Diputados nacionales del radicalismo, encabezados por Dolores Martínez, presentaron dos pedidos de informes al Poder Ejecutivo referidos al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Este programa, creado en el marco de la emergencia sanitaria, incluye desde el pago por parte del Estado de parte del salario a los trabajadores en relación de dependencia hasta reducción de contribuciones patronales y créditos a tasa cero para pequeños contribuyentes. Las preguntas se refieren tanto a la polémica campaña publicitaria realizada en vía pública como a la implementación del programa.

“Este Programa que fue una buena medida, aprobada con cierta rapidez, ha demostrado como tantas otras en la crisis, serios problemas en su implementación en parte debido a la ineficacia de los recursos y de las estructuras burocráticas asignadas, como la alta complejidad del trámite, duración extensa de la tramitación, caídas de servidores y modificaciones sobre la marcha”, afirmó Martínez.

Por un lado, se solicita saber a cargo de qué área se encuentra el diseño de la campaña de difusión por la cual se colocaron afiches en vía pública (por ejemplo “Salarios 50% pagados por el Gobierno Nacional”) respecto del Programa; el costo total de la campaña de difusión, detallando personas o empresas a cargo del diseño, impresión y colocación de los afiches, indicando asimismo procedimiento de selección para la contratación de dicho servicio; y si se efectuaron campañas de difusión al respecto por otros medios, dando precisiones sobre los mismos.

En el segundo pedido de informes, se solicita información sobre la cantidad de solicitudes de beneficios recibidas, la cantidad de beneficios efectivamente otorgados, la cantidad de solicitudes rechazadas y las pendientes de aprobación, discriminadas en todos los casos por tipo de beneficio; rubro o actividad de los solicitantes, distribución geográfica y erogación total discriminada por beneficio. También se pide que el Gobierno detalle el tiempo promedio que insume la tramitación de la asistencia, desde el momento de la solicitud hasta el efectivo otorgamiento; y las causales más frecuentes de demora en la tramitación de las solicitudes.

“Las finalidades que persigue la adopción de una buena medida, como es el caso de esta asistencia, pueden verse desvirtuadas, cuando deficiencias en la implementación dificultan, que los beneficios lleguen a los destinatarios en tiempo y forma o directamente lo impiden”, remarcó la legisladora.

“Asimismo, en tiempos de crisis como la presente se debe poner énfasis en el control de la asignación de los recursos públicos a efectos de garantizar una eficiente distribución de los mismos. Al mismo tiempo deben evitarse mensajes distorsivos de la realidad, más aún en publicidad oficial, que debe estar destinada a difundir acciones o informaciones de interés público”.

“Ello cobra aún más importancia, si se atienden las recientes declaraciones de Diputados/as oficialistas y Funcionarios/as de Gobierno quienes se manifestaron respecto de cierto interés por parte del Estado de tener participación de capital sobre las empresas a las que se le otorga la asistencia, con recursos provenientes de los impuestos que esas mismas empresas aportan. Todo ello en un marco de angustia e incertidumbre de muchas personas que luchan a diario para mantener en pie su empresa, ante una crisis sin precedentes”, finalizó.

Además de Dolores Martínez acompañan los proyectos los diputados Karina Banfi, José Cano, Albor Cantar, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Gerardo Cippolini, Ximena García, Juan Martín, Claudia Najul, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Roxana Reyes, Hugo Romero y Emiliano Yacobitti, Luis Petri, Lidia Ascárate, Alejandro Cacace, Gabriela Lena, Jimena Latorre, Josefina Mendoza, Estela Regidor, José Riccardo, José Rizzotti y Federico Zamarbide.