Nota de opinión del diputado nacional Emiliano Yacobitti

Este año estamos celebrando un nuevo aniversario de la famosa Reforma Universitaria de 1918. Hace 102 años, la historia argentina cambió su curso y decidió adentrarse definitivamente en el sendero de la modernidad. En un acto de audaz vanguardismo y desafío al status quo, la juventud estudiantil se entregó a las calles cordobesas para intentar concretar sus añoranzas de una realidad distinta y mejor.

Su sueño era de avanzada y muy moderno para aquel entonces. Las banderas que elevaron aquel estallido del 15 de junio de 1918 proponían un liderazgo democrático, transformándose sin buscarlo en la cabeza de playa de un profundo cambio en nuestra historia conservadora y dogmática. Con una claridad y sentido histórico destacable, manifestaron romper la “última cadena con una dominación monárquica y monástica”. Y así, constituyeron un nuevo “grito de libertad”, una nueva independencia en nuestro territorio. Los anhelos de ese 15 de junio, y la osadía de permitirse soñar una realidad distinta, se convirtieron -hoy, a 102 años- en nuestra estructura y “normalidad”.

Ese día terminó de cambiar el Siglo en nuestro país y simbólicamente se inauguró el Siglo XX moderno. La Reforma Universitaria implicó un proceso democratizador en nuestro país en general, y en el gobierno universitario en particular. Se cambiaron los estatutos y leyes universitarias, quitando toda forma de control y penetración religiosa, e instaurando una institución pública, laica y por sobre todo científica. Además, instaló un cogobierno, en el que los estudiantes comenzaron a participar en la decisión universitaria. Habilitó la autonomía y autarquía universitaria, la extensión universitaria, la periodicidad y libertad de las cátedras y los concursos de oposición. A su vez, contribuyó a fundar las bases de nuestra democracia moderna. Una democracia en la que no hay terceros excluidos, ni decisiones dogmáticas, ni silencios a la ciudadanía.

Un régimen político en el que todos forman parte del todo. Un procedimiento de toma de decisiones política que siempre debe ser argumentativo, científico, racional y empírico, donde el diálogo y el debate público constituyan los únicos vectores hacia la verdad.

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