba de los precios, pero datos de la petrolera estatal muestran las diferencias entre el pasado y la actualidad. Según su última presentación de resultados, las naftas están en dólares 17,3% por debajo del precio promedio de los primeros nueve meses del año pasado, mientras que la caída para el mismo período en el caso del gasoil fue de 19 por ciento.

Es una manta que siempre queda corta. Cada aumento en los combustibles irrita a los automovilistas y enciende la inflación, pero al mismo tiempo las compañías acusan una fuerte pérdida de rentabilidad por los valores actuales.

Entre los asistentes estuvieron dos de sus grandes referentes: el presidente de Shell, Teófilo Lacroze, dueño del último sillón que ocupó Aranguren en su largo paso por el sector privado, y Carlos Alfonsi, el principal ejecutivo de YPF dedicado a atender esta parte del negocio.

Aranguren siguió su manual habitual. Se inclinó a favor de palabras como acuerdo y consenso, aseguró que no buscaba ninguna clase de imposición y remarcó que el Gobierno espera que no haya remarcaciones en los surtidores en las próximas semanas.

Del encuentro participaron los productores de petróleo, que cargan con sus propios problemas. Como casi todo el mundo esperaba, no asomó el atisbo de ningún acuerdo, por lo que todos volverán a verse las caras mañana, en una nueva reunión con Aranguren en la cual deberían volver con propuestas que acerquen las posiciones.

Barril criollo

El Gobierno quiere redefinir en las próximas semanas el funcionamiento del upstream, que agrupa a las actividades de exploración y de producción de hidrocarburos. Eso implica comenzar un camino de convergencia en el precio local del petróleo con el internacional, que es más barato. Los mecanismos están en estudio. El secretario del gremio petrolero de Neuquén, Guillermo Pereyra, le explicó a LA NACION que una de las alternativas contempla llevar el valor del denominado Medanito, propio de esa provincia, a los US$ 63 a partir del mes próximo (es la cifra que ya se maneja en la actualidad) y bajar un dólar por mes hasta septiembre, cuando alcanzaría los US$ 56, una cifra más cercana a las referencias internacionales. Esa propuesta se repitió ayer en el encuentro.

Para las empresas, se trata de una iniciativa bastante vacía. Eso se debe a que la mayoría de las operaciones en el mercado local toman de hecho como referencia los valores internacionales, por lo que el denominado precio sostén quedó en desuso.

La misma propuesta contempla que el precio no tenga techo. En otros términos: si los valores internacionales vuelven a subir por encima de los US$ 100 no habrá mecanismos que limiten su impacto.

La pelea por el precio colocó al sector en una encrucijada. La semana pasada YPF anunció una reducción de actividad en Neuquén que provocaría 1700 despidos. El gremio respondió con un paro que, según Pereyra, comenzó a prepararse ayer a las 4 y se hizo sin sobresaltos. La Nación/

 

 

REPUNTA EL CRÉDITO EN PESOS, PERO AÚN NO ALCANZA EL NIVEL DEL AÑO PASADO

 Los préstamos en pesos tuvieron un alza durante noviembre y mostraron las mejores cifras del año en segmentos clave como hipotecarios, personales, prendarios y tarjetas de crédito. Sin embargo, según datos del Banco Central (BCRA), los registros del último mes todavía no logran alcanzar a los de noviembre de 2015. «No me sorprende tanto que el crédito en pesos no esté reaccionando o esté creciendo menos que la inflación: la política monetaria estaba pensada para moderar todos los agregados monetarios. Eso se debería empezar a revertir en los próximos meses», indicó Maximiliano Castillo, de ACM. En un momento del año en que la financiación mediante tarjetas de crédito suele incrementarse por las compras de fin de año, el rubro creció $ 8758 millones a fin de noviembre –un 22% más de lo que creció el mes anterior– pero todavía sigue un 29% por debajo de los $11.311 millones que había aumentado en el undécimo mes de 2015.

Una explicación posible a esa diferencia es que en el clima electoral de fines del año pasado, los consumidores adelantaban sus compras de bienes dolarizados para pagarlos en cuotas sin interés, impulsadas en muchos casos por el plan Ahora 12. Así lo ve Martín Polo, de Analytica Consultora: «Es una base de comparación muy traicionera porque en noviembre de 2015 había cierto boom de crédito, principalmente explicado por una expectativa de devaluación y de ajuste de la tasa de interés. Muchos lo aprovecharon para acumular stock».

Para Gabriel Zelpo, de la consultora Elypsis, hay tres efectos que actúan negativamente sobre los préstamos en pesos: «El consumo anticipado del año pasado, las tasas de interés más altas y salarios reales más bajos». En cuanto a las tasas, el economista agregó: «Los créditos personales y de tarjetas se vieron afectados por la desregulación de tasas máximas, ya que se eliminó una normativa que fijaba un tope para los intereses de los créditos personales y limitaba indirectamente la tasa de las tarjetas. Eso provocó que las tasas suban, desincentivando la toma de créditos».

Más allá de que los números todavía no muestran un repunte importante, Martín Polo prefirió destacar el vaso medio lleno: «En octubre y noviembre, aunque con menos fuerza, el stock de créditos de tarjetas subió en el orden del 3% y estuvo por encima de la inflación, lo que representa una mejora en términos reales. Eso se suma al crecimiento de personales (que fue casi al 4% contra 1,8 de la primera parte de año) y prendarios (subieron un 3,7% respecto del 1,5 de los meses previos). Es decir que en el cuarto trimestre hubo una reactivación», afirmó. El Cronista/

 

EL BID APROBÓ PRÉSTAMOS POR U$S 420 MILLONES PARA RUTAS Y GESTIÓN PROVINCIAL

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy un nuevo programa de financiamiento por unos u$s 300 millones para ampliar la capacidad y seguridad vial en corredores de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Entre los objetivos específicos de este programa se encuentran mejorar la calidad de la circulación en el corredor de la ruta nacional 19, a través de la ampliación de la capacidad de esta vía para lograr la disminución de los tiempos de viaje y de los costos de transporte, mejorar la seguridad vial, y concretar la posible eliminación de cortes por factores climáticos.

