Desde el Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical, estamos comprometidos con el objetivo de alcanzar el déficit fiscal cero, pero sostenemos firmemente que este no puede lograrse sacrificando los haberes jubilatorios.
Legislamos con responsabilidad, siguiendo el mandato constitucional que otorga al Congreso la función exclusiva de determinar la movilidad jubilatoria. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el gobierno presenta graves deficiencias, que fueron evidenciadas por más de 40 especialistas durante las comisiones de trabajo. En respuesta, el Congreso aprobó una ley que corrige estos errores, evitando la judicialización y los costos adicionales que esto implicaría. Esta ley considera la inflación de enero, que el DNU no contemplaba, asegura el ajuste de los haberes según la inflación futura, garantiza que los ingresos de los jubilados del SIPA alcancen la Canasta Básica Total, y reincorpora la variable salarial en la fórmula de movilidad, entre otras medidas.
La aprobación de esta ley recibió un respaldo contundente en ambas cámaras. Los pronósticos alarmistas del gobierno son infundados, especialmente cuando existen alternativas viables para financiar el ajuste sin perjudicar a los jubilados, como la revisión de gastos tributarios, la eliminación de exenciones impositivas injustificadas a grandes empresas, y la reducción de subsidios a sectores altamente rentables. La negativa del gobierno a considerar estas opciones y su intención de aumentar el gasto en áreas que no son prioritarias para la sociedad, refleja una falta de voluntad para realizar ajustes necesarios en áreas menos sensibles, evidenciando a quién realmente está cargando con el ajuste.
Apoyamos el déficit cero, pero no puede lograrse sacrificando los haberes jubilatorios
