En la Argentina, el debate sobre modernización laboral suele quedar atrapado entre consignas. Para algunos, toda reforma implica pérdida de derechos; para otros, solo la flexibilización sin límites puede resolver los problemas actuales. Ninguna de estas miradas aborda el núcleo del desafío: contamos con una legislación laboral que ya no refleja la estructura productiva del país ni las transformaciones del mundo del trabajo. Mantener reglas que desconocen la realidad solo profundiza la desigualdad e impide el crecimiento.
Cuatro de cada diez trabajadores están hoy en la informalidad. Trabajan todos los días, pero sin vacaciones, cobertura médica, aportes previsionales ni estabilidad. Entre los jóvenes, la situación es aún más grave: seis de cada diez menores de 29 años tienen empleos informales y su tasa de desempleo triplica la de los adultos. Para los de menores recursos, conseguir un trabajo formal es la puerta para salir de la pobreza estructural.
Si el objetivo de la reforma es ampliar el empleo registrado, facilitar nuevas contrataciones es esencial. La reducción temporal y focalizada de cargas patronales para quienes incorporen trabajadores —en especial jóvenes y en pymes— no debe verse como un beneficio empresario, sino como una política activa de formalización.
Modernizar las reglas laborales es clave para sostener al trabajo como motor de desarrollo. El objetivo no es quitar derechos, sino extenderlos a quienes hoy están fuera del sistema. Para la juventud, la reforma representa una oportunidad estratégica. Los jóvenes renuevan el capital humano, impulsan la innovación y sostienen el bono demográfico que puede acelerar el crecimiento. Fortalecer la formación técnica, regular los contratos de aprendizaje, vincular mejor educación y empleo y ofrecer incentivos a la contratación, son medidas esenciales para su inserción formal.
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