En el momento de mayor debilidad de la investidura presidencial -por los episodios todavía no aclarados en relación a $Libra- el gobierno da un paso en la dirección incorrecta al decretar el nombramiento en comisión de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es verdad que la Corte tiene dos vacantes que deben llenarse para que el máximo organismo judicial de la Argentina funcione como manda la Constitución Nacional, pero no compartimos el apuro del gobierno en sacar el decreto a pocos días del inicio del período ordinario de sesiones del Congreso.
El nombramiento por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla tensa la relación entre los poderes del Estado, cuando hay mecanismos establecidos en la Constitución para que los ministros de la Corte surjan del consenso entre el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación.
Es una atribución del Presidente nominar a los candidatos a ministros de la Corte Suprema, pero es el Senado, donde reside la representación de las provincias, el que debe prestar acuerdo o rechazar los pliegos.
En el caso de Lijo la situación es de mayor complejidad, porque su nominación por el Poder Ejecutivo, formulada hace casi un año, ha recogido el rechazo de organizaciones de abogados y de la mayoría de la sociedad. Cabe recordar que en la audiencia realizada en el Senado, la candidatura de Lijo recibió 33 impugnaciones, 14 adhesiones y una observación. En la audiencia en el Ministerio de Justicia, su postulación tuvo más de 350 cuestionamientos.
Desde nuestro bloque en Diputados manifestamos nuestro desacuerdo con la decisión del presidente Javier Milei. Todavía puede haber un gesto en favor de la institucionalidad. La demora en el juramento, como ocurrió en otra ocasión en nuestra historia reciente, para que el Senado sea el que acepte o rechace los pliegos de ambos.
