La creciente toma de tierras, apañada por figuras políticas del oficialismo, produce la quiebra el pacto fundamental por el que los ciudadanos delegan en el Estado el uso de la autoridad legítima y le ceden el uso de la fuerza para la defensa de sus derechos. Las personas no se organizan para usurpar tierras ajenas, y los dueños de esas tierras no responden a los tiros a quienes usurpan, porque es el Estado el que debe protege el derecho de propiedad de unos y facilitar el acceso a la vivienda a los otros.

El retiro del Estado del conflicto conduce a los peores resultados. ¿Qué incentivo tienen quienes respetan la ley, hacen trámites a veces interminables en los organismos de vivienda, pagan sus cuotas en una cooperativa? ¿Por qué esperar a la adjudicación de una vivienda, si es más fácil delinquir y tomar un lote, sin consecuencia alguna? ¿Qué confianza puede tener en el Estado el propietario de un terreno usurpado cuando se ve denunciado por la misma Ministra de Seguridad que debería defenderlo?.

Nota de opiniíon de Alfredo Cornejo en Clarín