El 29 de junio presenté en el parlamento el pedido de juicio político al Presidente y a la Vicepresidente, como lo dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional, por mal desempeño y por delitos en el ejercicio de sus funciones.

El juicio político es el procedimiento de destitución que prevé nuestra Constitución para impedir que en este caso, como solicité, el Presidente y la Vicepresidente se mantengan en sus cargos hasta el fin de sus mandatos.

Nuestra Constitución Nacional implantó una forma de gobierno presidencialista y esto hace que no exista la posibilidad de revocar mandatos por moción de censura o desconfianza del Congreso. El sistema parlamentario, por el contrario, prevé la responsabilidad política del Jefe de Gabinete y su retiro de confianza. Esto significa que en el sistema presidencial, el Presidente y la Vicepresidente, y sus ministros incluso, permanezcan en sus cargos, aunque el Congreso no esté de acuerdo ni avale su política y la forma en que se lleva adelante la administración del país.

Por lo expuesto, este posicionamiento y definición política que uno realiza, sólo encuentra posibilidad de ser formulada mediante el pedido de juicio político.

Promover el juicio político, solicitarlo, es decir que el Presidente y la Vicepresidente no pueden continuar en sus cargos y dar las razones y los fundamentos, como exige la Constitución Nacional, es lo que hemos hecho a fines de junio.

El juicio político no significa una acusación de responsabilidad política, ni mucho menos un juicio penal, porque no persigue castigo, sino separarlos del cargo. Juzga una situación del gobierno como inconveniente para el Estado, por la cual no pueden, según mi pedido, seguir en el cargo el Presidente y la Vicepresidente.

Las causas de responsabilidad que hacen viable la acusación son el mal desempeño y los delitos en el ejercicio de sus funciones.

Nota de opinión de Alvaro de Lamadrid.

Nota completa en https://bit.ly/3sBQsyk