El proyecto de ley de contribución extraordinaria sobre las grandes fortunas es en realidad un impuesto a la riqueza, y uno muy malo.

Es un ejemplo de pereza intelectual y política.

Frente a una situación extraordinaria se debió procurar un acuerdo que impulsara un impuesto de emergencia equitativo, proporcional a los ingresos riqueza y patrimonio, que no excluyera la participación en el esfuerzo del sector público. Desde hace ocho meses insistimos que no hay razón alguna para que el sector público de mayores ingresos no participe del esfuerzo que está haciendo la mayor parte de la población.

En cambio, se optó por un camino fácil, que la impericia hizo difícil, de ir a cazar al zoológico en vez de alcanzar con la norma al 40% de los que pudiendo y debiendo pagar impuestos no lo hacen.

Entre los defectos más importantes destaco que representa una doble imposición y en muchos casos absorberá gran parte o más renta que la que generan los activos gravados.

Considerando el impuesto a la riqueza y bienes personales, la alícuota efectiva total para los contribuyentes alcanzados va desde un 3 hasta más del 7%, un valor significativamente alto para un impuesto al patrimonio, más aún al aplicarse sobre los activos, lo que en la práctica implica que la tasa final sobre el patrimonio se ubicará muy por encima en el caso de aquellos contribuyentes que posean deudas contraídas para adquirir los bienes objeto de estos impuestos.

Nota de opinión de Facundo Suárez Lastra en Clarín