Un conflicto en mal estado

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Cada vez más frecuentemente se suceden hechos de violencia en el sur del país que involucran a grupos que se autodefinen como pueblos originarios.

En un estado de derecho, el ejercicio de la violencia es monopolio del poder público y bajo las condiciones que la Ley establece. Es inaceptable apelar a ella en nombre de cualquier clase de reivindicaciones.

La ausencia de una condena clara al uso de la violencia por parte del oficialismo constituye una desatención severa de su deber de garante del orden público.

Argentina tiene demasiados problemas para sumar además una visión condescendiente con actitudes que lesionan la convivencia y alientan tanto prácticas políticas peligrosas como respuestas desproporcionadas.

Tiene arraigo constitucional el derecho de los pueblos originarios; lo que no tiene ningún respaldo es eludir las vías pacíficas en las gestiones o reclamos, desconocer la soberanía nacional, alterar la paz social, chantajear a los pobladores arraigados, etc.

Es lamentable que la necesaria reparación que merecen los pueblos originarios se vea mezclada por la iniciativa violenta de algunos grupos y también por la falta de profesionalidad y jerarquía que han mostrado los organismos públicos frente a este tipo de dinámicas. En vez de constituirse en garantes de derechos y de la consolidación de una sociedad pluralista, lo que lograron con sus omisiones y dilaciones, es hacer el triste papel de cómplices. Al mismo tiempo, romantizan acciones y discursos antisistema, justificando de ese modo la violencia sobre otros ciudadanos y ciudadanas y un sinfín de bienes públicos.

La Ley 26.160, sancionada en 2006, se propuso censar a las comunidades de pueblos originarios y apenas realizó un 40% del trabajo en una década y media. A este ritmo concluirían en el 2044. El Frente de Todos ha sido oficialismo 11 de los 15 años, no puede mirar para otro lado.

A modo de comparación, el gobierno de Cambiemos se propuso censar más de 4000 barrios populares en todo el país y con decisión política, acuerdos y recursos, concluyó la tarea en 2 años.

Cuando le pregunté a los funcionarios del área cuales eran los criterios para determinar la condición originaria de las comunidades y su inclusión en el censo, elemento central para determinar su seriedad, sus respuestas navegaron en la vaguedad más absoluta.

El problema que abordamos combina una amenaza violenta emergente, con una insuficiencia estatal alarmante. Sencillamente, Argentina carece de una política para los pueblos originarios. El Estado argentino no tiene visión, prioridades, ni sentido de la acción pública. Tenemos una oficina que reproduce todos los estereotipos y clichés que garantizan un escenario limitado excluyentemente a la gestión, errada, de las tensiones.

Nota completa de Fabio Quetglas en La Nación

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