A nivel de la red vial nacional se prevé mejorar la seguridad vial, mediante un programa que aumentará la cantidad de kilómetros que cuentan con diseños en base a estándares modernos.

La operación financiará la construcción de una nueva vía de 120 kilómetros de doble calzada, con intercambiadores a diferente nivel y accesos a localidades de su área de influencia directa, y de 35,4 kilómetros de duplicación de la vía existente en la ruta 19, entre las localidades de San Francisco y Montecristo, en la provincia de Córdoba.

También financiará el diseño del Programa de Rutas Seguras, incluyendo la elaboración de documentos técnicos, normas y protocolos de intervención, así como la elaboración de los proyectos ejecutivos de uno o dos pilotos de vías con el nuevo estándar de ruta segura.

Del mismo modo, se realizará un estudio de logística para analizar la situación de los flujos de carga en el corredor de la ruta 19 destinados a los puertos del Gran Rosario.

La ruta nacional 19 es uno de los principales corredores viales de la región centro de Argentina, al conectar tres de sus capitales (Córdoba, Santa Fe y Paraná) y proveer acceso al complejo portuario de Rosario para la exportación de la producción agrícola y a los puertos de Reconquista, Santa Fe y Diamante.

Además, esta ruta vincula a Córdoba con la región noroeste argentina, Uruguay y Brasil, y también con Chile a través del Paso de Agua Negra.

El préstamo del BID de u$s 300 millones tiene 25 años de plazo con 4 años y medio de gracia, una tasa de interés basada en Libor y una contrapartida local de u$s 200 millones.

Por otro lado, el BID aprobó un segundo crédito por u$s120 millones para fortalecer la gestión fiscal, contribuir al crecimiento económico y del empleo en las provincias, mejorar la administración de ingresos, gastos e inversión pública, y para la concreción de proyectos de inversión.

El Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial apunta a mejorar la autonomía fiscal provincial, a través de su vinculación con el financiamiento de proyectos. De esta manera, beneficiará directamente a las provincias de Salta, Mendoza, Corrientes y Neuquén e indirectamente a todo el territorio nacional.

Además de apoyar las reformas en el federalismo fiscal, otros objetivos específicos son incrementar los ingresos, administrar la gestión del gasto público provincial y financiar proyectos de inversión en sectores estratégicos que aumentarán el empleo en el sector privado. El Cronista/

 

 SUBEN LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN Y DEJAN MENOS MARGEN PARA BAJAR TASAS

Aún con los recortes de noviembre, la tasa de la Lebac a 35 días sigue siendo «positiva en términos reales» (está por encima de las previsiones de inflación). Sin embargo, una nueva publicación de expectativas de precios para 2017, en alza, acota el margen para que el Banco Central (BCRA) haga más recortes.

El martes pasado la entidad conducida por Federico Sturzenegger bajó la tasa de la Lebac a 35 días al 24,75%, una reducción de 50 puntos básicos que la llevó dos puntos porcentuales por debajo del nivel al que había empezado el mes. Los recortes, sin números determinantes de bajas en las expectativas de inflación le generaron duras críticas.

Las más duras llegaron desde Wall Street, con reportes del Citi, primero, y de Goldman Sachs, más tarde, hablando de inconsistencias. Son bancos que pocas semanas antes recomendaban a la Argentina como el paraíso del carry trade (la bicicleta financiera que generan las altas tasas en pesos con dólar planchado o en baja) y que en octubre se vieron defraudadas por un dólar que subió 4,5%, arruinando los resultados de ese período.

Pero a los economistas locales, además de la suerte de los traders, les interesa si el BCRA mantiene su compromiso contra la inflación. Las dudas sobre el nivel de la tasa de política monetaria se volvieron más presentes cuando el viernes pasado el BCRA publicó su Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), donde las previsiones para los 12 meses de 2017 para el IPC GBA subieron medio punto de 19,7% a 20,2%. La meta oficial es de 12% a 17% para el año próximo. El Cronista/

 

NOTA DE OPINIÓN

 

EL AÑO PRÓXIMO, LOS SUELDOS SUBIRÍAN LA MITAD QUE EN 2016

POR MARCELO CANTON

http://www.clarin.com/politica/ano-proximo-sueldos-subirian-mitad_0_1700229965.html

 

 

LA ECONOMÍA NO LOGRA ARRANCAR Y SI ARRANCA, ¿LO NOTARÁ LA GENTE?

POR ALCADIO OÑA

http://www.clarin.com/politica/economia-arrancar-arranca-notara-gente_0_1700229964.html

 

 

 

MILAGRO SALA, DILEMA PARA MACRI

POR RICARDO ROA/

http://www.clarin.com/opinion/Milagro-Sala-dilema-Macri_0_1700229963.html

 

 

LA CANCHA ESTÁ MÁS EQUILIBRADA PERO NO CONVENCE A TODOS LOS JUGADORES

POR HERNÁN DE GOÑI/

http://www.cronista.com/columnistas/La-cancha-esta-mas-equilibrada-pero-no-convence-a-todos-los-jugadores-20161206-0048.html