Luego de escuchar a representantes de entidades y organizaciones del sector turístico, los diputados de Juntos por el Cambio de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, dictaminaron a favor de declarar la emergencia para el sector del turismo (14 firmas). Por otra parte, el Frente de Todos firmó un despacho de mayoría (17 firmas) proponiendo un plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción del turismo nacional hasta el 31 de diciembre, prorrogable por 180 días”.

“La actividad turística fue la primera en pararse por la pandemia, y va a ser la última en recuperarse, y requiere de instrumentos particulares para el sector. Hoy la están pasando muy mal, con enormes riesgos para las fuentes de trabajo y para las empresas. Los 15 representantes que expusieron manifestaron desde su experiencia y su interés las dificultades por las que atraviesan; y nos pidieron auxilio, seguridad jurídica, beneficios fiscales concretos”, explicó Alfredo Cornejo, presidente de la Comisión.

Y enfatizó que “ambos despachos en sus fundamentos reconocen la situación de emergencia del sector. Intentamos arribar a un único despacho, pero esto no fue posible. Para nosotros el motor de la economía no es el consumo sino la inversión, y allí se centra la gran diferencia entre los dos despachos”.

“La declaración de emergencia es fundamental para la seguridad jurídica de los beneficios fiscales, tributarios, laborales. Tratamos de que no desaparezcan las empresas, para que puedan sostener el empleo”, amplió.

Juntos por el Cambio emitió un dictamen en base a un proyecto de autoría de los diputados Gustavo Menna y Alfredo Cornejo, pero que condensó muchos otros proyectos de diputados y diputadas en el mismo sentido, como los de Cristian Ritondo, Lorena Matzen y Héctor Baldassi, entre otros. Declara al sector turístico en estado de emergencia económica, laboral, tributaria y financiera, con motivo de las severas restricciones que la pandemia impuso a la actividad turística. El plazo de la misma estará comprendido entre el 19 de marzo de 2020 y se extenderá por el lapso de un año contado desde la fecha de entrada en vigencia de la ley, pudiendo ser prorrogado por la autoridad de aplicación por un plazo adicional de seis meses.

Se instituye un régimen extraordinario de emergencia económica, laboral, tributaria y financiera para las personas humanas y jurídicas que tengan como actividad principal algunas de las actividades comprendidas conforme la clasificación internacional uniforme de las actividades turísticas de la Organización Mundial del Turismo incluidas en el Anexo I de la Ley N° 25.997 y regirá con motivo de la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el decreto 297/2020, sus prórrogas dispuestas por los decretos 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020 y las que eventualmente se dispongan en lo sucesivo.

También se crea el “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo de Turismo Nacional” para empleadores y trabajadores del sector, que consistirá en la obtención de un “Salario Complementario”, constituido por una asignación abonada por el Estado Nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, en los términos y condiciones y con las limitaciones que establezca la autoridad de aplicación.

Al explicar fundamentar el dictamen, Menna dijo que el sector del turismo, “con todo lo que involucra, es el más afectado por la pandemia y por las medidas de aislamiento, que restringen y en muchos casos suspendieron la posibilidad de llevar adelante la actividad de los prestadores turísticos.

“La afectación propuesta en el dictamen va a trascender a las medidas de aislamiento. Hay un consenso general en cuanto a que la recuperación de los niveles de actividad de 2019 para esta actividad probablemente demore 2 a 3 años desde que finalicen las medidas de aislamiento”, agregó.

“Se busca que la ley sea operativa por sí misma, y que no dependa de instancias burocráticas Y buscamos la promoción del turismo nacional”, remarcó Menna, para luego recordar que “el 70 % de los establecimientos están en riesgo de quiebra. No puede el Congreso de la Nación hacer oídos sordos a esa necesidad de miles de prestadores y de los empleos asociados a esos establecimientos de tener una norma que sea eficaz, efectiva, conducente para conjurar una situación tan grave”.

Lorena Matzen, por su parte, enfatizó que el sector no necesita un plan de capacitación, sino una ley de emergencia que los venga a salvar de una situación extremadamente complicada. Necesitan oxígeno, necesitan medidas concretas que permitan una certidumbre de futuro. Nuestro proyecto ya no se nuestro porque sufrió muchas modificaciones para incluir las necesidades planteadas por el sector.

Jimena Latorre insistió en que el sector está atravesando una situación de emergencia. “Un diagnóstico que no es discursivo, porque de esto depende cuáles van a ser las medidas y las herramientas concretas con las que vamos a asistir al sector. Herramientas concretas, financieras, laborales, tributarias y económicas, para poder tener previsibilidad y seguridad jurídica, por un tiempo necesario mínimo de un año, para que puedan restablecer sus economías y lograr un punto de equilibrio. Eso no se consigue con un plan de promoción o de capacitación”, dijo.

Al comienzo de la reunión, Aldo Elías, titular de la Cámara Argentina de Turismo, remarcó que “venimos pidiendo la declaración de la emergencia desde el 13 de marzo, cuando ya teníamos en claro la situación que iba a atravesar nuestra actividad debido a la pandemia. Graficó la situación del sector al explicar que el turismo representa el cuarto complejo exportador de la Argentina, con entre 5.200 y 5.400 millones de dólares ingresados en 2019, pero probablemente este año ingresarán 900 a mil millones de dólares. Seguramente esta va a ser la última actividad que pueda volver a la normalidad.

Tanto Elías como Gustavo Hani presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de empresas de viajes y turismo; y Héctor Viñuales, de la Federación de Cámaras de Turismo (FEDECATUR), remarcaron que la vigencia de la emergencia no debería ser menor a 1 año. Con respecto a los sujetos comprendidos en la ley, dijo que se debe contemplar a todas las empresas, y que no se debe discriminar entre empresas grandes o chicas, porque la actividad está totalmente parada para todos, sin diferencias. También dijo que las ATP deben estar garantizadas por esta ley, para tener previsibilidad, y no tener que estar esperando mes a mes para saber en qué casos se puede acceder o no a las ATP. Reclamó también diferimientos de vencimientos fiscales.

En el mismo sentido se manifestaron el resto de los invitados, entre ellos Roberto Amengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT); Graciela Fresno, presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA); Marcela López Ghitta, presidenta de la Cámara de Esquí y Montaña de la Argentina; y Carlos Pelli, presidente de la asociación argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura, entre otros.

“Para resguardar el empleo debemos proteger y resguardar a las empresas. Nosotros queremos resguardar el empleo, pero si no tenemos ingresos no hay manera de hacerlo”, señaló Hani. Y agregó: “Debemos salvar a las 5600 empresas, de las cuales un 95 por ciento son Pymes, y las 25.000 familias que viven de la actividad de forma directa”.