Diputados nacionales de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Legislación del Trabajo debatieron hoy sobre Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la Violencia y el Acoso Laboral, aprobado por la OIT en junio de 2019. El mismo tiene alcance a todos los sectores públicos o privado tanto de la economía formal o informal, en zonas rurales o urbanas. Abarca el abuso físico, verbal, intimidación, hostigamiento, acoso sexual, amenazas y acecho. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado. A poco de aprobarse el convenio por la OIT, diputados de la UCR presentaron proyectos para su ratificación parlamentaria.

Recibieron entre otros a la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la ministra de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; Javier Cicciaro, del proyecto Spotlight de la ONU; Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) además de representantes sindicales y abogados laboralistas.

Gómez Alcorta señaló que la aprobación de esta ley es coherente con la política exterior de la Argentina tanto en materia de Derechos Humanos como en materia de Género. “Este convenio es el primer instrumento internacional que aborda específicamente el tema de la violencia de género y el acoso en el ámbito laboral y que define el alcance concreto de las obligaciones estatales en la materia”, remarcó.

“Es un aporte fundamental para el desarrollo de políticas públicas en materia de prevención y erradicación de violencia laboral, por lo tanto su ratificación refuerza la decisión política de crear una institucionalidad de género jerarquizada en el ámbito de la administración pública nacional”, dijo.

 “Vamos a estar dictaminando seguramente de manera unánime este convenio en las próximas semanas. Con el diputado Mario Arce presentamos un proyecto de ratificación a menos de una semana de la sanción de este convenio en junio pasado”, señaló Albor Cantard, vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo

“Una vez ratificado va a ser la primer norma internacional jurídicamente vinculante en materia de violencia y acoso en el trabajo, con definiciones muy importantes: define claramente la violencia y el acoso en el trabajo como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, que tengan por objeto generar un daño la persona trabajadora; también define con claridad a los sujetos protegidos, que no solo los empleados, sino también los voluntarios y voluntarias, los demandantes de empleo, tanto en el ámbito público como privado; y también define con claridad qué se entiende como lugar de trabajo, incluyendo no solo el lugar específico donde se desarrolla la tarea sino también los lugares dentro del establecimiento donde se producen los descansos, comedores, lugares de refrigerio, sanitarios, trayectos in itínere hacia el domicilio del trabajador o trabajadora, en los lugares de reunión. Y por último establece la inversión de la carga de la prueba: basta que el denunciante aporte indicios para que sea el denunciado quien deba probar su inocencia”, amplió Cantard.

La diputada Soledad Carrizo, también autora de un proyecto de aprobación del convenio, remarcó que “esta iniciativa nos encuentra a todos comprometidos para que los trabajadores puedan tener un ámbito laboral lejos de la violencia y el acoso”.

Carrizo también pidió una modernización de nuestro derecho laboral para hacer operativas estas cuestiones, “y que este proyecto no quede en una fría ley sino que podamos hacerla operativa lo más rápido posible”.

La diputada Dolores Martínez remarcó también los desafíos para la adecuación de la legislación, para incorporar la perspectiva de trabajo decente, la perspectiva de género, las políticas de cuidado.

Mario Arce remarcó también la importancia que implica la eliminación de todo tipo de violencia y acoso en el mundo laboral. “Partir de la base de que la violencia y el acoso en el mundo laboral es una amenaza para la igualdad de oportunidades. También va a ser importante trabajar en la adaptación normativa y el efectivo cumplimiento”.

Natalia Gherardi destacó como un acierto que “el proyecto se inscribe en el marco de las violencias por razones de género en términos más amplios. Esto da pautas de interpretación y de diseños de políticas públicas a futuro”.

“Hay un enfoque fundamental sobre la necesidad de transformar las culturas organizacionales”, agregó.